Los empresarios levantan su voz contra el Congreso y el Gobierno

Las leyes del Poder Legislativo -entre otras, aquella que debilita el combate al crimen organizado- merecieron un comunicado conjunto de gremios empresariales (junto al sindicato de construcción civil) en donde se criticó el accionar parlamentario. Asimismo, la reciente encuesta de la revista Semana Económica a los gerentes generales reveló que el 87% desaprueban la gestión de la presidenta, Dina Boluarte. El año pasado, el 71% decía respaldarla.

Estos hechos dejan en evidencia el descontento del sector empresarial frente a quienes, en estos momentos, ejercen el poder tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso. Distintos analistas y especialistas han advertido que funcionan como una coalición.  

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https://larepublica.pe/politica/2024/06/15/gremios-rechazan-proyecto-del-congreso-sobre-crimen-organizado-confiep-construccion-civil-capeco-sni-1371006

La preocupación empresarial es evidente por lo que ocurre en el Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió, por ejemplo, que la norma aprobada en primera votación que modifica la ley en contra del crimen organizado es un “retroceso de trece años”.

Valdivia recordó que le costó mucho a su sector convencer a las autoridades -políticas y policiales- de que los problemas de violencia en obras que arreciaron hace trece años no suponían un simple conflicto entre trabajadores enfrentados, sino la aparición de bandas organizadas que vieron en el boom de la construcción la oportunidad perfecta para ganar dinero a través de acciones delictivas como la extorsión.

Luego, cuando ese boom terminó, esas bandas cambiaron de rubro delictivo y pasaron al tráfico de tierras, dijo Valdivia. Por esa razón, advirtió que “limitar la acción de las bandas a solo determinados delitos, excluyendo otros como el tráfico de tierras” significa que desde el Legislativo “no se entiende la magnitud de este problema”.  Debe recordarse que la iniciativa del Parlamento excluye a 51 tipos penales de los 91 inicialmente reconocidos en la ley contra el crimen organizado.

“Incluso ahora se habla de economías ilegales que han pasado a tener el control sobre territorios”, agregó Valdivia.

Para el representante de Capeco, el Legislativo no ha medido las consecuencias de sus actos. Y auguró que este tipo de iniciativas pueden terminar representando un serio peligro para la democracia y el estado de derecho.

Sobre la reciente encuesta de Semana Económica, Valdivia comentó que en Capeco se considera, desde hace mucho tiempo, que en el Perú hay un debilitamiento de la acción del Estado y de la capacidad de los diferentes poderes y organismos para ejercer sus funciones.

“Esto no se ve bien y lo dijimos desde antes de Pedro Castillo, con presidentes vacados, con Congresos cerrados. Lo que pasa con esta presidenta, en mi opinión, pudo pasar con cualquiera y seguramente pasará con el siguiente si es que no cambiamos el rumbo de manera consensuada. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no caminará. Le aseguro que los resultados serían los mismos si se hubiese preguntado (en la encuesta) qué piensan del Congreso o del Poder Judicial. Este es el país en donde nadie cree en nadie. Así no puede sobrevivir una democracia. Es la lógica de un Estado fallido, estamos en ese límite”, comentó.

Hablan las mypes

Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.

El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.

Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.

“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.

Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.

“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.

Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.