El novio de Ayuso asumió ocho meses de cárcel y el pago de 525.000 euros para evitar el juicio

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En la propuesta de conformidad penal que ha derivado en la querella de Alberto González contra la Fiscalía por revelación de secretos, el abogado acepta la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021 y se confiesa autor como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL. En el escrito enviado a la Fiscalía Provincial, la defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también «una multa del 40% de la cuota defraudada», lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros. Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que está «completamente de acuerdo», informa Ep. «Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito. Además, la defensa de González plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses». Es precisamente este escrito el que dio origen a la querella por revelación de datos relativos relativos a la defensa que el abogado de González presentó contra la Fiscalía. El plante de la fiscal María de la O Silva ante la imposición de la número dos de García Ortiz de inadmitirla aterriza este miércoles en la Junta de Fiscales de Sala, órgano consultivo del fiscal general integrado por 38 miembros de la carrera de primera categoría y de distintas sensibilidades. Son ellos quienes tendrán que dirimir el conflicto que llevó a la fiscal de la Provincial de Madrid a utilizar la vía del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para manifestar su oposición con la teniente fiscal del Supremo, partidaria de inadmitir la querella que Alberto González presentó contra la presidenta de esa Fiscalía, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal Julián Salto por revelación de secretos en relación con la filtración de datos relativos a la causa abierta a González por delitos fiscales. Sobre la mesa, dos posturas: la que mantiene la fiscal a cargo de la querella, que antes de decidir sobre la admisión quiere que se practiquen unas diligencias mínimas tendentes a dar con la autoría de la filtración; y la que mantiene la dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, para quien esas diligencias ni siquiera deben practicarse y quien ha impuesto a Silva la inadmisión de la denuncia con dos argumentos fundamentales: que no hay tal delito de revelación (porque los datos publicados sobre González ya se conocían por los medios) y que acceder al intercambio de correos entre la Fiscalía Provincial y la General del Estado sentaría un precedente de cara a casos futuros que dejaría a la Fiscalía indefensa. Al difundir esos correos la Fiscalía quería contrarrestar las informaciones que previamente habían apuntado en medios que fue la Fiscalía la que ofreció a González un trato de conformidad, cuando la realidad es que fue el novio de Ayuso el que propuso esa conformidad asumiendo en un correo electrónico la comisión de dos delitos fiscales, el pago conformidad y asumir dos delitos fiscales a cambio de saldar el caso con el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel. Al no tener antecedentes penales, no ingresaría en prisión.