El Banco de España prevé que el alza de cotizaciones y la reforma del despido de Yolanda Díaz atacarán al empleo
Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de incremento de cotizaciones destinado a reforzar los ingresos de la Seguridad Social y aligerar tensión en su presupuesto ante el reto del pago de las pensiones tendrá un efecto colateral en el mercado laboral, tal y como advierte el Banco de España . Aunque no cuantifica en un primer momento el volumen de empleos que se podrían ver afectados -por destrucción de puestos de trabajo o no creación de nuevos- sí que señala que un incremento de 1 punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%. Aquí aunque en la publicación sobre 'El mercado de trabajo español: situación actual, tendencias estructurales y políticas de empleo' no se traslada el número absoluto de trabajadores afectados, desde el Banco de España se alinean con los cálculos elaborados por la Airef hace un año, tras la aprobación del segundo paquete de medidas para la reforma de pensiones que se sustanció en un refuerzo de ingresos por la vía de la subida de cotizaciones (mecanismo de equidad, destope de bases máximas de cotización y cuota de solidaridad) que este mix costes laborales que se irán imprimiendo progresivamente resultarán en una pérdida de 33.000 puestos de trabajo hasta 2026 . Aquí, el supervisor añade además de las medidas propias de la acción de Gobierno en materia de Seguridad Social (elevarán el coste para empresas y trabajadores en 1.300 millones para 2024 y ya este año pagarán 700 millones más que en el año anterior) el impacto propio de las subidas salariales, además de la acusada senda de aumento del salario mínimo interprofesional, como determinantes de este impacto de los costes laborales en la creación de empleo. «En una coyuntura caracterizada por elevadas presiones inflacionistas, los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos han sido relativamente moderados », señala el Banco de España recordando que en 2023 y en la parte transcurrida de 2024, estos aumentos se encuentran muy alineados con las recomendaciones establecidas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que los agentes sociales suscribieron en marzo del año pasado -de un incremento salarial del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025-. «Por otra parte, aunque la incidencia de las cláusulas de salvaguarda aumentó con el inicio del episodio inflacionista -desde el 19% en 2019 hasta el 24% en 2023-, por el momento su impacto en el incremento de los costes salariales estaría siendo muy reducido», explica el documento sobre unos de los aspectos que más erosionó la negociación del marco AENC entre 2022 y 2023. Cautela con la reforma del despido Igualmente, el Banco de España pone de relieve los retos y riesgos que entraña la regulación laboral que el Gobierno quiere introducir con medidas ahora sobre la mesa como la revisión del esquema de despido improcedente, en lo que el gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , busca transitar hacia un modelo de despido reparativo. Aquí, aunque no se conocen detalles concretos sobre en qué dirección puede ir esta nueva normativa, desde el supervisor advierten de varias cuestiones. En relación con la magnitud de los costes de despido , si bien las comparaciones internacionales son complejas, la información que proporciona la OCDE indica que los correspondientes a los despidos procedentes por causas objetivas son mayores en España que los que se observan en algunos países de nuestro entorno, mientras que la indemnización adicional por despido improcedente es inferior (véanse gráfico 3.20 y OCDE, 2020b). En este sentido, tanto los costes de despido -cuyo objetivo principal es evitar la destrucción ineficiente de puestos de trabajo- como las prestaciones por desempleo -que buscan paliar el descenso de las rentas salariales que sufren los trabajadores desempleados- tienen efectos sobre la empleabilidad y la movilidad laboral . Así, la literatura económica apunta a que unas elevadas indemnizaciones por despido junto a unas generosas prestaciones por desempleo, que empujen al alza los salarios de reserva de los trabajadores, estarían asociadas a un nivel de desempleo estructural alto. Según la estadística de despidos y su coste del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023, aproximadamente un 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial en España fueron declarados improcedentes o nulos. Esta evidencia, junto con los menores requisitos para iniciar y ejecutar los despidos disciplinarios, parece estar detrás del hecho de que muchos despidos en España se canalicen por esta vía. En este sentido, para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo .