Más que una terrible pérdida: La lucha de las familias tras el femicidio
El dolor desgarrador de perder a la mamá, hermana, hija, nieta o sobrina por un femicidio no es lo único con lo que deben lidiar las familias que sufren esta tragedia. Al intentar retomar una vida que cambió súbitamente, topan con nuevas y complejas realidades. Abuelas o tías maternas, por lo general, son quienes acogen a las personas menores de edad que perdieron a su madre; y además, enfrentan desafíos económicos y hasta de salud mental.
Por todo lo que conlleva para las personas sobrevivientes de femicidio perder a una mujer de su familia, en Costa Rica, hace dos años, fue aprobada La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio número 10.263.
La Ley reconoce “el deber que tiene el Estado y el derecho que les asiste a las víctimas sobrevivientes de femicidio, que han sufrido daños en su salud física, psicológica, emocional, patrimonial y, en algunos casos, también en su integridad física, así como en sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales, a la reparación integral del daño causado por el femicidio como manifestación de la violencia extrema contra las mujeres, como medio para que puedan construir un nuevo proyecto de vida, en reconocimiento de sus derechos y de la justicia”.
El texto agrega que “la reparación tiene contenidos económicos, materiales, de prestación de servicios y simbólicos, según lo define la presente ley”.
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Además, cuenta con un fondo económico de reparación integral que tiene como beneficiarias a las personas sobrevivientes de femicidio: hijos e hijas de las víctimas de femicidio hasta los 18 años o inclusive hasta los 25 años, si continúan estudiando. También a los familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad, que convivían con la víctima al momento del femicidio.
Asimismo, toma en cuenta a adultos mayores en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuidado o manutención de la víctima de femicidio y a personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, en primer grado de consanguinidad o afinidad, dependientes del cuidado o manutención de la víctima de femicidio.
Para los beneficiarios del fondo, la ley estipuló que como parte del Régimen de Reparación Integral recibirían un subsidio mensual equivalente a medio salario base (¢231.100). Hasta ahora, ese apoyo económico se mantiene como una promesa, pues no ha llegado.
Además del subsidio, a las personas sobrevivientes de víctimas de femicidio se les debe asegurar la atención prioritaria en asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continua y especializada brindada por la Caja Costarricense de Seguro Social, así como becas de estudio, entre otros.
Sin embargo, testimonios de familias sobrevivientes de femicidio exponen que esto tampoco se ha cumplido a cabalidad.
Todos los nombres de los siguientes relatos fueron cambiados para resguardar la identidad de las niñas, niños, adolescentes y sus familiares.
¿Qué pasa después de un femicidio?: la historia de Vanessa y su sobrina nieta
Datos del Instituto Nacional de la Mujer, citados en La Nación, informan de que entre el 2016 y febrero del 2024, 162 personas menores de edad perdieron a su madre víctima de un femicidio. Una de ellas es Keilyn, hoy de 10 años.
La niña está a cargo de su tía abuela. La madre fue asesinada por el progenitor de Keilyn en un puente peatonal, cuando la joven tenía a la niña en brazos.
Han pasado casi seis años desde el crimen y Vanessa continúa luchando para que le otorguen la representación legal de su sobrina nieta, a quien decidió proteger después de la tragedia.
“A la mamá la mataron delante de ella. Ha pasado por etapas, ahora lo va asimilando, ha pasado por muchas cosas. Tiempo atrás tuvo acompañamiento psicológico, el PANI (Patronato Nacional de la Infancia) me ayudó en ese momento. Poco a poco ha ido hablando. Dice que la mamá está viva y el papá muerto. El estatus de ella no es claro, el papá está pidiendo verla. Él tiene la patria potestad”, detalló Vanessa.
El temor de la mujer es que la separen de la niña. Cuenta que incluso en su familia (tiene dos hijos adultos) han querido hacer paseos con ella, pero que no pueden porque se requiere un permiso del progenitor, al ser quien posee la patria potestad. El hombre está privado de libertad.
“Mi temor es que me la quiten. Nadie más está solicitando la tutela, solamente yo. Yo me he hecho cargo. Les digo a los señores del PANI que espero que no me la quiten. No me han dado la custodia porque no se pueden brincar el proceso del papá. A la niña la han llevado a audiencias y yo no he podido estar con ella. Mi fe en Dios es que no me la quiten, pero no me dan certeza de nada. No soy importante en los trámites”, detalló a mediados de abril, meses después de una primera entrevista con este medio. La situación seguía siendo la misma.
