Desahuciados con tres hijos y dos nóminas: "Lo hemos perdido todo, hasta el libro de familia"
Abraham y Alejandra nacieron en Eivissa. Su hija y sus dos hijos también. Residen en la localidad de Santa Eulària des Riu de toda la vida. Toda su existencia pivota alrededor de este enclave del este de la isla, donde ahora estudian las menores, al igual que lo hicieron ellos. La familia se quedó en la calle de un momento a otro el día 22 de febrero, aunque los habían avisado el 30 de enero de que los iban a desahuciar si los servicios sociales del Ayuntamiento no expedían un certificado de vulnerabilidad. El informe se mandaba al juzgado el día 21 de febrero a las 14:00 horas y, “según comentó la empleada del juzgado que se personó en el desahucio, había llegado a manos del juez esa misma mañana, que lo desestimó”, explica a elDiario.es Abraham. Desde entonces viven en hostales pagados por el Consistorio con el foco puesto en el bienestar de sus hijos y en buscar una vivienda.
La pareja había alquilado la vivienda a través de una “empresa de pagos” con domicilio en Barcelona. “En 2023 me cortaron las cuentas del banco por una deuda con Hacienda, mientras lo solucioné pasaron cuatro meses”, explica el padre. Cuando resolvió el problema con las arcas públicas, la familia volvió a pagar su renta mensual. “Hablé con ellos y les propuse pagar cada mes 500 euros más para saldar la deuda, pero se negaron, querían cobrar todo de una vez y yo no podía tener todo ese dinero junto”, especifica. Este tipo de empresas tienen departamentos jurídicos muy eficientes. La familia solo se ha reunido con la propiedad de la casa una vez. “Igual si hubiéramos podido hablar con los dueños no estaríamos en esta situación”, puntualiza Abraham, “pero la aseguradora directamente me puso una demanda de desahucio. Yo no pude defenderme porque no tenía dinero para acudir a un abogado”, asegura.
El día 30 de enero, cuando el juzgado los avisó de que los iban a desahuciar, llamaron a los servicios sociales municipales. “Tenemos tres hijos y no nos podíamos quedar en la calle, me pidieron los papeles del juzgado y les solicitamos el informe de vulnerabilidad con el que podíamos evitar este desahucio, tal y como me dijeron. De hecho, estábamos esperando que nos mandaran este informe, pero no llegaba. Además, como el juzgado no nos avisó de nada, creíamos que esto estaba paralizado por lo del informe, pero no fue así”, relata.
La víspera del desahucio, al no tener noticias ni del juzgado ni del Ayuntamiento, se dirigieron a ambas oficinas para conocer la situación respecto al informe de vulnerabilidad, que determina si una familia está en riesgo de exclusión, motivo por el que se puede paralizar un desahucio. “Me dijeron que aún no tenían el informe. Cuando fui a preguntarles, me dijeron que estaban esperando que el juzgado se lo pidiera a ellos y que por eso no lo habían hecho”, comenta el padre.
La realidad es que el Ayuntamiento remitió este informe el mismo día 21 a las 14:00 horas, después de su visita y un día antes del desahucio. “La persona que vino del juzgado al desahucio nos informó de que el juez lo había desestimado la misma mañana del 22. No sé si es porque estamos los dos trabajando, pero nos vimos en la calle con nuestros tres hijos sin esperarlo”, cuenta Abraham. Y es que en estos momentos en la isla tener trabajo y una nómina no garantiza poder acceder a una vivienda, tal y como explica esta familia desesperada en encontrar una solución habitacional que les asegure la cohesión familiar.
“Menos la ropa y las cuatro cosas más importantes lo hemos perdido todo, hasta el libro de familia”, dice Alejandra, para la que la situación está siendo muy traumática. “Se presentaron en casa los del juzgado y la policía y no pudimos hacer otra cosa. Muchas de nuestras cosas se quedaron allí. Sacamos al portal todo lo que pudimos en una hora y media y, luego, buscamos un sitio donde meterlas. Aún no hemos podido sacar todo. A ver si cuando vengan los propietarios las podemos sacar, pero no tenemos sitio donde meterlas”, explican. Los servicios sociales municipales se personaron también en el momento del desahucio y pasadas unas horas les ofrecieron una habitación en un hostal pagado por el Ayuntamiento.
