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Gustavo Olmos se reintegra al Parlamento y el FA denuncia una “campaña sistemática” interna

LR21 

En una reunión tensa que duró más de tres horas, el sector Marea Frenteamplista respaldó el “reintegro” del diputado Gustavo Olmos a su cargo, según fuentes políticas consultadas por medios de prensa. Durante la reunión, hubo varias acusaciones dirigidas hacia una supuesta campaña organizada por algunos compañeros del Frente Amplio. También se realizaron pedidos para […]

Diputado Gustavo Olmos.

Diputado Gustavo Olmos

En una reunión tensa que duró más de tres horas, el sector Marea Frenteamplista respaldó el “reintegro” del diputado Gustavo Olmos a su cargo, según fuentes políticas consultadas por medios de prensa.

Durante la reunión, hubo varias acusaciones dirigidas hacia una supuesta campaña organizada por algunos compañeros del Frente Amplio. También se realizaron pedidos para evitar radicalizarse en los posicionamientos y se discutió la posibilidad de retirarle la confianza política a la presidenta de la Comisión de Género de la coalición de izquierda, Patricia González.

Finalmente, la agrupación Marea Frenteamplista acordó expresar su desacuerdo con las acciones de Patricia González, aunque no se llegó a retirarle la confianza política. En lugar de ello, decidieron trasladar el tema al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, dando así una señal política de que no tolerarán cualquier tipo de atropello.

Durante la reunión, se recibió un informe de la abogada de Olmos en el ámbito laboral, Marina Morelli, y se brindó un informe político por parte de Ewe Vaz, exjefe de campaña de Mario Bergara en 2019 y uno de los referentes del sector. Vaz expresó su malestar por lo que llamó un «linchamiento público» de algunos frenteamplistas contra Olmos y proporcionó detalles sobre cómo se originó el caso y las medidas tomadas durante el proceso.

Entre los aspectos destacados de la reunión estuvo el debate sobre el manejo de la denuncia de acoso presentada por Martina Casás, diputada suplente de Marea Frenteamplista. Se discutió la derivación de la denuncia al Tribunal de Conducta Política, una decisión cuestionada por algunos miembros del sector.

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