Según lo estipulado en la Ley 10.263, en caso de que el padre de la persona menor de edad “le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo”, ocurre lo siguiente:
“El primero perderá la posibilidad de tener un régimen de interrelación familiar con la persona menor de edad y no podrá ejercer su guarda, crianza y educación”.
Además del estatus legal de la niña, que aunque la Ley es clara, ha pasado años sin resolverse, doña Vanessa cuenta que tampoco está recibiendo ninguna ayuda por parte del Estado, empezando por el fondo establecido que aún no ven las víctimas indirectas de femicidio y que en este caso debe beneficiar a Keilyn.
Vanessa cuenta que desde hace dos años le suspendieron la beca escolar a la niña alegando que ellas no viven en pobreza extrema, aun cuando la Ley Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio indica que el régimen de reparación integral consistirá en “becas de estudio en todo el proceso educativo, desde el preescolar hasta la educación superior pública para las personas beneficiarias”.
Con relación al subsidio que el PANI otorga en estos casos para las familias que se hacen cargo de personas menores de edad que perdieron a su madre por femicidio, Vanessa dice que a ella no le brindan esa ayuda.
“El PANI da un subsidio para los menores de edad, siempre y cuando ellos le hayan pedido a uno encargarse de la niña. Pero yo lo hice por mi propia voluntad”.
Vanessa, quien es la tía abuela de Keilyn, cuenta que la niña no está con su abuela materna porque la mujer no lo ha solicitado.
Además, admite que, en su momento, en el PANI le dijeron que la abuela de la niña no era la persona idónea para cuidarla, pues años atrás ella había “dado el visto bueno” para que un sujeto 19 años mayor que su hija menor de edad iniciara una relación impropia con la joven. El hombre terminó siendo el feminicida de la muchacha cuando ella tenía 19 años.
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Acompañamiento para los niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus mamás
En el 2023, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ingresaron 17 nuevos casos de niños y niñas que perdieron a su mamá por femicidio. Así lo detalló Dixiana Centeno Víctor, psicóloga de la Unidad para la Igualdad y Equidad de Género de esa institución.
Consultada sobre el acompañamiento que se es brinda a las personas menores de edad como “víctimas indirectas de femicidio”, ella explicó lo que procede:
“Se brinda atención integral inicialmente, se da de forma prioritaria y no revictimizante por funcionarios de Trabajo Social, Psicología o desde el área legal. Se brinda atención y seguimiento. Se incorpora a personas menores de edad en los diferentes servicios que tiene el PANI, específicamente atención psicológica, social, legal, interdisciplinaria, interinstitucional, también tenemos servicios de prevención (...)”.
Como parte del acompañamiento, si el caso lo requiere, es posible que se contrate a algún especialista para trabajo relacionado con traumas.
“También trabajamos de manera interinstitucional para activar esos servicios que ya son competencia de otras entidades, tratamos de que la atención sea integral y de calidad. Se da acompañamiento terapéutico y social a la familia, al lugar de acogimiento o familia primaria, se brinda representación legal dependiendo de cada caso (...)”.
También precisó que el PANI da seguimiento a la atención de servicios de salud de las personas menores de edad en caso de que haya alguna referencia.
Centeno aseguró que el Patronato aplica las competencias que tienen dentro de la Ley 10.263, que en su artículo 9 dispone:
“Deberá incluir, de oficio, a las personas beneficiarias menores de edad en todos los programas institucionales de atención y asistencia técnica, incluyendo atención psicológica, legal, social, becas y otros beneficios, en un plazo no mayor de quince días hábiles desde que se activa el Régimen, incluyendo la Red Nacional de Cuido”.
Además, la psicóloga agregó que la institución cuenta con un Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas Indirectas de Femicidio que está activo desde el 2021.
El protocolo incluye que se les brinde la atención integral mencionada anteriormente por la funcionaria; además, privilegia ubicarle en un lugar de acogimiento familiar. Cuando las personas menores de edad que perdieron a su mamá son un grupo de hermanos, prevalece mantenerlas juntas.
Con relación a la permanencia del apoyo que reciben niños, niñas y adolescentes, la funcionaria explicó que este se mantiene hasta que se defina la condición legal de la persona menor de edad. En caso de ser necesario, por ejemplo, con las terapias psicológicas, existe la posibilidad de que la atención quede activa, usualmente, con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Generalmente, el PANI entrega un subsidio para las familias de acogida que está sujeto a valoración, detalló Dixiana Centeno Víctor.
