El precio de la voracidad fiscal

Durante años, Pedro Sánchez se quejó del diferencial de recaudación fiscal de España en relación con la Unión Europea, que se situaba en unos seis puntos del PIB. Su queja era injusta porque no tenía en cuenta ni el singular mercado de trabajo español –con un paro estructural mucho más elevado que el resto de Europa–, ni la dimensión de la economía sumergida, ni la eficiencia del sistema tributario, ni el estadio de desarrollo de nuestro país en relación con economías más maduras del norte del continente. Según el último informe del Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal en España, que registra la proporción entre ingresos tributarios y el PIB, sigue creciendo y ya es superior a la media de la UE. En 2022 se situó en máximos históricos superando el 42 por ciento del PIB, por encima del 41,7 por ciento de la media de la UE en 2021, el último año con estadísticas europeas comparables. Ahora que se inicia la campaña de la renta de este año, hay que recordar que la Hacienda española ha tenido ingresos récord en 2022 y 2023. La recaudación superó los registros históricos, aumentando en una proporción muy superior al crecimiento de la renta nacional. Y el propósito del Gobierno es seguir extrayendo más recursos del sector privado ya que los ingresos presupuestados para 2023 superan las cifras de 2019, el primer año completo de Sánchez en el poder, en casi 50.000 millones. Desde ese momento, la recaudación ha crecido un 23,4 por ciento mientras que en el mismo periodo la riqueza nacional sólo se ha incrementado un 11,5 por ciento. Dos fenómenos han ayudado al Gobierno en su tarea de extracción de rentas: la pandemia y la inflación. Ambos le han permitido no tener que dar la cara anunciando subidas generalizadas de impuestos. A cambio, ha usado el principio de divide y vencerás, creando impuestos 'ad hoc' sobre sectores como la banca o las energéticas, debilitados reputacionalmente. La pandemia le brindó la ocasión de reducir la economía sumergida por dos vías: el control fiscal de los ERE y el pago electrónico. Pero el gran aliado del Gobierno ha sido la llamada 'progresión fiscal en frío' que se produce cuando no se deflactan las tarifas de los distintos impuestos, decisión que Hacienda se ha negado a considerar. De esta manera, el poder adquisitivo de los españoles se ha reducido mientras que la presión fiscal se mantuvo, desembocando en un aumento de impuestos que resulta invisible para la ciudadanía. En 2018, cuando Sánchez llegó al poder, la eficiencia del gasto público se hallaba en un punto equivalente al de los mejores países de nuestro entorno. Esto significa que el Estado era capaz de gestionar virtuosamente los ingresos que recibía. Hoy no sabemos si los cuantiosos recursos adicionales que ha reunido en estos años los ha podido utilizar con igual efectividad. Pero hay algunos indicadores de lo que puede haber ocurrido: las grandes dificultades para administrar los fondos europeos son un síntoma. Otro de los efectos indeseados de este aumento acelerado de la voracidad fiscal tiene que ver con el crecimiento. Las rentas en España no crecen al mismo ritmo que nuestros vecinos europeos. El Banco de España ha advertido de que nuestra economía ya no converge sino que diverge del promedio de la UE. Los datos son estremecedores: el salario más común entre los españoles es de 18.502 euros brutos anuales según los últimos datos del INE. No es para estar orgullosos. El Gobierno puede haber conseguido su objetivo de haber llevado la recaudación tributaria a los promedios europeos, pero lo ha hecho a costa de que nuestra renta esté quince puntos por detrás de la media.