Page escribe a Pedro Sánchez pidiendo un compromiso de Estado sobre financiación autonómica

Ha tardado casi un mes desde que lo anunciase. El presidente del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado este jueves una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, reclamándole que en la próxima Conferencia de Presidentes firme "un compromiso de Estado" con el objetivo de compensar los gastos que las medidas del Gobierno de España tienen para las finanzas de las comunidades autónomas.

"La merma anual para las finanzas de región ascendería por término medio a 280 millones de euros, una cifra escandalosa", ha defendido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido en rueda de prensa después de que García-Page haya rubricado esa misiva.

Esta merma en las finanzas regionales, que Ruiz Molina ha tildado de "cifra extravagante", hace que el Ejecutivo regional esté "preocupado", pues esa pérdida de fondos anuales que sufre la región, unido a que es una de las que cuenta con mayor infrafinanciación, hace "peligrar" las políticas propias que en materia de sanidad, educación o bienestar social lleva a cabo el Ejecutivo castellanomanchego.

"Se suma el hambre con las ganas de comer. El modelo de financiación actual no se corresponde con la realidad. Si estamos mal financiados y sumamos medidas que impone el Gobierno central sin recibir para ello la financiación necesaria el problema se agrava considerablemente", ha alertado el responsable de las finanzas castellanomanchegas.

Tras reclamar que todas las políticas que el Ejecutivo central ponga en marcha estén financiadas "al 100%", Ruiz Molina ha explicado que además de enviar la petición de este compromiso a Sánchez, el Gobierno regional remitirá el borrador de ese documento con un compromiso de Estado al resto de regiones "para que lo analicen y hagan las observaciones oportunas para que, en el momento que se convoque la Conferencia de Presidentes, convocatoria que corresponde al Gobierno central, se aborde esta cuestión".

Para justificar la petición, Ruiz Molina ha dado cuenta de algunos de los ejemplos de políticas nacionales que afectan tanto al estado de ingresos como al estado de gastos. En el caso de los ingresos, ha explicado que en virtud de la reducción del tipo impositivo de la electricidad --impuesto cuya recaudación corresponde al 100% a las comunidades autónomas-- o de la rebaja del IVA en determinados alimentos de primera necesidad, la región ha sufrido una merma anual de 190 millones de euros.

"Podríamos afirmar que, de acuerdo con nuestras estimaciones, durante el periodo 2021-2023, esa merma de los ingresos la ciframos en 350 millones de euros".

Dicho esto, ha recordado que no solo las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez han afectado a las finanzas de la región, pues también le perjudicaron la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de elevar el IVA, medida que tuvo consecuencias de ese aumento del gasto derivado en la prestación de los servicios públicos de su competencia.

Respecto a las decisiones del Gobierno central que repercuten en el estado de gastos de la comunidad, Ruiz Molina ha aludido a las decisiones nacionales en materia de dependencia, que "han tenido un claro incremento de los gastos para la comunidad autónoma, sin que vayan acompañados de la necesaria financiación".

Así las cosas, ha detallado que los sobrecostes de las mejores introducidas tanto en la atención a las personas con discapacidad como a las personas mayores, van a suponer un gasto adicional de 512 millones de euros hasta el 2030, con un coste que fluctúa entre los 46 millones en 2024, a los 100 millones que se estima de la repercusión en el 2030.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la enseñanza universitaria, donde la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) también supone un incremento del gasto de unos 18 millones de euros anuales, que el Ejecutivo castellanomanchego tendrá que reflejar en los correspondientes contratos programas, tanto con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) como con la de Alcalá.

"Por tanto, si a la menor recaudación derivada de la reducción de tipos impositivos de impuestos que afectan directamente a las comunidades autónomas y que, en el caso de Castilla-La Mancha, hemos cifrado en 190 millones, añadimos el gasto derivado de nuevas medidas que hemos estimado, por término medio, en 91 millones, la pérdida anual para las finanzas de la Comunidad Autónoma ascenderían, por término medio cada año, a unos 280 millones de euros, una cifra desde luego escandalosa", se ha quejado.

A esto se añade, ha incidido el titular regional de Hacienda, el hecho de que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades autónomas "peor tratada por el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas".

De ahí que haya insistido en la necesidad de convocar con urgencia una Conferencia de Presidentes "para que se adquiera un compromiso por parte del Estado y de las comunidades autónomas para hacer efectivo el principio de lealtad institucional, que es el que debe primar en las relaciones entre las distintas administraciones públicas, que viene recogido en artículo 1 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".

El propósito, ha repetido Ruiz Molina, es que aquellas decisiones que adopta el Estado y que no llevan la necesaria financiación, se financien al 100% y "no entorpezcan o pongan en peligro" el desarrollo de las políticas ya consolidadas en el ámbito de las comunidades autónomas y que, concretamente, en el caso de Castilla-La Mancha, son "las políticas sanitarias, las educativas, las sociales o incluso sus propias infraestructuras".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reconocido este jueves que la reforma de la financiación autonómica es "una tarea pendiente". Lo ha comentado después de que Emiliano García-Page (PSOE) haya firmado este jueves una carta al presidente del Gobierno central sobre esta cuestión, según recoge Europa Press.

Isabel Rodríguez ha comentado que "la financiación autonómica es sin duda una tarea pendiente", y ha agregado que "el Gobierno", y su propio presidente, Pedro Sánchez, ya han manifestado su "voluntad de querer abordar el nuevo modelo de financiación autonómica".

"Es una de las grandes prioridades del Gobierno", ha remarcado la ministra de Vivienda antes de apostillar que, al respecto de esta reforma, "tampoco hemos encontrado" desde el Ejecutivo "voluntad" en el "principal partido de la oposición", en referencia al PP, que "sin duda es necesario para abordar una reforma de estas características", según ha remarcado.

Tras ello, Isabel Rodríguez ha defendido que, en "el ámbito de la financiación de las políticas públicas de vivienda, en España, las comunidades autónomas están financiando sus políticas de vivienda, más allá de los ingresos ordinarios que reciben del Estado, gracias al impulso decidido y sin precedentes del Ministerio" que ella dirige, "con un presupuesto como nunca antes en la historia, con más de 3.500 millones de euros que van destinados y dirigidos fundamentalmente a las comunidades autónomas", según ha puesto de relieve.