Relaciones impropias: Cuando la edad sí importa
‘Hay que rogar por los derechos’, dice tía de adolescentes que perdieron a su mamá
Carmen es otra familiar sobreviviente de femicidio que espera que la Ley 10.263 se cumpla y le respalde a sus sobrinos y a su madre. Ella es la tía de Allan y Amanda, de 13 y 15 años, respectivamente.
Los adolescentes perdieron a su mamá en el 2020. Desde entonces nada ha sido sencillo. Él ha presentado cuadros depresivos y ella ataques de pánico. Su tía Carmen es quien les paga atención psicológica privada.
La orientadora del colegio de Amanda le ayudó para que la atendieran en Psicología de la CCSS, sin embargo, la tía cuenta que la cita no duró ni 15 minutos. Además, la invitaron a asistir a grupos en los que otras personas de su edad exponían lo que estaban viviendo, propuesta que no resultó cómoda para la adolescente, pues se sentía nerviosa e insegura.
“Cuando sucedió lo de mi hermana estaban más pequeños. Ahorita, cada día son más conscientes de la situación”, dice Carmen, su tía materna.
Ella se ha hecho cargo de sus sobrinos, aunque están en trámites para que la representación legal sea para su madre Amelia, de 63 años. Sin embargo, la señora no cuenta con ningún tipo de ingreso ni de apoyo estatal para solventar las necesidades de sus nietos menores de edad.
“Es muy difícil, complicado. Es pasar por una mala situación y luego ver que quienes se supone van a abrirte la puerta, te la cierran. De parte del Estado y del PANI no hemos recibido apoyo.
“Digo que por lo menos la atención psicológica podría ser más personalizada. Que la cita no dure 10 minutos, que den buen seguimiento”, expresó Carmen, quien resaltó que este acompañamiento también debería de ser para ella y su madre, a fin de saber cómo apoyar y guiar a los hijos de su hermana en este proceso.
Ni Allan ni Amanda reciben becas para seguir estudiando y a Carmen le preocupa cuando sus sobrinos deban ir a la universidad. Por ahora, dice, entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social le han negado la ayuda a su madre, alegando que no califica. Por esto, la tía se hace cargo económicamente de los sobrinos.
En medio de todo el impacto emocional y psicológico que implica perder a una mamá, hermana e hija, esta familia ha lidiado, además, con que el supuesto feminicida continúe en libertad.
El caso de la hermana de Carmen trascendió en el 2020, cuando la mujer fue encontrada fallecida en una habitación de la casa en la que vivía, en Guanacaste.
La Fuerza Pública halló el cuerpo de la madre de cuatro hijos (hoy dos mayores de edad), luego de que vecinos alertaran sobre una discusión dentro de la vivienda. El supuesto feminicida fue detenido luego por incumplir las medidas de alejamiento, impuestas hacía tres meses, que la mujer había solicitado y que dictaban “la salida inmediata del domicilio familiar y la prohibición de agredirla verbal, física o psicológicamente”.
El 17 de febrero del 2021, seis meses después del crimen, La Nación informó de que los análisis forenses realizados al cuerpo de la mujer en la Morgue Judicial determinaron que “la manera de muerte fue homicida y la causa fue asfixia”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A noviembre del 2023, el sospechoso se mantenía en libertad. Carmen puso la denuncia por feminicidio en el 2020 y fue hasta este año, según detalló el 11 de abril, que ya le dieron una fecha de juicio para junio del 2025.
“Él está libre. Lleva más de tres años libre. Esto ha sido un viacrucis. No sé si lo peor es la muerte o pasar por esto que revive todo el dolor.
“Sabe dónde vivimos, sabe todo sobre mis sobrinos. La justicia costarricense no nos ha dado ningún tipo de protección. Hubo un tiempo en el que (el sospechoso de femicidio) llamaba a la hija mayor de mi hermana para molestarla. Ahora está en aplicaciones de citas y en sus redes sociales dice que está buscando pareja. Seguro lo que esperan (las autoridades) es que mate a otra mujer”, lamentó.
“Hasta el día de hoy sigo con trauma. No he podido establecer una relación, me da miedo que me maten. Es muy traumático”, Carmen, hermana de víctima de femicidio
El desolador caso de Britney
La muerte de Britney Vilchez, de 13 años, es el caso que más eco ha hecho sobre el incumplimiento de la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio. El activista Óscar Morera, quien aboga por las familias sobrevivientes de femicidio, así lo denunció a finales de setiembre del 2023, pocos días después de que la adolescente falleció por causa de un tumor cerebral.
