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Justicia peruana revoca arresto de hermano y abogado de la presidenta

Un tribunal de apelaciones ordenó la liberación de Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras anular la detención preliminar.

Lima. Un tribunal de apelaciones ordenó este viernes la liberación del hermano y del abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras anular la detención preliminar que cumplían por su presunta vinculación en una trama de corrupción.

“Se resuelve revocar la resolución que dicta detención preliminar incomunicada contra Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda por el plazo de 10 días con motivo de las diligencias por los presuntos delitos de organización criminal. Se dispone la inmediata libertad de los mencionados, oficiándose a la autoridad policial”, dijo la jueza Sonia Torre al final de una audiencia.

Ambos fueron detenidos por un equipo policial y fiscal el 10 de mayo por su presunta vinculación en un caso de nombramiento de funcionarios a cambio de sobornos, según la fiscalía.

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La decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional también beneficia a otras tres personas vinculadas al caso y detenidas en la misma fecha.

Todos cumplían un plazo de 10 días de detención preliminar, que vencía el 20 de mayo.

La fiscalía pidió ampliar a 15 días la detención, mientras acumulaba pruebas contra los investigados, pero la jueza desestimó la solicitud.

La policía y los fiscales escoltan a Nicanor Boluarte (C), hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, a un vehículo después de registrar su casa en Lima.

El tribunal sustentó “que no se cumplen los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer la medida, no existe peligro de fuga ni de obstaculización para la averiguación de la verdad por parte de los imputados”.

A todos ellos, añadió, se les investiga “por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”.

Nicanor Boluarte, de 64 años, es hermano mayor de la mandataria peruana.

La fiscalía lo señala de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, aprovechando el “poder de facto” que recibió de la presidenta, según el poder judicial.

Esos funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la mandataria y el ministro del Interior.

Desde sus cargos, captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político llamado “Ciudadanos del Perú”, que encabezaría Nicanor Boluarte.

La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumió como presidenta el 7 de diciembre, según la fiscalía.

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