Rescate total a Puigdemont

Finalmente ocurrió. No por previsible deja de ser extraordinariamente grave la cesión total que el Partido Socialista brinda al independentismo catalán. Con las nuevas enmiendas a la ley de amnistía se desactivan los delitos de terrorismo, malversación y alta traición, un último detalle a la altura de la infamia global que supone este tráfico de favores entre élites. Legislar un privilegio político que excepciona la exigencia universal del cumplimiento de la ley era y es una premisa políticamente corrupta e inasumible para cualquier demócrata. El trámite de la amnistía consuma sin pudor su adaptación a los intereses personales de Puigdemont y Sánchez. Amnistiar a quienes delinquieron en el 'procés' y prometieron volver a hacerlo, intentando subvertir el pacto de convivencia y lesionando la igualdad entre españoles, no sólo es una medida contraria a nuestra Constitución, como han argumentado reputados juristas también en las páginas de ABC, sino que constituye un atentado contra la idea misma de justicia. Esta es una amnistía redactada por los delincuentes que serán sus beneficiarios, que atiende a intereses personales y privados, y que vulnera la generalidad y la abstracción debida de las leyes. Todo, a cambio de una dosis de oxígeno parlamentario para un PSOE que gobierna en minoría y que está inmerso en una trama de corrupción económica creciente que reproduce el mismo esquema que esta otra corrupción política: el sacrificio del interés general en favor de intereses privados ilegítimos. La tramitación de estas enmiendas ha cumplido escrupulosamente con el 'modus operandi' del sanchismo. El lunes, el PSOE arrojó a Esther Peña, la portavoz de su Ejecutiva Federal, a defender que no habría cambios en la norma, una tesis que ya sabían falsa entonces. Pero enmendar la palabra dada es la marca personal de Sánchez. Esa falta de compromiso con la verdad la volvió a exhibir Félix Bolaños en la rueda de prensa en el Congreso en la que comunicaba el pacto con los separatistas. Las menciones falaces a la Convención de Venecia y la reconstrucción desleal de los motivos de la amnistía fueron un preámbulo acorde con la pervertida naturaleza del texto que se anunciaba. La amnistía jamás se concibió como un instrumento de pacificación y de concordia, como prueba el hecho de que ningún político socialista la defendiera hasta que les ha sido imprescindible para mantenerse en el poder. El contraste entre el contenido abiertamente injusto de la norma y la hipérbole moralizante con la que Bolaños defendió esta cesión del Estado de derecho es tan groseramente inverosímil que sólo pude aceptarlo alguien dispuesto a enmendar la realidad misma. La ley de amnistía es aviesa desde las causas que la inspiran, pero su ejecución literal abunda en la debilidad de sus fundamentos jurídicos y morales. Tal y como requerían los socios del Gobierno, la norma intentará exonerar a los investigados o condenados por terrorismo, con un ardid tan grotesco como previsiblemente ineficaz. Al intentar adaptar la norma a los intereses personales de Puigdemont, las enmiendas invocan la Directiva UE 2017/541, aspirando a sortear la literalidad del tipo penal de terrorismo descrito en el artículo 573 de nuestro Código Penal. El intento es en sí mismo espurio, pues intenta redefinir un delito presente en nuestra codificación con una directiva europea. Pero, además, la estrategia supuestamente ingeniosa resulta ineficaz por cuanto la vigencia de nuestro ordenamiento jurídico no depende de su mención explícita en una norma concreta. En el traje a medida que quienes delinquieron han exigido para sí mismos, también quedarán amnistiados los delitos de corrupción económica y alta traición, con la coartada de que quedarían exentos de la medida de gracia los casos que se avengan a una inidisimulada definición 'ad hoc' concebida para que dicha excepción no afecte a ningún imputado del 'procés'. La tramitación de esta ley de amnistía resume la secuencia de destrucción de un partido, el PSOE, capaz de romper con sus padres fundadores y con algunos de sus valores más elementales sólo por dos motivos: la ceguera ideológica que impide activar un juicio crítico contra los propios y por el terror que infunde un líder que ha demostrado ser implacable con cualquiera que oponga una mínima resistencia. Esta es una ley que se tramita en contra del sentir general de los españoles y que, tal y como demuestran las encuestas, ni siquiera cuenta con el apoyo de los votantes socialistas. Tendrá en contra, además, a la mayoría del Senado, lo que vuelve a evidenciar la falta de adhesión social y el nulo ánimo conciliador de un Partido Socialista que es víctima de su propia impopularidad. Nadie sabe cuándo llegará el final político de Pedro Sánchez, un presidente con sospechas de corrupción que afectan ya a su círculo más íntimo. Lo que es indudable es que la historia registrará para siempre un capítulo en el que, por cierto, serán cooperadores necesarios cada uno de los diputados que con su dedo acepten validar un precedente que debilitará nuestra arquitectura democrática de forma irreversible.