Milei ensaya una nueva estrategia de presión para las provincias que no firmen el Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei reconoce que las gestiones para organizar el denominado Pacto de Mayo se enfriaron en los últimos días y que no descartan realizarlo en alguno de los dos meses subsiguientes, siendo julio el de mayor probabilidad. Concretamente, esto se produce por la dificultad que está teniendo el oficialismo para consensuar modificaciones en algunos puntos claves de la Ley Bases que permitan su movilización para el tratamiento en el recinto.

Al fuerte poder que tienen los senadores dialoguistas que condicionan la aprobación sin cambios de varios artículos se le suma el poder de fuego de los gobernadores, que no liberan el apoyo de sus senadores a la espera de mayores concesiones. Si los días posteriores a la media sanción que la Ley Bases tuvo en Diputados había generado una ola de optimismo sobre los integrantes del oficialismo, esta se disipó notoriamente con el pasar de los días y la rigidez de diferentes actores clave.

"No estarían cumpliendo los prerrequisitos para el Pacto", comenta un colaborador de extrema confianza del Presidente al respecto de las provincias que no están brindando apoyos para la votación del megaproyecto. Con la vuelta del proyecto a la cámara de origen (Diputados), desde la Casa Rosada reconocen que habrá cambios en Ganancias, la propuesta de blanqueo y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Pacto de Mayo se hará cuando la Ley Bases y el paquete fiscal tengan, al menos, una aprobación en la votación general, comentan desde la mesa chica del Presidente. Sin hacer énfasis en la votación particular, también estudian agregar un undécimo punto que refiera a la priorización de inversión en educación de calidad. "No está definido bajo ningún concepto, depende de todos los actores", afirma un ladero de Milei.

En el Ejecutivo todavía no se determinó cuánto será el margen de tolerancia que le brindarán a distintos gobernadores que han endurecido sus posiciones en el último tiempo. Un ejemplo es el santiagueño Gerardo Zamora, de quien el gobierno esperaba algunas señales de colaboración que con el tiempo se fueron disgregando. En caso de darse el Pacto de Mayo, el Gobierno prevé señalar a quienes no firmen como parte de "la casta" que busca perpetuar un modelo de país "empobrecedor".

La presión del Gobierno a las provincias por la coparticipación

Aunque la administración libertaria se ha encargado de utilizar diferentes medidas punitorias a nivel simbólico, en la mesa del Presidente estudian relegar a las provincias que no acompañen la Ley Bases de una mesa de trabajo ad-hoc para debatir una nueva ley de coparticipación federal.

Se trata de un recurso que el Gobierno no había evaluado con seriedad en los primeros meses de mandato pero que se acentuó en las últimas semanas. Aunque esta propuesta se enmarca en la búsqueda de eficientizar el reparto de fondos, el avance de esta mesa de trabajo configura más una forma de presión hacia la oposición que algo que ya se esté materializando en lo formal.

Algunas provincias reconocen que hubo ligerísimos contactos informales acerca de este aspecto, pero que no han revestido de mayor importancia. Ante esa posibilidad, cerca de un importante gobernador de la Región Centro celebraron la eventual iniciativa de la Casa Rosada y pidieron avances, aunque son pesimistas de los tiempos del Gobierno.

En Presidencia dicen que hay "una parte de la biblioteca que dice que se puede" hacer modificaciones de régimen de coparticipación sin la necesidad de que sea consensuado y firmado en conjunto con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la consulta de este medio, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, resaltó que "no hay ninguna posibilidad constitucional" para que el Ejecutivo pueda lograr esa reforma con un apoyo parcial, dado que "el artículo 75 inciso 2 es una regla cerrada" y no admite interpretaciones. Este apartado de la Constitución Nacional faculta al Congreso a establecer "una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias" para instituir regímenes de coparticipación.

Este es un tema espinoso para la política de las últimas tres décadas: al firmarse la Reforma de la Constitución de 1994, los constituyentes dieron dos años para que se estableciera una nueva "ley convenio" de la coparticipación, algo que no sucedió hasta la actualidad.

%uD83D%uDC65 | Nos reunimos con el Diputado Provincial de Bs As Nahuel Sotelo, conversamos sobre la Coparticipacion y la problemática generada por el impuesto a la herencia en la Provincia de Buenos Aires.@nsotelolar pic.twitter.com/DGXYTJg6ae

— Asociación Argentina de Contribuyentes (@contribuarg) August 9, 2022

A pesar de un tema que reside en lo económico, la cuestión coparticipable no ha sido la prioridad de la agenda libertaria salvo una excepción: todavía en la campaña rumbo a las generales, varios de los -ahora- referentes de La Libertad Avanza convalidaron las tres alternativas de salida de la actual ley de coparticipación federal propuestas por la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC).

Estos modelos iban desde coaliciones parlamentarias con bloqueo de posiciones disidentes hasta el planteo de inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 23.548 del Régimen de Coparticipación seguida de cese de transferencias de fondos a Nación. Desde el Gobierno no han respondido las consultas de este medio sobre si estas vías son tenidas en cuenta o no de cara al debate venidero.