La niña era hija y nieta de dos mujeres que fueron asesinadas por su progenitor en el 2016. Desde entonces, Britney, a quien citamos con nombre y apellido debido a que su caso fue expuesto en medios de comunicación, vivió con su tía materna, Miriam Espinoza.
El 29 de setiembre, Óscar Morera encaró en un acto público a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, por su supuesta inacción en el caso de Britney, quien según la Ley 10.263 debía tener atención prioritaria, tanto física como psicológica.
Mientras Britney estaba con vida, Morera expuso que Quesada se comprometió a enviar un oficio para garantizarle atención prioritaria a todas las personas sobrevivientes de femicidio, promesa que nunca se cumplió, afirmó el activista en esa ocasión.
A su vez, expuso que Quesada tampoco respondió en el plazo estipulado por los magistrados de la Sala IV, luego de un recurso de amparo que él interpuso en defensa de Britney, informó La Nación.
En siete años, la familia materna de Britney ha vivido el femicidio de la mamá y la abuela de la niña y luego el fallecimiento de la niña por “negligencia, desinterés e ignorancia” de la Ley 10.263, según consideran Espinoza y Morera.
Miriam acogió a Britney y a su hermanito cuando la niña tenía cinco años y medio y el pequeño uno. A ellos los crió junto a sus dos hijos. El dolor paralizante de saber que su mamá y hermana fueron asesinadas cuando sus sobrinos estaban en el lugar del doble femicidio ha sido un trauma con el que esta mujer ha tenido que avanzar, mientras las necesidades económicas son muy más grandes.
“Al principio la municipalidad y el Club de Leones nos estuvieron ayudando con víveres. Eso fue por tres meses, más o menos. El IMAS nos pagó por seis meses el alquiler cuando eso pasó. Después de ahí ha sido bastante difícil. Como tengo a los niños me ha costado salir a trabajar”, contó la tía. Tras la muerte de su sobrina, ella se hace cargo de sus dos hijos y de su otro sobrino, hoy de ocho años. Por este niño recibe un subsidio por parte del PANI, que a veces representa el único ingreso de la casa.
Miriam ha continuado solicitando apoyo: cuenta que en octubre pasado, el IMAS le brindó ayuda para el alquiler de su casa por tres meses. En la vivienda vive con su hermano, hoy de 22 años, quien también es sobreviviente de femicidio. Él estudia de noche para poder trabajar por el día, pero le ha costado encontrar una oportunidad laboral. Por edad y por continuar estudiando, él es uno de los beneficiarios del fondo que aún no se entrega.
La mujer, que es madre soltera, procura realizar rifas para conseguir un ingreso extra y así poder solventar algunos de los gastos. Si gusta ayudar a Miriam Espinoza y a su familia, ella tiene habilitado el sinpe móvil 6036-9165.
‘Supliqué por ayuda para Britney’
El siguiente relato contiene detalles sensibles.
Miriam Espinoza recuerda que Britney, su sobrina, empezó a sentirse mal en julio del 2023. La niña manifestaba muchos dolores de cabeza; la tía pensó que tenía estrés por los exámenes de la escuela.
“Le daba una pastillita y se le pasaba. Un día amaneció vomitando, creí que era un virus, pero los síntomas no se le quitaron y el dolor empeoró. Vomitaba todo. La llevé a Emergencias, luego saqué no recuerdo cuántas citas. En Emergencias le ponían suero y le mandaban acetaminofén e ibuprofeno, me decían que si seguía con dolor tenía que sacarle cita para que la vieran en el Ebáis”.
La tía cuenta que insistía en que la atendieran, pues la niña estaba perdiendo peso y se veía con debilidad. Empezó a olvidar todo y no volvió a reír. No quería ir a la escuela.
“De repente convulsionaba. La llevaba y me decían que eso no era emergencia porque los signos estaban bien. Llegué a esperarme hasta siete horas para que la vieran…”.
En su persistencia por atención, los médicos le dijeron a Miriam que referirían a Britney a Psiquiatría. Ella les pedía que le hicieran exámenes más a fondo y la respuesta que recibía, dice, era que la niña “tenía una fuerte migraña y que andaba un virus”.
Miriam consiguió que le hicieran exámenes de sangre y la doctora que los revisó dijo que Britney tenía una infección, pero que no sabía en qué parte del cuerpo.
En el proceso, el activista Óscar Morera, quien es el padre de Eva Morera, la joven que fue asesinada por su expareja en el 2019, ayudó a Miriam para llevar a Britney a una consulta privada.
