El profesorado víctima de LGTBIfobia solo recibe apoyo de la dirección en la mitad de los casos
Un año después de la aprobación de la Ley Trans y LGTBI+ y las medidas que contiene para garantizar la igualdad en el ámbito educativo, el sindicato CCOO y la Federación LGTBI+ hacen balance: solo el 18,8 % de docentes encuestados dice contar en su centro con los protocolos contra la LGTBIfobia que dicta la norma y la mitad de las víctimas de hechos de odio no reciben apoyo por parte del equipo directivo, según una encuesta llevada a cabo por ambas organizaciones.
Protocolo en vigor o no, la mitad del profesorado que sufre violencia decide no denunciar el caso, frente a un 30 % que sí lo hace (el quinto restante prefiere no contestar), según este análisis. La forma preferida de denunciar es ante la dirección del propio centro, que en un 50% de los casos actúa apoyando a la víctima. Sin embargo, en la otra mitad de los casos se desprotege al profesorado víctima de odio, dicen. Este abandono se materializa en la inacción del equipo directivo (18,6 %), la baja laboral (13 %) o el cambio de centro (12 %) de la víctima. Son muy escasas las situaciones en las que la víctima interpone demanda o la dirección sugiere que la víctima cambie de centro.
Cuando la agresión viene por parte del personal docente, el equipo directivo tiene muchas menos probabilidades de actuar que si la confrontación la ha originado el alumnado. María Rodríguez, la responsable de investigación de la FELGTBI+, explica que “tradicionalmente, se ha señalado al alumnado como principal fuente de odio, pero los resultados muestran que la violencia entre iguales existe y provoca situaciones más sutiles y sostenidas en el tiempo”.
Estas situaciones en los que el hecho de odio es continuado constituye una parte significativa de las respuestas: en el 26,7 % de los casos, la violencia se da de forma continuada a lo largo de un curso escolar o más. En esta tesitura, lo más común es que los episodios de odio vengan por parte del resto de personal docente.
La desprotección por parte del equipo directivo hacia el profesorado víctima de LGTBIfobia es más probable si el hecho de odio lo ha ejercido un igual. Las agresiones entre personal docente son menos frecuentes que las provenientes del alumnado, pero tienden a ser más prolongadas en el tiempo.
El informe Centros educativos, profesorado LGTBI+ y personas aliadas es el primero realizado de forma conjunta por la FELGTBI+ y Comisiones Obreras y quiere poner sobre la mesa datos objetivables sobre la situación del profesorado LGTBI+ un curso después de aprobarse la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El sondeo de la muestra no es probabilístico y ha contado con 1020 entrevistas. Un 45 % de las respuestas las dan personas aliadas LGTBI+, un 41 % personas queer y un 14 % docentes ni aliados ni LGTBI+. Según el tipo de centro, hay mayor proporción de institutos y, en cuanto a la titularidad, más de un 90 % son públicos.
Invisibles por miedo
Las organizaciones impulsoras del estudio quieren cuestionar la idea de que los centros educativos son espacios seguros. Aportan datos: solo el 31 % del profesorado LGTBI+ es totalmente visible en su centro y un quinto nunca manifiesta su identidad. El personal docente queer que participa en la encuesta pone como principal obstáculo para la visibilidad el miedo al acoso o a la discriminación con un 84 % de respuestas en este sentido. Además, un 41 % teme que se vincule su identidad u orientación a fenómenos estereotipados, como pederastia, y un 37 % tiene miedo a que se cuestione su profesionalidad. Uno de cada diez teme perder el empleo por visibilizarse.
El principal obstáculo para la visibilidad de docentes es el miedo al acoso o a la discriminación (84 %), el temor a que se vincule su identidad a fenómenos estereotipados (41 %) y el miedo a que se cuestione su profesionalidad (37 %). Uno de cada diez teme perder el empleo si manifiesta su identidad LGTBI+.
“Este temor no es infundado”, afirma David Armenteros, coordinador de educación de la FELGTBI+. “El personal LGTBI+ de los centros educativos no está amparado por procedimientos internos. Los protocolos de protección son testimoniales y escasamente prácticos cuando los datos de violencias que presentamos hoy son verdaderamente preocupantes”, continúa.
Y es que un 12 % de las personas participantes en la encuesta ha sido víctima de situaciones de odio. Sumado a quienes no han sufrido estos hechos pero los han presenciado, cuatro de cada diez docentes ha estado presente en una situación de odio. Las más comunes son las confrontaciones exclusivamente indirectas —exclusión o difusión de rumores—, con un 52 %. Las confrontaciones que solo son directas —insultos o amenazas— suponen un 18 % de los hechos de odio y las que conjugan elementos de ambas se sitúan en un 22 %.
El marco legal
Tanto la ley educativa LOMLOE como la Ley Trans y LGTBI+ incluyen la obligación de tener programas de educación para la diversidad, pero solo un 44 % de los institutos y 28 % de los colegios han impartido una formación en diversidad en los últimos dos años, remarca este estudio. Estas cifras han bajado respecto a años anteriores, y las entidades impulsoras señalan como posibles motivos de ello el desconocimiento de la importancia de estas formaciones y el miedo a quejas por parte de las familias o de la propia administración.
En lo que respecta a los protocolos anti LGTBIfobia, de obligada creación por la Ley Trans y LGTBI+, solo un 18,8 % de las personas encuestadas afirman tener uno en su centro de trabajo. Cuando existen, el personal docente los percibe de forma mayoritariamente positiva, y se ve que las situaciones de violencia decrecen. “Para poder dar una educación de calidad, el personal educativo debe poder sentirse tranquilo, seguras y libres en los centros educativos”, sentencia Iria Antuña, secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ de la federación estatal de enseñanza de Comisiones Obreras. También enumera el impacto de la LGTBIfobia entre el profesorado: bajo estado anímico, depresión, ansiedad, dificultad en el desempeño docente o bajas laborales.
Exigimos a todas las autoridades educativas que en los centros formativos se trabaje para eliminar y cuestionar los discursos de odio. También reclamamos la eliminación de cualquier restricción de la libertad de expresión y reivindicamos formación continua y obligatoria en diversidad familiar y afectivo-sexual para el profesorado
Antuña asegura que no “puede caer” en el personal docente “la responsabilidad que corresponde a los poderes públicos”. Las dos organizaciones han coincidido en exigir “a todas las autoridades educativas que en los centros formativos se trabaje para eliminar y cuestionar los discursos de odio, tal y como marca la actual legislación. También reclamamos la eliminación de cualquier restricción de la libertad de expresión y de cátedra del personal docente asociada al veto parental, por ser un intento de censurar y perseguir la diversidad, y reclamamos formación continua y obligatoria en diversidad familiar y afectivo-sexual para el profesorado como requisito para obtener la acreditación como docentes”.