La fiscal promotora del veto a Dolores Delgado incurre en la misma incompatibilidad que le atribuye
El caso de Dolores Delgado ha abierto la espita del régimen de incompatibilidades en el Ministerio Fiscal. La semana pasada el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática tras estimar los tres recursos presentados contra su designación. ¿La razón? Su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón, es abogado en ejercicio y preside una fundación que se define como “entidad privada sin ánimo de lucro que actúa a nivel global en defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal”.
La sección cuarta del Supremo invoca el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prohíbe el ejercicio del cargo “en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. Es decir, deja la puerta abierta a que la labor de Garzón y de su fundación sea considerada una actividad mercantil y devuelve el proceso al Consejo Fiscal, el órgano consultivo y asesor de la Fiscalía General del Estado, para que determine si esa actividad impide a Delgado desarrollar las tareas del cargo con imparcialidad.
Uno de los recursos fue presentado por la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal con seis de los nueve vocales electos (hay otros tres miembros natos). Una de ellas es Beatriz Sánchez, que ejerce como jefa de la Fiscalía de Las Palmas desde noviembre de 2017, que fue la encargada de manifestar en ese Consejo Fiscal el rechazo a la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática con unos argumentos que, según algunas voces dentro de la Fiscalía, se podrían aplicar a su propio caso como máxima representante del Ministerio Público en esa provincia canaria.
Fue en junio de 2023 cuando Sánchez leyó un texto en el que reclamaba la apertura de un expediente gubernativo para estudiar si Delgado incurría en una causa de incompatibilidad por su relación con Baltasar Garzón, por un conflicto de intereses.
Para sustentar su tesis, ese texto aludía, entre otras cuestiones, a un informe que la fundación presidida por Garzón presentó en 2013 ante la ONU y en el que se pedía investigar y juzgar las desapariciones forzadas durante el franquismo. También hacía referencia a otro informe de 2021 que se pronunciaba en similares términos o al hecho de que esta entidad sin ánimo de lucro participara durante el proceso de audiencia pública en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. El escrito leído por Beatriz Sánchez ante el Consejo Fiscal sostiene que el exjuez es el impulsor de esa norma y que Delgado ha apoyado de manera expresa los postulados de esa fundación.
La fiscal jefa de Las Palmas aventuró, además, que la fundación de Garzón firmará muchas de las denuncias vinculadas con esa ley que lleguen a la Fiscalía de Memoria Democrática. Hacía mención, en concreto, a una presentada ante la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2020 por la plataforma Te Estamos Buscando, con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, por 56 casos de desaparición forzada infantil. Esa denuncia reclamaba la creación de una unidad especializada de investigación en este tipo de casos.
La posición defendida por Beatriz Sánchez en contra del nombramiento de Dolores Delgado pone en tela de juicio su propia designación, aunque la fiscal jefa de Las Palmas sostiene que los supuestos “son diferentes” y los ámbitos de actuación “radicalmente distintos”.
El marido de Beatriz Sánchez también es abogado y ejerce una actividad mercantil en la misma circunscripción territorial, la provincia de Las Palmas. Agustín Calzada, que así se llama, es desde 2015 apoderado, administrador único y socio profesional de Angular Abogados SLP, empresa con sede en la capital grancanaria. Según los datos que obran en el registro mercantil, esta sociedad ofrece servicios de asesoramiento jurídico y tiene como objeto social “la realización de gestiones, asesoramiento y marketing en toda clase de inversiones mobiliarias y/o actividades turísticas”, además de “la adquisición por cualquier título de terrenos, su urbanización, parcelación, explotación y venta”.
“Mi actuación se ajusta estrictamente a lo previsto sobre incompatibilidad en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial”, responde la fiscal jefa de Las Palmas al ser preguntada sobre las diferencias entre su caso y el de Delgado.
En el caso de Beatriz Sánchez hay dos lecturas sobre sendos apartados del artículo 58 del Estatuto del Ministerio Fiscal. El número cuatro recoge una causa específica de incompatibilidad para la jefatura de una fiscalía provincial cuando el cónyuge o pareja ejerza como abogado o procurador en el mismo territorio salvo que esa circunscripción tenga más de 500.000 habitantes. Es el caso de la provincia de Las Palmas, que tiene una población superior al millón de personas.
Ese artículo recoge, además, el deber de abstenerse cuando proceda. Y esto es lo que ha hecho Beatriz Sánchez en los procedimientos en los que su marido ha sido parte, según constatan al menos dos decretos a los que ha tenido acceso este periódico.
Sin embargo, otras fuentes jurídicas consultadas apuntan al apartado primero del artículo 58. Es decir, al mismo que la jefa de la Fiscalía de Las Palmas alegó para tratar de impedir el nombramiento de Delgado, que fija la incompatibilidad en los casos en que el cónyuge o pareja desarrolle una “actividad mercantil” que comprometa la imparcialidad.
Esas fuentes recalcan que el objeto social de la empresa no se limita al asesoramiento jurídico, sino que se extiende al terreno de las inversiones mobiliarias y turísticas o la adquisición y venta de terrenos. Algunas voces dentro del foro del Ministerio Fiscal ven, por tanto, incongruente defender a la vez la incompatibilidad de Dolores Delgado y la compatibilidad de Beatriz Sánchez. El reproche que hacen es que se haya cuestionado la imparcialidad de la fiscal de sala de Memoria Democrática porque su pareja preside una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos y no se haya aplicado el mismo rasero a una fiscal jefa provincial cuyo cónyuge ejerce como abogado en la misma circunscripción territorial y tiene una mercantil con unos determinados intereses empresariales sobre los que puede tener que pronunciarse, dentro de su ámbito de actuación, esa misma Fiscalía.
De vuelta al Consejo Fiscal
El nombramiento de un fiscal de sala compete al Gobierno a propuesta de la Fiscalía General del Estado y la opinión del Consejo Fiscal no es vinculante. Sí que lo es, sin embargo, cuando lo que se debe dirimir es una cuestión de incompatibilidades, como sucede ahora. Este Consejo está formado por tres miembros natos y nueve vocales electos. Seis de estos últimos pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y otro a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Los otros dos son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que han estado vinculados tanto Delgado como su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz.
Tanto la AF como la APIF presentaron recursos contra el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. El tercer recurso fue interpuesto por el fiscal Luis Ibañez, que aspiraba a esa plaza. Está por ver si la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal declara que la exministra de Justicia no es idónea para el puesto.
Cuando esas dos asociaciones se manifestaron en contra del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, la fundación presidida por Garzón emitió un comunicado en el que calificaba de “patriarcal” esa posición. “Reducir la fundación a la figura de su presidente, hombre, y aún peor, sugerir que la imparcialidad de una persona, mujer, está comprometida por una relación personal, es patriarcal y no podemos sino rechazarlo públicamente”, recogía ese escrito difundido a los medios.