“Esa vez la doctora me dijo que lo que Britney tenía era depresión por lo que había pasado con mi mamá y con mi hermana. Ella había presenciado cuando el señor mató a mi mamá mientras le suplicaba para que no lo hiciera. El papá le decía que tranquila, que al terminar seguía con ellos (la niña y el hermanito)”, recordó Espinoza.
El 7 de setiembre del 2023, Britney empeoró. No reconocía a su familia y volvió a convulsionar. Miriam la llevó de emergencia al Ebáis y como no tenía cita, se negaron a atenderla. Cuando por fin aceptaron valorarla le dieron una referencia para que la llevaran a Psiquiatría. Llegó una ambulancia y la paramédico que les acompañaba dijo que cómo la iban a remitir a esa especialidad cuando la pequeña presentaba otros síntomas.
“La refirieron al Hospital de Heredia, iba mal y le hicieron un TAC. Vieron el resultado y salía que tenía un tumor que había explotado y le contaminó la cabecita. Por eso estaba tan mal. Si no hubiera sido porque la muchacha de la ambulancia dijo que ella tenía otros síntomas, Britney se hubiera muerto en la casa”.
Britney fue enviada de emergencia al Hospital México, donde la operaron y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Después pasó a un cuarto de recuperación, pues por edad, Britney, de 13 años, no pudo ser atendida en el Hospital de Niños.
“La dejaban con el pañal sucio, no la bañaban, no le ponían atención cuando decía que le dolía la cabecita. Le hicieron una resonancia y el resultado tardaba 15 días en llegar; de tanto esperar para ver si podía resistir otra operación, fue empeorando. La atención fue mala. Íbamos a suplicar y veíamos a los doctores con el teléfono en la mano.
“Después la sacaron urgente a operar otra vez y le hicieron tres cirugías más. Luego de la tercera me llamaron y dijeron que estaba muy mal. No podía resistir una última operación y falleció. No había nada que hacer. Vieras lo que nos dolió”.
Durante este proceso, amparada en que la ley se cumpliera con respecto a la atención prioritaria que promete, Miriam dice que “se arrodilló” para obtener ayuda. Considera que en todo el proceso “hubo negligencia”.
En medio de la desesperación de ver a la niña mal, cuenta que acudió al PANI para pedir que la ayudaran a que Britney tuviera prioridad de atención.
“Dijeron que si Britney no ponía de parte de ella, que si no quería ir a la escuela y no obedecía, le harían una visita y la llevarían a un albergue. Yo le pedí a la trabajadora social una referencia de parte de ellos para que le diera prioridad. Desde que pasó todo con mi hermana y mi mamá nunca sentí que le dieran prioridad. Solamente recibía un subsidio del PANI”.
Miriam repasa lo acontecido y piensa que si su sobrina “hubiera recibido la atención necesaria y prioritaria” hoy estaría con ellos.
“Quizá tendría secuelas, pero no la hubiéramos perdido”.
A mediados de mayo, antes de publicar este reportaje, se contactó nuevamente a Miriam Espinoza para conocer qué había pasado con el caso de Britney, pues ella tenía pensado presentar una denuncia por negligencia médica; sin embargo, no se obtuvo respuesta a los mensajes que se le enviaron.
“Todas las instituciones públicas deberán brindar atención prioritaria, expedita y permanente, sin requisitos ulteriores a los indicados en esta ley, a las personas beneficiarias de este. Especialmente el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP)”, reza la Ley 10.263.
¿Qué ha pasado con el fondo de reparación?
Cuando La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Feminicidio fue aprobada, se designó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) como ente administrador del fondo que se nutriría de cuatro fuentes de financiamiento, basadas en los artículos 23, 39 y 68 bis de la Ley de Armas y Explosivos.
A dos años de aprobada la legislación, las personas beneficiarias no han recibido el subsidio mensual prometido y como se expuso antes, tampoco la prioridad en su atención integral que exige la normativa que se aprobó a finales del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
“Cuando la Ley se aprueba en la Asamblea Legislativa a finales de abril del 2022, en la carrera e incertidumbre de lo que iba a pasar, se comete un error de redacción en uno de los cinco componentes más visibles y es que no tiene fondos adecuados para funcionar”, detalló el activista Óscar Morera a Revista Dominical en noviembre, cuando se empezó a reportear este trabajo.
Morera recordó que varias familias se acercaron al Inamu para acordar hacer las reformas a esta normativa en conjunto.