“Nosotros tenemos que pagar todo con tarjeta, tal y como nos dijeron. Desde los servicios sociales me piden un extracto de la cuenta para saber en qué gasto mi dinero y después de comprobar que es para comida y gastos básicos ellos me pagan otra semana de hostal. Lo mismo cada semana”, relata. La familia tiene que soportar altos gastos para la alimentación, ya que en los hostales no cuentan con cocina. “Me estoy gastando 50 o 60 euros en comida preparada. Solo nos pagan el hostal. Pero nosotros lo que queremos es encontrar una vivienda donde podamos vivir, y estamos tocando todas las puertas. Esperemos que algún propietario con conciencia nos ofrezca un alquiler que podamos pagar. No somos indigentes, trabajamos los dos, pero no llegamos a los precios que se piden en estos momentos. Si alguien nos puede echar una mano en alquilarnos un piso que podamos pagar, se lo agradeceríamos mucho”, exclama Abraham.
Además, la salud de la pareja se está resintiendo por la impotencia de comprobar que muchas puertas se cierran. “Estamos de baja. Mi mujer estaba ya de baja porque le están haciendo pruebas de fibromialgia y después de esto, además, está en el psicólogo. Hemos estado a punto de tener que irnos a un hostal en Sant Antoni porque aquí no había sitio una de las semanas, pero mis hijos están escolarizados en Santa Eulària, tienen a todos sus amigos aquí y no quieren moverse. Claro, les hablamos y les decimos que es una posibilidad”, aclara.
Desde que se les anunció el desahucio, Abraham ha solicitado cita con la alcaldesa de la localidad, Carmen Ferrer, que todavía no ha podido materializarse. “Cada vez que se acerca el día nos llaman para retrasarla. La segunda fecha era el 26 de marzo, pero nos llamaron para retrasarla otra vez para el día 4 de abril. Es posible que no pueda arreglar nada, pero ella es la persona que lleva el pueblo y creo que las personas somos lo principal. Entiendo que no puedan pagarnos el hostal por mucho tiempo, pero quiero que me den una solución. Me han dicho que el Ayuntamiento te paga parte de la fianza o de las mensualidades, pero piden tanto que los servicios sociales me han dicho que no pueden responder a esos números”, concreta.
Abraham asegura que está contento con el trabajo que está haciendo el equipo del PP en el pueblo. “Pero lo que no puede ser es que se gasten en la ampliación del Palacio de Congresos, que además no hace falta, más de 30 millones de euros pero que las personas no seamos tan importantes”, denuncia. Santa Eulària des Riu es una localidad de alrededor de 40.000 habitantes y mucha gente se conoce entre sí. Abraham tuvo como compañero de colegio a uno de los concejales en el municipio, aunque no quiere dar su nombre. “Él mismo me dejó un mensaje en mi teléfono particular cuando fueron las elecciones pidiéndome el voto, nos saludamos por la calle, es que nos conocemos de toda la vida”, cuenta.
Alejandra reclama ayudas para los ciudadanos oriundos del municipio y las familias que se encuentren en este tipo de situaciones. Residentes que han pagado sus impuestos toda la vida y que ahora se encuentran con este tipo de dificultades que pueden abocar a esta familia a un destierro obligado, sin haber cometido delito alguno. El Consistorio de Santa Eulària des Riu gestiona este año 56 millones de euros de un presupuesto que fue presentado por la alcaldesa Carmen Ferrer y el regidor de Hacienda, Miquel Tur, en un acto en el que aseguraron, según la Cadena Ser, que se comprometían con los ciudadanos en "políticas de movilidad, vivienda, conciliación y personas mayores”.
“Nosotros siempre hemos sido muy responsables con nuestros hijos y no vamos a consentir que nos los quiten porque no tengamos una vivienda”, comenta Abraham. Aunque por parte del Consistorio no se les ha dado una fecha límite para estar en los hostales, otras personas que se han encontrado anteriormente en esta situación les han contado que “normalmente se da un plazo de 3 meses”. Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento han asegurado a elDiario.es que no hay un plazo determinado para estas ayudas específicas.
“El problema es que en esta época no encuentro nada. Podríamos pagar un alquiler de 2.000 euros porque lo que no queremos es problemas con la custodia de los niños”, insisten. “Aunque es muchísimo dinero y nos tendríamos que quitar de otras cosas básicas. Pero como te piden varios meses de fianza, entradas, pagos a las inmobiliarias… no podemos llegar. Yo no tengo 30.000 euros que es lo que nos han llegado a pedir para entrar en una casa, piden muchos meses por anticipado y nosotros no podemos. Además, no tenemos a nadie que nos avale. Nos vemos atados de pies y manos”, aducen desesperados.
La familia explica que desde servicios sociales les han asegurado que los pueden ayudar con una parte del dinero que tienen que pagar para entrar, pero que no pueden aceptar abusos. Tampoco dispone el Ayuntamiento de ningún recurso habitacional ni partidas económicas de urgencia para alojar a la familia, ni tan siquiera vivienda pública que pueda poner a su disposición. “Si me sale un alquiler me pueden ayudar, pero no me van a dar 5.000 euros para entrar en una casa, con lo que tampoco tendría suficiente. Les pedimos que puedan esperar a que termine la temporada, porque ahora es un momento muy complicado con los precios subiendo”, asevera Alejandra.
