Jueces instan a que la Audiencia Nacional asuma el narcotráfico en todo el litoral andaluz

Superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos, sobrepasados ante la falta de recursos y el exceso de competencias, los que tengan que investigar delitos de narcotráfico. La Audiencia Nacional debe asumir la lucha contra estas organizaciones criminales , independientemente del lugar donde se cometan los delitos o el ámbito en el que actúen. Así lo asegura la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en un informe en el que propone una batería de reformas para combatir las redes de narcotráfico que operan en el litoral andaluz. «Nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales» y no ante una situación común donde los delitos son cometidos por varias personas a la vez en una provincia, señala el informe conocido este martes. Tras los crímenes de los dos guardias civiles de Barbate , «y analizando el mal endémico que los delitos de narcotráfico suponen no solo para los juzgados del Campo de Gibraltar, sino para todos los del litoral andaluz, entendemos que es el momento de tomar medidas ya». Noticia Relacionada estandar No Narcos amenazan a guardias civiles en Cádiz con hacerles «lo mismo» que a sus compañeros en Barbate María Almagro Ocurrió hace unos días durante un juicio en la Audiencia Provincial en el que estos narcotraficantes han sido condenados Entre las modificaciones legales que propone AJFV figuran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr mayor agilidad en la fase de instrucción de todos los delitos sin pérdida de garantías de derechos y el aumento de recursos humanos y materiales en la lucha contra estas redes criminales. Y ello porque constata que es un denominador común de los juzgados y de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la ausencia de suficientes medios personales y materiales. «Constituye una rémora inasumible que impide al Estado, como garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, cumplir su función», apunta. Condicionamientos sociales Recuerda la asociación que el paro en la localidad gaditana de Barbate se sitúa en torno al 30 por ciento. «El dato no es baladí. En una población con alto nivel de desempleo, el narcotráfico, directa e indirectamente, campa a sus anchas y se convierte en una forma de vida atractiva para las personas comunes al ofrecerles la oportunidad de mejorar sustancialmente su nivel de vida«. »Desgraciadamente -señala el informe-, ello se pudo observar con toda crudeza en el conocido video que recoge cómo algunos ciudadanos jalean a presuntos narcotraficantes a cometer una gravísima agresión contra una dotación de la Guardia Civil con la dramática consecuencia del fallecimiento de varios de sus integrantes«. En este sentido apunta que el clima social puede volverse «opresivo e irrespirable» para los representantes del Estado de derecho. Es obligado recordar que son los encargados de velar por la seguridad, evitar la comisión de actuaciones que pudieran ser delictivas y, cuando estas se producen, remitir los asuntos a los juzgados para su investigación. «Así, los funcionarios y autoridades que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la carrera judicial, además de ser pocos efectivos, contar con insuficientes medios materiales y estar sobrecargados en cuanto al número de asuntos de los que han de ocupares, se encuentran con una dificultad añadida al hacer su trabajo: el miedo ante el rechazo social que el desarrollo de su labor comporta«. Regulación superada Recuerda la asociación que la Audiencia Nacional se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social , como es el tráfico de drogas, pero siempre que sea cometido por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en distintas provincias. «Esta regulación creemos que ha sido superada en el siglo XXI. En poblaciones como Barbate sólo existen los juzgados mixtos, afectados con causas complejas de narcotráfico y con una sobrecarga de trabajo muy superior a lo que debiera corresponderles». Además, defiende la ampliación del complemento por especiales circunstancias del destino que ya perciben los jueces destinados en el País Vasco, Ceuta y Melilla, entre otros, o en su defecto, el establecimiento de un complemento de penosidad o peligrosidad para quienes trabajan en juzgados de esta naturaleza. «Si la competencia para la investigación de esta materia se atribuyera a la Audiencia Nacional, se evitaría a los integrantes del poder judicial destinados en estas poblaciones de Andalucía Occidental padecer el clima de opresión anteriormente descrito« , apunta el informe. En este sentido, se evitaría, dice, cualquier intento de presión a los saturados miembros de la carrera judicial destinados en la localidad, «miembros que normalmente se encuentran en su primer destino», como es el caso, tal y como adelantó ABC. «Ser nuevo en una profesión no implica falta de profesionalidad, pero sí de experiencia para poder agilizar, en la medida de lo posible, la tramitación de los asuntos que se someten a su consideración e investigar al mismo tiempo redes de traficantes de droga«. Al mismo tiempo, la propuesta de la asociación «permitiría un grado de especialización» en este tipo de delitos que «no es compatible» con las funciones de los citados juzgados mixtos, que llevan temas de civil, penal o familia. Recuerdan que este tipo de procedimientos vinculados al narcotráfico y derivados implica generalmente un «cuantitativo y cualitativo incremento de la carga de trabajo al suponer la investigación de una pluralidad de investigados y la adopción de múltiples medidas de investigación». Dicen los expertos que han elaborado este informe que el hecho de que la Audiencia Nacional fuera la competente para investigar el narcotráfico en el litoral «permitiría una actuación más directa sobre entramados más complejos». Se seguiría en definitiva una unidad de actuación imposible de alcanzar en este momento al depender de la línea de investigación individual seguida en el juzgado mixto de que se trate en cada caso. Por lo anteriormente expuesto, se propone atribuir la competencia para la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y similares que se cometan a través de organizaciones y grupos criminales a la Audiencia Nacional. Ello ya tendría una cierta base en la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la Audiencia Nacional tiene competencia en todo el territorio nacional. En este sentido, según el artículo 65 del cuerpo legal mencionado, la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se extiende al «d) Tráfico de drogas o estupefacientes, [...] siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias». Otra de las cuestiones propuestas por la AJFV es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un doble sentido: para liberar al juez instructor de la obligación de resolver los recursos de reforma y que se limiten sustancialmente los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación, de forma que queden restringidos solo a situaciones como el archivo del procedimiento, la adopción de medidas cautelares personales o la posible violación de derechos fundamentales como consecuencia de la adopción de una diligencia de investigación que implique una injerencia en aquéllos.