El Gobierno no garantiza que la final del Mundial 2030 sea en España

Varias veces preguntaron este martes en el Senado Alfonso Serrano y Vicente Azpitarte, parlamentarios del PP, a Pilar Alegría (ministra de Educación y Deporte) por qué el Gobierno protegió durante tanto tiempo a Luis Rubiales , «el mejor amigo» (afirmó Azpitarte) de Pedro Sánchez. Se celebraba la sesión de control al Gobierno, con intervención incluida del superministro Félix Bolaños, pero en los escaños de la segunda cámara muchas señorías se dedicaban a cualquier cosa menos a escuchar: hablar con el compañero (a veces de pie, a espaldas del orador), consultar el teléfono, darse algún paseo. Cuando veían que algún colega de partido aplaudía, ellos hacían lo mismo. No es buena señal que el fútbol llegue a un pleno parlamentario, pero a la mitad de los reunidos parecía importarles bastante poco. Noticia Relacionada fútbol estandar Si De la ley Beckham a la ley Mbappé: los beneficios fiscales en Madrid para los futbolistas extranjeros José Carlos Carabias Un cambio normativo en la Comunidad de Madrid, desgravación del 20 por ciento en inversiones, favorecerá la llegada de estrellas a los clubes locales Pilar Alegría no respondió a esa primera pregunta, pero sí se refirió a la segunda: qué va a suceder con la final del Mundial 2030, después de las informaciones recientes que pronostican su celebración en Marruecos (y no en el estadio Santiago Bernabéu, como en un principio se daba por seguro). La ministra respondió con evasivas, sin garantizar nada, asegurando que el Gobierno mantiene conversaciones al máximo nivel, pero que es la FIFA quien tomará la decisión. 'FIFA' y 'UEFA' fueron términos constantes en sus intervenciones: se trata de un Gobierno «serio y responsable», dijo, «que actúa siempre dentro de los límites de la ley». «Rigor dentro de la ley», insistió; era su reacción a la tercera pregunta de Azpitarte: qué va a pasar esta semana con Pedro Rocha, el sucesor de Rubiales, que con toda probabilidad será suspendido cautelarmente este jueves por el CSD . «El CSD tomará la decisión oportuna», «en consonancia con la gravedad de la situación», anunció varias veces Alegría, quien defendió apasionadamente la colaboración con las entidades con sede en Suiza para devolver al fútbol institucional español su reputación perdida. «No entiendo qué problema tienen ustedes con eso», se preguntó la ministra, en referencia al principal partido de la oposición. «Somos perfectamente conscientes de que la situación actual puede perjudicar al buen nombre del deporte en nuestro país y especialmente al fútbol. Tenemos tres citas fundamentales para nuestro país, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la puesta en marcha del Mundial de 2030, y el Gobierno va a trabajar para que España y los deportistas brillen con el éxito que merecen», añadió. José Manuel Franco, senador y exsecretario de Estado para el Deporte, estaba sentado en el hemiciclo, tomando notas. A pesar de las informaciones que le señalan como posible encubridor de Rubiales, Azpitarte no le mencionó en su cascada de reproches al PSOE por su apoyo al expresidente inhabilitado, y se limitó a acusar al Gobierno. Alegría realzó la inversión presupuestaria del Gobierno, presumió de la Ley del Deporte de 2022 (cuyo desarrollo reglamentario lleva casi un año de retraso), defendió los «valores» del Gobierno y prometió la elaboración de un Código de Buen Gobierno para las federaciones deportivas españolas. Después pareció confundirse y dijo que el TAD se reuniría el viernes para decidir el destino de Rocha; se refería probablemente al jueves y al CSD. El TAD es un órgano calificado de independiente, aunque depende orgánicamente del CSD. El mensaje del Gobierno sigue siendo el mismo: hay que actuar, pero con el máximo rigor jurídico.