Cataluña quiere control total

Paso a paso, el empecinamiento del independentismo catalán por conquistar 'estructuras de Estado' bajo el férreo control de la Generalitat continúa firme con la permisividad del Gobierno. Ahora, Junts y ERC han enmendado uno de los decretos del Ejecutivo vinculados al plan de recuperación y a la función pública para exigir, como sostiene Esquerra, «reconducir las competencias sobre el personal funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal al ámbito autonómico». Para ello, se han propuesto imponer una reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de modo que los interventores, tesoreros y secretarios de los ayuntamientos catalanes sean seleccionados, nombrados y asignados a su destino por la comunidad autónoma correspondiente. El control político sobre estos funcionarios del Estado pasaría a estar en manos de la Generalitat, y eso cobra relevancia a futuro porque ni Junts ni ERC ocultan que su siguiente objetivo, una vez doblegado el Gobierno central con la amnistía, es un referéndum separatista. Cuando en 2017 tuvo lugar la consulta ilegal del 1-O, las advertencias que entonces realizaron los tribunales a nivel judicial, y el Ejecutivo del PP a nivel administrativo, para impedir la colocación de urnas o la apertura de colegios, se realizó en gran medida a través de estos interventores y secretarios municipales como funcionarios del Estado. Hoy, el independentismo pretende convertirlos en auténticos comisarios políticos que, llegado el momento, tengan total competencia para actuar libremente. O dicho de otro modo, con plenas facultades sobre los municipios se dificultaría acusarlos de desobediencia, prevaricación o cualquier otro delito conexo a la celebración de consultas no autorizadas. Más allá del eufemismo empleado en una de las enmiendas, esta «reconducción» de competencias abriría otro ámbito más de pérdida de influencia del Estado sobre Cataluña. Supondría otra cesión más a las condiciones impuestas por el independentismo para que el Gobierno pueda mantener en el tiempo su alianza estratégica con sus socios parlamentarios a cambio de votos. El Gobierno podrá alegar que ya desde 2007, durante la primera etapa del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, en efecto se atribuyeron competencias similares a las autonomías sobre los funcionarios del Estado habilitados en las comunidades. Sin embargo, aquella experiencia resultó fallida y generó perturbaciones administrativas, por lo que tuvo que ser revertida después de que el PP llegara al Gobierno en 2011. En este caso, las enmiendas no tienen un carácter de pragmatismo burocrático ni se realiza por criterios operativos de ninguna clase. Todo responde a que la Generalitat domine no solo los nombramientos que considere oportunos o los perfiles de esos funcionarios habilitados, sino también el régimen disciplinario aplicable para ellos, que se regulará por lo que cada autonomía disponga. Estas enmiendas no son 'técnicas' en ningún caso. Son estrictamente políticas para ejercer una posición de dominio integral sobre la llamada 'tercera pata' de nuestra administración, una de las más relevantes y la que más conectada está con el ciudadano por su proximidad. Se trata de que los Ayuntamientos actúen como un eslabón más en la cadena diseñada por el independentismo para lograr, antes o después, su segregación de España. Es otro síntoma más del desapoderamiento del Estado como consecuencia de una política territorial arbitraria y errónea del Ejecutivo central, que sigue primando las exigencias del nacionalismo rupturista en Cataluña frente al interés general de los españoles.