“Había una carrera porque decían que a partir de mayo empezaban a correr el plazo de seis meses para tener el reglamento (de la Ley) listo. En agosto del 2022, la intención era que el Inamu y las familias trabajaran en conjunto en la reforma de la ley y presentar un comunicado diciendo que estábamos trabajando en conjunto y que queríamos pedir más tiempo para el reglamento”.
El activista continuó: “En noviembre de ese año (2022), lo que pasa es que el Inamu presentó una serie de reformas que no iban con el espíritu de ley. Lo primero que decían era que se iba a reconocer el derecho de las familias a partir del 2022, cuando la ley establece que las familias (beneficiarias) tienen derecho desde que se publica la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica desde el 2007. Además, planteaban un subsidio único de ¢5 millones (...). Recordemos que una ley de derechos humanos no puede ser regresiva”.
Desde el 2007 a la fecha, 448 mujeres han muerto por causa de un femicidio en Costa Rica.
Según Morera, cuando las familias buscaron conversar con las jerarcas del Inamu para manifestar lo que no les parecía de la Ley, Adilia Caravaca, presidenta ejecutiva de la institución, les sugirió que entonces fueran a la Asamblea Legislativa.
“Hice caso, fui a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, ahí tuvimos una reunión con un grupo de familias y se creó un grupo de trabajo con la oficina para hacer reformas que las familias consideraran adecuadas. La abogada de la oficina nos dijo que debíamos incluir al Inamu porque es el ente rector. Nos pareció muy acertado para recuperar el proceso de diálogo”, contó Morera.
En cuanto al reglamento de la normativa, el Poder Ejecutivo incumplió el transitorio de la ley que le daba seis meses de plazo para publicar el reglamento de operación del Fondo Económico de Reparación de Sobrevivientes de Femicidio.
A inicios de febrero de este 2024, La Nación informó de que según el Inamu ya contaba “con una versión del borrador” que estaba siendo analizada.
Consultado el 14 de mayo sobre si ya se había publicado el reglamento, en la oficina de prensa del Inamu respondieron con un documento en el que plantean que debido a los problemas estructurales que presenta la actual Ley de Reparación, lo mejor es “impulsar una nueva”.
“Esta conclusión se obtiene luego de que se han realizado múltiples intentos por reglamentar la ley actual, sin embargo, la redacción de dicho reglamento es infructuosa debido a que existe materia que no se puede resolver en un reglamento porque es reserva de ley. Sin embargo, el no contar con el reglamento no significa que no se está apoyando la reparación simbólica de las familias sobrevivientes de femicidio (...)”, dice el documento.
Agregan que es improcedente la confección de un reglamento para la actual legislación, debido a que no se puede reglamentar una ley que tiene “serias inconsistencias y deficiencias (...)”.
“En la actualidad, el Congreso está trabajando en el proyecto de ley de reforma presentado por el Inamu”, reza la respuesta de la institución, sin aclarar si se refieren a un nuevo proyecto de ley o al que ya fue presentado, en conjunto con las familias, en la Asamblea Legislativa.
Óscar Morera, contó que luego de las gestiones en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, en mayo del 2023 se acordó trabajar en un proceso “que fuera consensuado entre familias, diputaciones y el Inamu”. El documento se presentó a inicios de mayo de este año.
En este proceso participaron funcionarios del Inamu, pero no Cindy Quesada, la ministra de la Condición de la Mujer, ni tampoco la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca, según mencionó Morera.
Esta nueva reforma establece que el subsidio sea de la sexta parte de un salario base (ya no la mitad), cerca de ¢80.000 mensuales y además, que el fondo tenga un proceso de maduración. Asimismo, incluirían como beneficiarias de la ley (pero no del fondo de subsidio) a las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio.
“Cabe recordar que de los beneficiarios de la ley, los únicos que reciben o son parte del fondo de reparación son hijos e hijas (hasta los 25 años en caso de que estudien), adultos mayores y personas con discapacidad que dependían de la víctima de femicidio”, añadió el activista.
¿Qué pasa con el fondo en este momento?
Con relación al fondo, el Inamu precisó a La Nación, en febrero de este año, que “la fuente de financiamiento resulta insuficiente. Hasta la fecha, no se ha logrado la capitalización del fondo. La fuente financiera que estableció la ley para alimentar el fondo pone en riesgo su viabilidad. Este requiere necesariamente un periodo de madurez y capitalización, que resulta vital para su robustez y la distribución de los recursos”.
