El Gobierno aprueba un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia de la Iglesia

Vista la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. El Consejo de Ministros aprueba hoy un plan con el que recoge el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, que en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.

El Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños, adelantado por El País y que este diario ha podido confirmar, contempla cinco líneas de actuación: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.

En el documento no aparece ninguna cifra destinada a las indemnizaciones, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia. El plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos.

En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.

Para establecer la condición de víctima también se acudirá a la Ley de Libertad Sexual, en concreto al artículo 37. En él está previsto que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñen los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

El plan del Gobierno también propone alargar los plazos en los que estos delitos prescriben, algo que ya habían anunciado con anterioridad. Se compromete a impulsar las modificaciones legales oportunas para permitir que la extinción la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no comprenda la de la responsabilidad civil, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil cuando el menor haya cumplido treinta cinco años. Se trata de una medida que podría tener efectos retroactivos.

Además, recoge otra de las propuestas del Defensor del Pueblo: la de organizar un acto público de Estado de reconocimiento a las víctimas, en el que estén presentes junto a sus representantes y familiares. Y también garantizar la atención de las víctimas en las Oficinas de de Asistencia a las Víctimas del Delito, que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Para ello se prevé brindar una formación específica a los equipos para la atención psicológica específica de las víctimas sexuales en ámbitos religiosos, vinculados al daño espiritual.

El plan contempla la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, a través de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española.

Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague

Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.

La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.

Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición.

Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.