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El PSOE pedirá la condena expresa de las Cortes a la dictadura franquista

Abc.es 
El Grupo Socialista lleva al próximo pleno de las Cortes, previsto para el 9 y 10 de abril , una proposición no de ley de condena expresa del golpe de estado de 1936 y de la posterior dictadura franquista, además de solicitar la solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y el apoyo a las familias para su restitución. La iniciativa socialista se presenta después de que PP y Vox hayan impulsado la proposición de ley de Concordia de Castilla y León , cuyo texto, en opinión de la oposición, rompe con el consenso del decreto de 2018 aprobado por el último Gobierno autonómico de Juan Vicente Herrera. «El PSOE no se va a rendir, y pararemos la ley de la discordia», ha advertido el portavoz socialista, Luis Tudanca, en declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces que ordenó el contenido del debate del próximo pleno de las Cortes«. O se aprieta el botón verde de la democracia o el rojo del franquismo», ha señalado a los procuradores del PP. Noticia Relacionada estandar No La Junta recuerda al Gobierno que «cumplió los deseos de Bildu» con la Ley de Memoria Democrática J. M. A. Rechaza «lecciones» del Ejecutivo central tras al anuncio de que llevará las normas de Concordia de PP y Vox a la ONU y Europa al considerar que atentan contra los derechos Tudanca ha censurado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a preguntas de los periodistas ayer en Madrid, expresara la condena a la dictadura franquista porque lo dice la RAE y no por lo que supuso ese periodo en la historia de España. Así, ha manifestado que van a «parar» esa norma por las vías que sea, como acudir al Tribunal Constitucional, al Parlamento Europeo con iniciativas y a la ONU que envió un relator a España para reforzar los principios y valores de la memoria democrática. Precisamente, el Gobierno ha anunciado este jueves que recurrirá ante instituciones europeas e internacionales las leyes que se aprueben por las comunidades del PP y Vox, entre ellas Castilla y León, por entender que son contrarias a la Ley de Memoria Democrática.

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