El activista y defensor de los derechos de las familias sobrevivientes de femicidio expresó su preocupación, alegando que en declaraciones de la presidenta ejecutiva del Inamu, Adilia Caravaca, y la ministra de la condición de la mujer, Cindy Quesada, en un programa de radio y en la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa “insisten en que están atadas de manos y que una vez que se publique el reglamento van a repartir la poca plata que hay en el fondo (¢131 millones). Esto hará que el fondo quede en cero. Es una actitud irresponsable y cortoplacista. Lo importante es garantizar la sostenibilidad del fondo para hijos e hijas de víctimas”, expresó Morera.
¿Qué dicen las jerarcas del Inamu sobre la Ley 10.263?
A finales de noviembre del 2023, Revista Dominical solicitó una entrevista con Adilia Caravaca y Cindy Quesada para hablar sobre La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Feminicidio.
Una profesional especialista de la Oficina de Comunicación del Inamu informó en un correo electrónico de que por la agenda de las jerarcas no era posible obtener el espacio. En el mismo mensaje adjuntó “un insumo preparado con información de la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Feminicidio”.
Posteriormente, se insistió por un espacio de entrevista con las jerarcas. No se obtuvo respuesta.
El documento brindado hace énfasis en el “apoyo que el Inamu, mediante sus servicios de atención en violencia, ha brindado a familiares sobrevivientes de femicidio”.
“La ley de Reparación Integral de Víctimas de Femicidios, No. 10263, para personas sobrevivientes de femicidio es muy reciente, está vigente desde mayo del año 2022. Ha sido una prioridad para la gestión Chaves Robles fortalecer esta ley, pues tenía importantes debilidades, especialmente en la materialización económica”, reza el documento.
Tal y como indican, la ley entró en vigor hace dos años y ciertamente aún no se aplica. Para el activista Óscar Morera ha faltado “voluntad política”.
En el documento, se resalta que “la institucionalidad se ha mantenido trabajando, en coordinación con el Inamu en la atención de víctimas”.
“La articulación que la institucionalidad realiza permite que familiares de víctimas de femicidio puedan acceder a programas estatales que brinden, entre otros beneficios, apoyo para mejorar de forma permanente y sostenida los ingresos familiares”, indicaron.
Mencionan como ejemplo la dotación de recursos por medio del programa institucional Fomujeres y la articulación que realiza el departamento de violencia de género del Inamu con otras instituciones para apoyar a las familias en servicios de salud, becas para estudiar, entre otros.
Afirman que la propuesta de “operativización” de esta atención será a través de una etiqueta en Sinirube que se está desarrollando en el Consejo Presidencial Social.
“Sin embargo, esto no implica que -por no existir un carné o su equivalente al proceso de la etiqueta- el Inamu haya dejado de gestionar ante las otras instituciones los apoyos requeridos”.
El activista Óscar Morera comentó que entre las familias sobrevivientes de femicidio surgió la idea de que se les facilitará un carné para poder acudir en busca de los servicios y apoyo que exige la ley, pues muchas funcionarias no conocen la normativa.
El Inamu también expone que como parte de un enfoque preventivo, la estrategia llamada Ruta de Género ha implementado 216 Espacios Seguros que, según la institución, funcionan en comercios y medios de transporte que reciben una inducción para ofrecer primeros auxilios a mujeres víctimas de violencia machista.
Además, dicen contar con 32 Puntos Violeta en diferentes regiones del país que ofrecen asesoría legal y psicológica a mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia.
Mencionaron a Britney Vílchez, pero no su caso
En el texto, que el Inamu compartió para este reportaje ante la imposibilidad de tener una entrevista con sus jerarcas, se menciona a la niña Britney Vílchez, pero no se hace referencia a su caso ni muerte.
“Por mencionar solo uno de los ejemplos de los casos en los que se ha intervenido, no solo con querellas en acompañamiento a las familias, sino con otros servicios, mencionamos el caso de Britney Belén Vílchez Espinoza”, empezaron.
En el documento cuentan que la niña era hija de una mujer que fue víctima de feminicidio en el 2016 y que desde entonces el instituto ha estado acompañando y orientando a la familia, en contradicción con lo expresado por la tía que asumió el cuidado de los hijos de la víctima.
“Se coordinaron las honras fúnebres de la madre de la infante que incluyeron recoger y trasladar el cuerpo de la mujer y brindar servicio fúnebre (el pago de los servicios funerarios se gestionó con IMAS), se coordinó con el PANI para que la custodia de la menor fuera dada a la tía; se solicitó atención psicológica al PANI, así como atención psicoterapéutica y médica prioritaria ante la Caja; se gestionó con la Mutual Alajuela un bono llave en mano y se está gestionando con el IMAS el menaje de la casa”, expusieron.
