Acoso, robos, palizas y racismo: así operaba una banda de 'desokupaciones' desmantelada por los Mossos

Los Mossos d’Esquadra han desmantelado una banda de desokupaciones extrajudiciales que, bajo la apariencia de una empresa legal, actuaba en la provincia de Tarragona mediante coacciones, amenazas, robos y violencia contra inquilinos. En total, son 16 los detenidos, a los que han intervenido dos armas de fuego y dinero en efectivo. La empresa es Antiokupa Tarraco, según el auto judicial. Dos de los detenidos están en prisión preventiva. 

Las actuaciones de la banda incluyen un amplísimo repertorio de coacciones, amenazas y robos e incluyen episodios extremos. Entre ellos, destrozos de vehículos y domicilios, palizas, instalación de GPS en las víctimas para seguirlas, el robo de un perro o incluso la sustracción de una niña de tres años de las manos de su madre para que esta saliera de su vivienda y así los atacantes poder entrar en ella y echarla. También apunta la investigación judicial a “cierta colaboración” entre ese grupo y la Policía Local de Mont-roig del Camp.

Las detenciones se enmarcan dentro de una causa abierta por el Juzgado de Instrucción 3 de Reus, que investiga a otras once personas por los mismos hechos. Durante sus pesquisas, la policía catalana ha constatado que la banda se presentaba como un servicio de mediación para desahucios pero que, en realidad, se dedicaba a acosar a los inquilinos, movida además por motivaciones racistas. 

“Los detenidos actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por razón de origen, raza o etnia, y eran especialmente violentos y expeditivos contra las personas pertenecientes a los colectivos de determinados orígenes nacionales o étnicos”, concluyen los Mossos en un comunicado. 

El acoso en cuatro fases: de las llamadas a las palizas

La tarea policial ha permitido sacar a la luz el modus operandi de esta organización tarraconense, cuyas acciones podían ir dirigidas a inquilinos en situación de impago o de ocupación, pero también con contrato vigente. Se trata de un funcionamiento que el juez también describe pormenorizadamente y que resume en cuatro fases: negociación, vigilancia y acoso, coacciones y aumento de la intensidad criminal. 

La empresa de desokupaciones, que cobraba entre 3.500 y 4.000 euros a propietarios a cambio de desalojar sus inmuebles, iba incrementando de forma “gradual” la gravedad de sus actuaciones. Primero, ofrecían un acuerdo a los inquilinos para abandonar la vivienda. Si la respuesta era negativa, comenzaban toda un repertorio de “acciones delictivas” para echarles. Ello podía incluir, según la investigación, amenazas telefónicas con multitud de llamadas en horario nocturno, golpes a la puerta, coacciones mediante el corte de suministros o “daños y desperfectos” en los inmuebles. 

También ese acoso inicial pasaba por las amenazas. “Si no te vas, saldrás con los pies por delante”, “te vamos a quemar”, “te vamos a matar”, son algunos de los ejemplos que recoge el juez en su auto.

Si aun así el piso no quedaba vacío, la organización subía un grado más la violencia. Entonces podían presentar denuncias falsas, violar el domicilio o robar con fuerza en el interior de la vivienda, romper los cristales o pinchar ruedas de coches… “En algunos casos, llegaron a efectuar robos violentos y lesiones graves a algunos de los inquilinos. Algunos de los episodios más graves tuvieron lugar en presencia de menores”, recalcan el comunicado policial. 

La repertorio de actuaciones es larguísima. En un caso robaron el perro de un inquilino. A una mujer le arrancaron a su hijo de las manos para que no cerrara la puerta y así poderse colar en casa y dejarla fuera. A otro afectado lo apalearon en la puerta de su trabajo y le rompieron dos costillas y el tímpano.

Por todo ello, y tras una investigación que ha durado ocho meses, los detenidos están acusados de delitos de coacciones, amenazas, usurpación de funciones, acoso, violación de domicilio, daños, robo con fuerza, robo con violencia y contra la integridad moral y el sentimiento religioso. Los Mossos calculan que participaron en un total de 60 hechos delictivos en todo el territorio catalán, sobre todo en Tarragona. 

Vínculos con un bufete de abogados

Un último aspecto de funcionamiento que los Mossos también consideran relevante es su vinculación a un despacho de abogados local. La empresa usaba la “cobertura” de un bufete para dar “apariencia de legalidad” a su actividad. Además, añaden, el propietario del despacho era socio de la empresa de desokupaciones. Asimismo, los Mossos señalan que algunos propietarios de los inmuebles que eran clientes de la banda participaron en los desalojos. 

Las detenciones, que afectan a personas de entre 27 y 59 años, se han llevado a cabo en las poblaciones de L’Hospitalet de l’Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona. Cinco de los arrestados presentaban antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o salut pública.