CNE pretende contratar a UNOPS para ejecutar crédito de $700 millones
Cámara de Construcción pidió explicaciones a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la intención de contratar a UNOPS debido a retrasos y sobrecostos en proyectos. Dos diputados también cuestionan
Un oficio firmado por Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), revela la intención del Poder Ejecutivo de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para ejecutar los $700 millones (¢352.100 millones) del crédito para obras de riesgo inminente.
En el documento (CNE-PRE-OF-088-2024) remitido a Martín Arévalo, director de UNOPS en Costa Rica, la CNE le pide a ese organismo evaluar su capacidad instalada para asumir como firma de implementación general de los recursos provenientes de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y responder “en el menor plazo posible”.
UNOPS arrastra, desde que inició operaciones en Costa Rica, en mayo de 2014, múltiples cuestionamientos por retrasos en proyectos, aumento en presupuestos por falta de planificación, altos costos administrativos, falta de transparencia, obras inconclusas y hasta conflictos con la Caja Costarricense de Seguro Social por el no pago de cargas sociales.
Por ejemplo, en mayo de 2018, la Sala Constitucional condenó al Consejo Nacional de Vialidad y a UNOPS por impedir el acceso a los expedientes de contratación del paso a desnivel en Garantías Sociales y la ampliación del puente del Saprissa (ruta 32).
Además, UNOPS mantiene en su poder $5 millones destinados para la construcción del nuevo Centro Nacional de Música, pese a que la obra fue cancelada desde octubre de 2021.
La Nación solicitó, vía correo electrónico, una entrevista con el presidente ejecutivo de la CNE, pero no hubo respuesta a la petición enviada, desde el viernes pasado, a través de su oficina de prensa. Este lunes 6 de mayo por la tarde, Picado contestó una llamada de este medio de comunicación, pero al mencionarle el tema dijo que estaba en una reunión, que no podía atender y de inmediato cortó la comunicación.
Director de UNOPS en Costa Rica: ‘Hemos tenido comunicación muy deficiente’
También se le enviaron, el viernes pasado, una lista de preguntas a UNOPS sobre este asunto, pero al cierre de esta información no dieron respuesta. Entre las consultas están si ya contestaron el oficio, cuánto costarían sus servicios, cuáles serían sus funciones, cuánto personal tendrían que contratar para asumir la ejecución de los recursos y si ya existe un borrador de contrato.
El préstamo de $700 millones fue aprobado por la Asamblea Legislativa en febrero anterior con el objetivo de reconstruir 502 proyectos de obra pública, entre los que hay escuelas, puentes, sistemas de aguas y carreteras, entre otros.
La legislación con la que se aprobaron los dineros estableció que la CNE será el organismo ejecutor coordinador y tendrá el apoyo de una firma de implementación general, la cual tendrá a su cargo la ejecución de las obras.
Larga lista de problemas con UNOPS
UNOPS firmó el primer contrato con el Estado el 7 de mayo de 2014. Ese día, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, acordó con esa organización un convenio por $24,5 millones para que se encargara de la contratación de empresas constructoras que levantaran los puentes sobre el río Virilla en la ruta 32 y en Lindora, Santa Ana y sobre el río Pirro, en Heredia.
De los $24,5 millones, $906.000 (3,6%) estaban destinados al pago de los servicios de UNOPS y otros $977.000 (3,9%) a una tasa administrativa que cobra esa entidad. En otras palabras, el 7,5% del presupuesto era para esa agencia.
Desde su llegada, UNOPS se promovió como un mecanismo para agilizar la construcción de obra pública, pues aplicaría sus propios sistemas y normas de contratación. Sin embargo, eso nunca se concretó porque la Contraloría General de la República ordenó respetar la legislación vigente en materia de contratación pública.
En esa línea, el primer traspié de UNOPS ocurrió con el contrato de los puentes mencionados, pues solo se ejecutaron los pasos sobre el río Virilla y se excluyó la obra sobre el río Pirro debido a problemas de planificación y malos cálculos en los presupuestos. Además, ambas obras sufrieron constantes retrasos. El nuevo puente del Saprissa fue inaugurado hasta setiembre de 2020 con un costo final de $22,3 millones y el de Lindora se estrenó en agosto de 2018 con una inversión de $8,5 millones.
El contrato para hacerse cargo de los tres puentes fue el primero de siete acuerdos que el Estado cerró con UNOPS, solo entre 2014 y 2015, por un total de $134 millones.
Entre esos contratos se incluyeron la construcción de tres pasos a desnivel en Circunvalación (La Bandera, Guadalupe y Garantías Sociales), los cuales también tuvieron retrasos y aumentos significativos en sus presupuestos.
En 2015, cuando el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, firmó con UNOPS el memorando de acuerdo para que se encargara de la gestión de diseños y construcción de los pasos a desnivel en Garantías Sociales, Guadalupe y la Bandera, el costo previsto era de $4 millones. No obstante, un análisis de la Contraloría General de la República publicado en mayo de 2020 determinó que esos servicios subieron a $7,5 millones, lo cual equivale a un incremento del 86%, aproximadamente.
En esas obras, no solo la factura de UNOPS tuvo un alza. El presupuesto del Estado para la construcción de los tres viaductos pasó de $65,8 millones a $88 millones debido a los atrasos y la falta de planificación.
Otros cuestionamientos sobre UNOPS están relacionados con su resistencia para registrarse como contribuyente en el país, pues alega tener privilegios tributarios al ser parte de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente, intentó firmar en 2023 un contrato millonario con el Instituto Nacional de Seguros para la adquisición e implementación de nuevos sistemas informáticos bajo una figura de excepción en la que no se realizaría un concurso público.
‘Preocupación por los sobrecostos y los retrasos’
La Cámara Costarricense de la Construcción mostró su preocupación por el interés de la CNE de contratar a UNOPS.
Randall Murillo, director ejecutivo de esa institución, manifestó que pidieron explicaciones al presidente ejecutivo de la CNE sobre su interés de contratar a UNOPS como unidad ejecutora del crédito millonario, pero aún no reciben respuesta.
“Es reiterada nuestra preocupación por los sobrecostos y los retrasos en los proyectos que ha ejecutado esta entidad (UNOPS) (...) El país merece ejecutar obra pública de calidad, a costos justos y siguiendo los principios de competencia y de igualdad, definidos en nuestra normativa”, enfatizó Murillo.
Diputados cuestionan intención
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional, expresó su malestar por la idea de la Comisión Nacional de Emergencias.
“UNOPS ya fue cuestionado en el pasado por incumplimientos y falta de transparencia. Incluso, ya hubo una investigación legislativa que había advertido los problemas de transparencia que se pueden presentar”, comentó la verdiblanca, quien lideró la comisión de Hacendarios durante la discusión para aprobar o rechazar el crédito con el BCIE.
En el pasado, funcionarios de UNOPS se han negado a comparecer ante los diputados escudándose en prerrogativas diplomáticas.
“Me surge la duda de si la CNE está tratando de guardar en secreto cierto tipo de documentación, ya que por ley, los funcionarios de estos organismos están cubiertos por las mismas prerrogativas diplomáticas que les dan confidencialidad y, debido a ello, eventualmente no podríamos tener acceso a cierto tipo de información que es fundamental”, agregó la diputada.
Carlos Felipe García, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, también declaró que se deberá revisar los detalles de un eventual acuerdo entre UNOPS y el Estado para la ejecución de los $700 millones.
Por medio de un correo electrónico, el BCIE declaró que “no ha recibido ninguna notificación oficial del Poder Ejecutivo o la CNE” sobre qué entidad asumirá el rol de firma de implementaciones.