Decretan prisión para 6 de los detenidos en la operación contra el narcotráfico en la provincia de Pontevedra y Madrid
En una de las fincas registradas se halló un laboratorio de elaboración y adulteración de la droga
PONTEVEDRA, 2 (EUROPA PRESS)
El juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha tomado declaración este jueves a diez de los detenidos en la operación contra el narcotráfico desarrollada en la provincia de Pontevedra y en la comunidad de Madrid y ha acordado la prisión incondicional, comunicada y sin fianza para seis de ellos y libertad con medidas para los otros cuatro.
Según han informado fuentes jurídicas, las medidas cautelares que el magistrado impone para los cuatro que quedan en libertad son las de comparecencias semanales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. Todos los arrestados están investigados por delito contra la salud pública en el marco de una organización criminal.
Entre los detenidos que irán a prisión están los vecinos de la zona de Arousa V.D., que estuvo presente en el registro de un estanco situado en plaza Galicia de Vilagarcía de Arousa; B.G. dueño de una nave en Siete Pías que también fue registrada, y P.Q., que regentó un pub en Vilagarcía.
En concreto, la Operación Halia ha sido llevada a cabo por el Equipo de Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra, con la colaboración de la DEA y Europol, debido al carácter internacional de la misma.
Conforme han señalado estas fuentes, en los registros realizados en casas y locales se han incautado 1.800 kilos de hachís, 14 kilos de cocaína, nueve kilos de marihuana, 850 gramos de heroína, así como 1,5 kilos de drogas sintéticas, dosis de LSD, además de más de tres millones de euros en efectivo --del total de la cantidad de dinero intervenida, 1,5 millones fueron incautados en el domicilio de V.D--.
Además, en una de las fincas registradas hallaron un laboratorio de elaboración y adulteración de la droga.
Para acordar la prisión de los detenidos, estas fuentes han indicado que el juez ha tenido en cuenta la gravedad del delito investigado y la posibilidad de fuga de los arrestados, que cuentan con capacidad económica y algunos tienen intereses económicos en el extranjero.