Las mismas fuentes municipales aseguran que "sin una alternativa no se puede dejar desatendida a una familia, si no cuenta con recursos propios para poder salir adelante. Por eso las ayudas también se van adaptando a las necesidades de los usuarios”. “Así, cuando las personas encuentran una vivienda para alquilar, si precisan de ayuda para poder depositar una fianza, pagar el primer mes o algún pago similar que les pueda resultar difícil abordar, se pueden asumir por parte del Ayuntamiento. También se pueden dar ayudas que se denominan de 'sostenimiento familiar' que van a cubrir los consumos -agua y luz, básicamente- para que puedan centrarse en otros pagos como alquiler o hipoteca", añaden.
En caso necesario, también se pueden recibir tarjetas monedero para comida y, en el caso de menores, se pueden pagar extraescolares -repaso, actividades deportivas, etc…- para que los niños "tengan recursos que pueden necesitar para su rendimiento escolar o para poder tener una vía de esparcimiento”, concretan desde el Consistorio. Sin embargo, la familia de Abraham y Alejandra no precisaría de estas ayudas, su única necesidad es encontrar una casa donde vivir.
Desde Servicios Sociales son reacios a hablar de casos concretos por una protección de la intimidad. Sin embargo, estas fuentes municipales explican que se están teniendo reuniones periódicas “para poder ver cómo va progresando la situación”. “No sabemos qué cantidades les pueden solicitar. Este tema se trata desde hace años y somos conscientes de los precios que hay. Se valora cada caso, pero tampoco podemos transigir con condiciones que puedan considerarse abusivas”, aseveran.
El Ayuntamiento de Santa Eulària quiere poner claro que no tiene competencias en vivienda: “Aun así, en los dos últimos mandatos se han levantado en el municipio más de un centenar de VPO gracias a la colaboración del Ayuntamiento, se han entregado cientos de ayudas al alquiler y compra de vivienda y se ha ofrecido un solar para que la Guardia Civil pueda construir una casa cuartel en Santa Gertrudis, que supondrá vivienda para un colectivo muy necesario y que también compite con el resto de usuarios a la hora de conseguir una vivienda digna. Se está trabajando en llevar adelante la propuesta de construcción de viviendas en alquiler a precio limitado, el build to rent famoso. Pero el problema no es sólo en el municipio de Santa Eulària -ni siquiera es sólo de Balears- y hay otras administraciones que son las responsables. No nos desentendemos del tema y tratamos de hacer lo que se puede”.
Sin embargo, el Consistorio sí podría pedir al Govern que declare el municipio ‘zona tensionada’ con el objetivo de aplicar la Ley de estatal vivienda de 2023 y poder controlar los precios de los alquileres, opción que no han contemplado. “Actualmente no consideramos hacer esa petición porque con la información de que se dispone no parece que sea una medida que haya funcionado allí donde se ha aplicado”, argumentan, aunque no han podido concretar más sobre los fundamentos de esta afirmación. “Es lo que le ha llegado al equipo de gobierno, no son informes sobre el municipio”, cuentan a elDiario.es. “Como equipo de gobierno, a los políticos les llega información también de sus partidos”, especifican, sin que se puede saber a qué ciudades se refieren ni cuál es la información con la que trabajan para poder llegar a estas conclusiones.
Abraham y Alejandra reiteran que lo principal son sus hijos. “La prisa que tenemos es que no pase nada con los niños. Es nuestra mayor preocupación. Nos dedicamos en estos momentos a los niños y a buscar casa en cuerpo y alma” explican desesperados. Por este motivo, la pareja ha decidido abrir un crowdfunding, para recaudar dinero que les pueda ayudar a alquilar una vivienda, ya que parece no hay posibilidad de una vivienda social o pública ni existe ningún mecanismo de urgencia para hacer frente a las dificultades que puedan tener las personas residentes.
Según publicaba El Periódico, el municipio de Santa Eulària se ha convertido en la localidad de más de 25.000 habitantes con la vivienda más cara de España, por delante de Ibiza ciudad y San Sebastián, dos ciudades que han ocupado el primer puesto de la clasificación. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en la Villa del Río, dato que incluye obra nueva y de más de cinco años, se cotizó a finales del año pasado (2022) a 4.407 euros, según consta en el último boletín de estadísticas del valor tasado del precio de la vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los precios no han dejado de subir.