El juez requisó el correo electrónico de los presidentes de Puertos del Estado y ADIF nombrados por Ábalos

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó a la Guardia Civil para que entrase en las instalaciones de Puertos del Estado , ADIF y el Ministerio del Interior y requisara todos los correos electrónicos de una decena de cargos de los tres organismos que se hubieran registrado durante los primeros seis meses de 2020 , en busca de indicios delictivos en la trama de supuestas comisiones a cambios de contratos públicos de mascarillas conocida como el caso Koldo. Esta diligencia formó parte de las entradas y registros que practicó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el pasado 20 de febrero, cuando fueron detenidas veinte personas entre las que figuran el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos , Koldo García, así como los empresarios que estaban tras la empresa que se llevó adjudicaciones públicas por más de 53 millones de euros, Soluciones de Gestión: Juan Carlos Cueto y Víctor De Aldama. La resolución, que obra en el sumario de la causa al que tuvo acceso ABC, acuerda que la Guardia Civil entre en Puertos del Estado y se descargue todos los buzones de correo electrónico entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020 de que era su presidente, Francisco Toledo Lobo, que fue nombrado para el puesto por José Luis Ábalos cuando llegó a ministro de Transportes y cesó en el cargo tras su marcha. Noticia Relacionada estandar Si La incógnita de «Pedro», el «amigo personal de Ábalos» Cruz Morcillo El juez relata en un auto un episodio en el que Koldo es capaz de poner a una sindicalista en contacto con una persona con ese nombre porque es muy cercana a su antiguo jefe También del aún secretario general de este organismo pública, Álvaro Sánchez Manzanares, que sigue en el cargo y aparece referenciado en el sumario porque mantenía relación con Koldo García. Fue con él con quien llevó la interlocución del contrato el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, tal y como recoge un reciente auto del juez Ismael Moreno. Uno de los oficios policiales sostiene que podría ser el interlocutor de una llamada que recibe García, que se refiere a él como «Alvarito». El contexto, que Koldo le dice que esperaba que le hiciesen presidente de Puertos del Estado tras la llegada al ministerio de su actual titular , Óscar Puente. Le propone «un cafecito» para sus «cotilleos», después de que el interlocutor le pregunte qué pasa con Ábalos, «si puja o no puja o si se va a esperar a Europa». Álvaro Sánchez fue quien firmó el documento «Declaración de usuario final» en la adjudicación de 24,2 millones de euros en mascarillas (IVA incluido) a Soluciones de Gestión. Dentro de Puertos del Estado, el juez ordenó igualmente a la Guardia Civil que se llevase los correos de Aránzazu de Miguel Peña, secretaria de la Mesa de Contratación; de la jefa del Departamento de Contratación de Puertos; y de la vocal asesor jurídico y jefa de Departamento Jurídico de la Mesa de Contratación, Belén Caballero Martínez. Cabe recordar que este organismo fue el primero en comprar mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y se presume que lo hizo por intermediación de Koldo García, que «habría cobrado por ello» . La adjudicación se produjo el mismo día que se firmó la orden, sin que esté justificada la elección de esta empresa y no otra. Una vez habían contratado con Puertos, se abrieron camino en ADIF argumentando que tenían experiencia en contratación con el Gobierno, cuando en realidad sólo contaban con esa primera adjudicación. Y en ADIF, la Guardia Civil entró con el mandato de descargarse el correo corporativo de la que fue su presidenta hasta 2021, Isabel Pardo de Vera, a la que también puso Ábalos en el cargo y pasó a secretaria de Estado de Transportes cuando él cesó. Fue relevada en 2023. Recursos humanos en ADIF Además, el juez ordenó la incautación de los buzones de correo de otros tres cargos de la empresa: el director de Recursos Humanos Martín Navarro; el subdirector de Prevención de Riesgos Laborales Jesús Díaz, y el director general de gestión de personas, Michaux Miranda. En su caso, se reclamaron también los emails registrados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024, porque se sospecha que Koldo García recurrió a él para enchufar a su sobrino en la empresa pública. En una llamada entre el asesor y su hermano Joseba comentaban este asunto y salió Miranda a colación. Joseba quería que Koldo le consiguiese «el temario» de la oposición. En cuanto al Ministerio del Interior, el juez Moreno ordenó practicar la misma diligencia en la Secretaría de Estado de Seguridad, que compró igualmente mascarillas a la trama. El objetivo, el correo de Daniel Belmar, que era en la fecha subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, división responsable del contrato. Por último, se dirigió mismo mandamiento para el Ministerio de Transportes. En su caso se trataba de descargar todo lo que hubiera en el correo corporativo que tuvo Koldo García mientras se desempeñaba como asesor de Ábalos, que fue quien le sentó en los consejos rectores de Puertos del Estado y ADIF.