La «ONG» del catalán amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Libertad Educativa de Mazón

La autodenominada « ONG » del catalán ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la nueva Ley de Libertad Educativa presentada este jueves por el Gobierno autonómico de Carlos Mazón, para intentar evitar su entrada en vigor en la Comunidad Valenciana. Entre otras razones aducidas, la Plataforma per la Llengua considera que «se trata de una propuesta para otorgarse la libertad de exterminar el valenciano », según ha difundido en sus redes sociales. Esta entidad, que percibía subvenciones durante el mandato del socialista Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, en coalición con Compromís y Podem, así como de la Generalitat de Cataluña , ha anticipado como primera medida de su ofensiva contra esta nueva norma -registrada en las Cortes Valencianas y pendiente de tramitación con votos asegurados del PP y Vox- que va a contactar con los grupos del Congreso de los Diputados. MÁS INFORMACIÓN noticia No Mazón defiende la nueva ley de libertad educativa: «Queremos equiparar al valenciano con el castellano» De esta manera, su estrategia apunta a buscar apoyos entre otras formaciones, previsiblemente el PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas, con el fin de «recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley antivalenciana anunciada por PPCV y Vox en materia educativa». A su juicio, hay « indicios anticonstitucionales porque la proposición privilegia el castellano y relega el valenciano, aunque es oficial en todo el territorio» y «además, es una vulneración de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias». Finalmente, advierte de que «continúa trabajando en una respuesta contundente» contra esta ley presentada para garantizar la libertad de las familias a la hora de elegir la lengua base (vehicular) de aprendizaje del conjunto de asignaturas, manteniendo la enseñanza del valenciano como materia de lengua. La única exención se refiere a los exámenes y en el caso exclusivamente de alumnos de zonas de predominio castellanohablante, como hasta ahora con la anterior norma, la Ley de Plurilingüismo. Precisamente dentro del ámbito de la comunidad educativa, en este caso de las familias, entre las primeras reacciones a esta novedad legislativa, desde la Covapa, confederación autonómica de AMPA, su presidenta, Sonia Terrero , ha mostrado su «satisfacción» porque garantice el »derecho» de los progenitores a elegir el idioma para sus hijos en las aulas.