La invasión del lobo que nunca ocurrió: la población se mantiene estable desde que se prohibió su caza

Allí donde antes estaba permitido matarlos, la población de lobos en España se mantiene sin grandes cambios tras la prohibición de su caza en 2021. Lejos de una explosión, el número de manadas en Galicia, Asturias o Cantabria son similares a los de 2020, antes de que el lobo recibiera protección en todo el territorio, según los últimos datos oficiales de recuento de las propias comunidades autónomas.

Cuando en septiembre de 2021 quedó prohibida la caza general de lobos, cuatro comunidades autónomas –Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria– crearon una alianza para oponerse a la inclusión del Canis lupus en el Listado de Especies en Régimen Especial (LESPRE). Son los territorios con mayor presencia del lobo al norte del río Duero, la frontera natural que hasta ese momento dividía el estatus de protección: en esas zonas, el lobo era una especie cazable y cada año se mataba un cupo de decenas de ejemplares. Al sur, la especie estaba, básicamente, a salvo.

Esos gobiernos autonómicos han reiterado que impedir la caza de lobos ponía en riesgo a la ganadería extensiva por, según afirmaban, el volumen de ataques de lobos sobre reses. La nueva normativa no impide abatir ejemplares concretos para controlar la especie una vez justificada la necesidad de esa acción.

Hace solo unos meses, el lobby de la caza Fundación Artemisán vino a ofrecer material a esta postura al publicar un trabajo que afirmaba que si en “el periodo 2012-2014 se contabilizaban 317 manadas” en el 2019-2022 “el cómputo global es de 400” por lo que “arroja un incremento positivo del número de manadas en España del 26%”. Su propuesta es siempre volver a declarar el lobo especie cinegética para poder cazarla y su palanca, los daños a la ganadería y el dinero que se gasta en indemnizaciones y prevención. Si se cazara, ese dinero no se gastaría, sustenta esa propuesta.

Sin embargo, los datos oficiales más actualizados sobre la abundancia de lobos son los que irán destinados al próximo Censo Nacional en coordinación de las comunidades autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica. Así, la Xunta de Galicia ha informado de 93 manadas en su territorio –22 de ellas compartidas con otras comunidades y Portugal– cuando en el censo que la misma administración llevó a cabo en 2015 contabilizaba 90 manadas de la especie, según la información que recabó para la elaboración de la Estrategia Nacional.

La misma Xunta de Galicia ha analizado en su Censo del Lobo Ibérico de 2021-2022 que “el número estimado de manadas reproductoras es similar al del seguimiento 2013-2014”. Y añadía que “se puede concluir que las poblaciones de lobo ibérico en Galicia se mantienen estables en términos generales”.

En Asturias el censo de 2021 llegó a las 43 manadas y el de 2022, a 40. Vista esta circunstancia, se considera oficialmente que en esa comunidad autónoma la tendencia de la especie es estable. En Cantabria, para 2024 se tienen contabilizadas 20 manadas de lobos, las mismas que en 2021.

El director general de Planificación Agraria del Principado, Marcos da Rocha Rodríguez, afirmó hace un par de semanas que, viendo la situación de la especie, “ni mucho menos es necesario seguir manteniéndola en una situación desfavorable”. El Ejecutivo asturiano insiste en que siempre ha dicho que “la situación de la especie no requería esa catalogación y aún así el Ministerio tramitó esa orden ministerial que incluía al lobo en el listado de especies protegidas”.

Por su parte, el Consejero de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, Pablo Palencia (PP), ha afirmado recientemente que el lobo está “cambiando sus hábitos” pues “ha perdido el miedo al hombre”, está siendo “avistado donde antes nunca, a plena luz del día y desplazando a otros animales”, algo que supone el “preludio de una situación muy grave” y que generará “alarma social”.

Castila y León –la comunidad donde más manadas se asientan– todavía no ha informado de los datos, aunque su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido punta de lanza contra la protección de lobo.

Los datos que van llegando para conformar el nuevo Censo Nacional también indican que al norte del Duero, en el País Vasco, no existen manadas reproductoras y solo se detectan ejemplares dispersos en Álava. En La Rioja sí se ha constatado un aumento de tres manadas en 2020 a cinco o seis en la actualidad con “tendencia al crecimiento”.

También en el área meridional, Aragón y Catalunya refieren cero manadas y solo algún ejemplar que deambula por el territorio.

Si se mira a la España por debajo del Duero, cuya circunstancias no han cambiado tras la protección completa del lobo, la Comunidad de Madrid ha contabilizado cinco manadas en su territorio (sin especificar si son exclusivas o compartidas). Es el mismo número censado en 2020, por lo que la conclusión es que hubo un incremento entre 2014 –cuando había una manada– y el recuento de 2020 para luego estabilizarse la población.

En Castilla-La Mancha solo tienen población en la provincia de Guadalajara. Allí, los datos censales de 2022 y 2023 indican la presencia de de 4 o 5 manadas. Se cree que el lobo está en crecimiento en esa zona y con una expansión hacia el este.

La idea de que las poblaciones de lobo están creciendo a buen ritmo ha sido utilizada por la Comisión Europea para plantear hace solo unos meses a los Estados que se rebaje la protección de la especie. Su plan es que pase de “estrictamente protegido” a solo “protegido” por el “aumento de las poblaciones [a nivel europeo] y sus efectos”.

Esta propuesta fue impulsada personalmente por la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, cuyo poni fue atacado en septiembre de 2022 por un lobo.

El mismo argumento ha sido aplicado en Suecia para autorizar la mayor cacería de lobos llevada a cabo en Europa hace solo un año. Entonces, el Parlamento sueco adujo que las poblaciones lobunas habían crecido hasta suponer una amenaza, a pesar de que los estudios científicos sobre estas manadas escandinavas afirmaban que el plan de caza ponía en peligro la población de lobos en el país.