Editorial: Nuevo obstáculo a tercerización de Ebáis
La contratación de cooperativas para administrar una parte de los Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social tropezó, desde el primer día, con la oposición de poderosos intereses afianzados en la institución. Pasaron 37 años desde aquel primer día, la tercerización de servicios probó su utilidad, tanto desde la perspectiva de satisfacción de los usuarios como de los costos, pero la contra corriente no cede.
Bajo impulso de esas tendencias, la CCSS retomó la atención de los Ebáis administrados por la Universidad de Iberoamérica (Unibe) en el 2020, y pronto enfrentó la insatisfacción de los usuarios. La decisión se tomó aunque la Auditoría Interna calculó, en el 2017, que el costo de contratar el manejo de los Ebáis con terceros es un 50 % menor. Según el estudio, los 37 Ebáis del este de San José manejados por la Unibe costarían ¢4.227 millones adicionales en el primer año de “institucionalización” y la suma aumentaría en los siguientes.
Luego, la entidad intentó hacer lo mismo con las cooperativas encargadas, desde 1988, de atender a los pobladores de Barva y San Pablo de Heredia, San Francisco de Dos Ríos, San Antonio de Desamparados, Santa Ana, Escazú, Tibás, Pavas y Desamparados. Estábamos en plena pandemia y las limitaciones económicas de la seguridad social, sumadas a la experiencia de los Ebáis recuperados de la Unibe, dio al traste con la idea, ajena a los estudios ordenados por la Gerencia Médica y otros despachos de la CCSS.
La decisión de “institucionalizar”, afincada en prejuicios ideológicos y la amenaza de una competencia capaz de constituirse en punto de comparación, cedió ante consideraciones pragmáticas dictadas por las circunstancias, pero el proceso de licitación para renovar los contratos de las cooperativas comenzó con un traspié revelador de los obstáculos interpuestos por la administración de la CCSS.
En marzo del 2023, la Junta Directiva ordenó a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística anular el concurso y elaborar un nuevo pliego de condiciones. Los interesados en prestar servicios habían presentado 282 objeciones al cartel inicial para eliminar exigencias como la atención de cinco pacientes por hora, en lugar de cuatro, y una serie de gastos superfluos, como la obligación de desechar aparatos cuando alcanzaran el fin de la vida útil proyectada, aunque todavía funcionaran. Además, les exigía pintar las instalaciones con los colores de la CCSS y colocar su logo en todos los edificios.
Anulado el concurso a los 17 meses de iniciado, el proceso retomó el rumbo poco después, pero ahora un informe del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS pone en duda las sumas pretendidas por las cooperativas a cambio de sus servicios. Además, señala supuestas deficiencias del cartel de licitación meses después de cerrada la etapa de objeciones.
La Junta Directiva aplazó nuevamente la decisión de adjudicar la administración de los 138 Ebáis confiados a las cooperativas y esperará un informe independiente. “Existen dudas fundamentadas sobre la validez financiera del estudio de razonabilidad de precios presentado por la Junta de Adquisiciones”, dice la moción planteada a los directivos. Al mismo tiempo, no existen dudas de la resistencia interna a formalizar los contratos ni de la serie de estudios ejecutados en los últimos años para acreditar la conveniencia de hacerlo.
Representantes de las cooperativas cuestionan la metodología aplicada por el Área de Contabilidad de Costos y acusan un sesgo en los resultados. Coopesalud presentó una impugnación del estudio de razonabilidad de precios y pidió separar a la jefa del departamento del proceso de contratación. La CCSS hace bien al proponerse despejar las dudas, pero no debe hacerlo sin tomar en cuenta la historia de la contratación y la naturaleza de los obstáculos superados para llegar a la actualidad.