Según narró la tía de Britney, en noviembre pasado, la niña nunca tuvo atención prioritaria y tal y como denunció Óscar Morera, la ministra Cindy Quesada no cumplió la promesa que hizo a las familias de emitir el oficio para que recibieran atención prioritaria, acción que hubiera beneficiado a la menor de edad.
“Ha incumplido el compromiso en tres ocasiones: la primera en agosto del 2022, la tercera en noviembre del 2022 y la tercera en mayo 2023″, dijo Morera.
La afirmación del Inamu sobre el bono y menaje de la casa no pudo ser confirmada con Miriam Espinoza, tía de Britney. La última conversación con ella ocurrió en noviembre y en ese momento contó que el IMAS solamente pagaría el alquiler de su casa hasta diciembre del 2023.
El Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial indicó que entre el 2020 y el 2023 se han registrado 47 feminicidios: las mujeres eran madres de 89 menores de edad.
El caso de Kimberly
Recientemente la atención de Costa Rica estuvo puesta en el caso de Kimberly Araya, de 33 años, quien tras varios días desaparecida fue hallada muerta el 26 de abril. Su esposo, y padre de sus tres hijos menores de edad, figura como principal sospechoso de cometer el delito de homicidio que se investiga como femicidio.
Tres días después, el lunes 29, representantes de la CCSS, el IMAS, el MEP, el Inamu, el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública, dieron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la prevención y ofrecer servicios de ayuda, pero también para denunciar la gravedad de la situación de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el PANI, en los últimos tres años, la institución atendió a 89 niños, niñas y adolescentes, a los que calificó como “sobrevivientes de feminicidio”. Además, Mario Zamora, ministro de Seguridad, informó de que desde que iniciaron su plan para enfrentar la ola de criminalidad en el 2023, al que denominaron Ruta Segura Plus, han atendido 15.840 situaciones de violencia intrafamiliar.
Mientras historias como la de Kimberly generan conversación y conciencia y otras mujeres permanecen desaparecidas, La Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio no se cumple como se prometió. Hoy cientos de niños, niñas, adolescentes y familiares de las mujeres víctimas enfrentan complicaciones para continuar con una vida que les cambió para siempre.
Preguntas y respuestas para solicitar ayuda
Dixiana Centeno Víctor, psicóloga de la Unidad para la Igualdad y Equidad de Género del PANI, contestó algunas preguntas de interés para personas sobrevivientes de femicidio.
-En caso de escuelas y colegios, ¿trabajan de la mano con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se les brinde acompañamiento en su proceso a las personas menores de edad?
-Nosotros participamos en la Comisión Nacional de Femicidios. Estamos varias instituciones, donde desde un nivel central tratamos de coordinar con todas las instituciones donde está el MEP para garantizar la asistencia del estudiante. Igualmente, el PANI cuando el caso está activo, tiene que garantizar todos los derechos de las personas menores de edad (...).
-Si alguna familia de acogida no está recibiendo subsidio, o si personas víctimas indirectas de femicidio necesiten atención psicología y no se las brindan, ¿a dónde deben acudir?
-La primera responsable es la institución a nivel local (PANI, CCSS, MEP) donde se encuentre la familia. Hay una responsabilidad directa. El Inamu (como ente rector de la Ley) da el seguimiento a las demás instituciones cuando no se cumple.
“Si hay algún incumplimiento, Inamu captaría esa situación y haría convocatoria a todas las instituciones (...)”.
-Si los adultos a cargo de las personas menores de edad solicitan el apoyo amparados en la Ley 10.263 y hay incumplimiento, ¿deben ir directo al Inamu a exponerlo?
- Puede consultar a la institución toda la ruta que debería realizar. Se puede acercar de manera directa sin conocer en detalle, también se brinda información para que se activen los servicios si es que en algún momento no se le habilitaron.
“Puede suceder que el caso no esté en la institución. Que la persona lo dé a conocer es importante, que solicite los servicios y ahí se activa la institución.
“Si el caso es conocido por la institución y se necesita requerimiento de algún servicio, (la recomendación) es que lo solicite en la instancia para que se le pueda brindar. Si la instancia incumple, lo ideal es elevarlo primeramente a la institución a nivel regional y luego central. La última instancia sería el Inamu”.