Preocupación selectiva del Gobierno por los abusos

El Gobierno aprobó ayer un nuevo decreto ley con el que pretende que la Iglesia católica indemnice a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de esa institución durante décadas, incluso en los casos en los que no se haya producido un proceso judicial, una eventual condena, o los delitos hayan prescrito por el paso del tiempo. La intención puede ser loable en cuanto aspira a una reparación moral justa para víctimas de abusos injustos. Sin embargo, todo apunta a ser el inicio de la enésima operación de imagen del Gobierno, en la medida en que plantea que el Estado no se haga cargo de ninguna indemnización, sino que la pague la Iglesia en función de criterios inconcretos, sin el establecimiento de baremos para cada víctima, sin la debida garantía jurídica, y con un señalamiento público de la institución católica. Y además, con un criterio excluyente: nueve de cada diez abusos no provienen de la Iglesia. ¿Quedarán estas otras víctimas expuestas, humilladas y sin tanto celo del Gobierno?