Milei ya tiene su candidato para un organismo de control clave y se abre una pelea en la oposición
Son varias las esferas del Estado que están en completo recambio luego de la asunción de Javier Milei en la Presidencia de la Nación. Entre ellas está la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo por antonomasia que controla la correcta ejecución del Presupuesto de la Administración Pública e interviene en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas e inversión de los fondos públicos.
El organismo de control está a cargo de un colegiado con siete integrantes. Un titular propuesto específicamente por la oposición con más bancas en el Congreso (el presidente de la AGN es Juan Manuel Olmos, de Unión por la Patria), tres por votación del Senado y otros tres por la Cámara de Diputados. Los miembros de esta última área son a los que se les vence el mandato a partir de mañana, por lo que la Auditoría quedará con una composición mínima, que amenaza con paralizar sus funciones.
Este es el caso de los auditores generales Gabriel Mihura Estrada, entonces apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa, y Juan Ignacio Forlón, propuesto por el kirchnerismo. El tercero que ocupaba ese grupo era el radical Jesús Rodríguez, quien dejó su cargo luego de que asumiera Juan Manuel López en diciembre del año pasado.
La discusión ahora se vuelca sobre una composición legislativa que está más fragmentada que en años anteriores: aunque no es una regla explícita, la tradición indica que los cupos corresponden para los tres bloques más numerosos de la cámara baja, uno para cada uno. Si ese fuera el criterio, Unión por la Patria (99 bancas), La Libertad Avanza (41) y el PRO (37) tendrían las mayores probabilidades de conseguir nombramientos.
Las nuevas designaciones deben pasar por la Cámara de Diputados para conseguir materializarse.
La anomalía de este panorama es que el bloque opositor más fuerte tiene más del doble de las bancas que el oficialismo. Aunque evalúan la posibilidad de presentar dos candidatos, eso no tendría convalidación de los demás bloques opositores.
El oficialismo no definió su postura al respecto, pero fuentes al tanto de las negociaciones dijeron ante El Cronista que "cuanto más representantes haya cercanos al pensamiento liberal, mejor".
Es seguro que LLA tendrá un integrante en la AGN, la incógnita está en la tercera vacante para la que también se postulan el PRO y los radicales. Todavía no hay acuerdo.
La danza de nombres para la Auditoría General de la Nación
El candidato del Gobierno para ser auditor en representación de La Libertad Avanza es el apoderado de esa alianza electoral Santiago Viola, alguien que tiene confianza dentro de la mesa chica de los hermanos Milei y quien en su momento sonó como uno de los apuntados para ocupar la Secretaría de Legal y Técnica.
Viola tuvo que interceder en diversas ocasiones durante la campaña electoral del año pasado. La principal fue cuando debió aclarar en la Justicia que el entonces candidato Javier Milei no había hecho ninguna denuncia contra las fuerzas de seguridad por fraude electoral y que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una "presentación" para "que se extremen los recaudos" en el traslado de urnas.
El apoderado de la alianza nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola.
Ante la consulta de El Cronista, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que aún "falta para hablar de nombres" y que no se especificarán ternas hasta nuevo aviso.
La incertidumbre versa en los candidatos que podrían presentar eventualmente desde el PRO y la UCR. Hasta el momento no hay certezas de qué bloque se podría llevar el lugar en la auditoría, pero desde ambos lados indican que todavía restan conversaciones hacia el interior de su espacio y con los demás bloques que integran la cámara y de lo que se precisa número para aprobar la designación.
El principal apuntado por parte de la UCR es Alejandro Cacace, exdiputado nacional por San Luis (2019-2023) y actual secretario parlamentario del bloque, quien se erigió como uno de los alfiles claves del espacio de cara a las negociaciones por la Ley Bases. Para ser impulsado se espera que tenga la venia de los libertarios, Hacemos Coalición Federal (el bloque presidido por Miguel Pichetto) y el PRO.
En tanto, desde el partido amarillo se mencionan frecuentemente dos nombres principales: uno es el economista y diputado nacional, Luciano Laspina, y otro es el apoderado nacional del PRO, Santiago Alberdi. Fuentes del espacio en la Cámara de Diputados informaron que la postulación está en manos del jefe de la bancada Cristian Ritondo y que aún "no hubo conversaciones en el bloque".
A la izquierda, Santiago Alberdi, apoderado nacional del PRO. (@ProSantiagoOk)
Las nuevas designaciones deben tratarse en el recinto de la cámara baja. Todavía no hay fecha de sesión y las tratativas entre los bloques parece que se demorarán de cara a lo que será un mes frenético signado por la presentación de la nueva Ley Bases.
La AGN controla a todo el sector público nacional, es decir: la administración nacional, las empresas y sociedades del Estado, los entes públicos excluidos expresamente en la administración nacional, los fondos fiduciarios y otros (organizaciones privadas con subsidios o aportes; e instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades).
Al estar en minoría legislativa, la principal señal del Gobierno a los mercados pasa por los lograr mantener un superávit fiscal y, en lo posible financiero; que tiene un trabajo fino por los reajustes tanto de los ingresos como de los gastos del Sector Público Nacional desde la Secretaría de Hacienda y, en general, del Ministerio de Economía. Los informes de la AGN abarcan a todos los ámbitos de la Administración Pública, pero esta temática interesa especialmente al Gobierno.
Hay que remitirse a noviembre del año pasado para ir a la última vez que la Auditoría General de la Nación tomó relevancia mediática. Fue cuando el entonces candidato presidencial Sergio Massa señaló que el FMI haría un informe sobre el préstamo del 2018 a la Argentina utilizando como insumo uno de los documentos realizado por varios de los auditores generales, en la que alegaban presuntas irregularidades.