Legisladores argentinos demandan a Ministra de Seguridad

BUENOS AIRES, junio 18.— Legisladores de la oposición presentaron una demanda contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que denuncia «el plan represivo» puesto en práctica durante el enfrentamiento a manifestantes que protestaban contra la Ley Bases frente a la sede del legislativo la semana pasada.

En tanto, familiares de 16 movilizados que se mantienen detenidos, anunciaron protestas para denunciar su inocencia y las malas condiciones en que se les mantiene bajo arresto donde, han revelado, son objeto de malos tratos y recibieron golpes.

En conferencia de prensa, el presidente del bloque legislativo del peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que lo ocurrido la semana pasada durante la represión en el marco de la votación de la Ley Bases es parte de «un plan represivo para establecer en la Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales», reportó el diario Página 12.

Además, Martínez denunció que la agresión sufrida por diputados y diputadas de su partido —que aguardaban la votación a las puertas del Congreso— fue «planificada y dirigida», y reclamó por la liberación de los detenidos. 

La demanda judicial fue presentada el mediodía de este miércoles contra Bullrich y también contra el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro y el titular de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo José Giménez Pérez, por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

Bajo el lema Protestar no es un delito, familiares de los arrestados e integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores-Autónoma (CTA-A), entre otras, habían anunciado que se trasladarían hasta las proximidades de la Casa Rosada para demandar el cierre de las causas abiertas contra decenas de personas.

Además, abogarán por el cese de la persecución y lo que identificaron como «criminalización de la protesta», reportó PL.

El miércoles pasado, el Senado votó la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos —antes llamada Ley Ómnibus y ahora denominada simplemente Bases— que otorga facultades legislativas durante un año al presidente Javier Milei, bajo el pretexto de la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Ello le permitirá al mandatario aplicar a toda marcha el plan de recortes y privatizaciones que ya ha echado a andar, aunque su alcance debió ser reducido en el cuerpo del proyecto legislativo para lograr su aprobación, que se alcanzó en la cámara alta gracias a la vicepresidenta nacional, Victoria Villarroel, que desempató la votación. El gobernante partido La libertad avanza no tiene mayoría en ninguna cámara y ha debido acudir a alianzas frente a la resistencia firme y cerrada del peronismo.

Frente a los manifestantes se emplearon gases lacrimógenos y pimienta, chorros de agua, perdigones y bastones tras un desmedido despliegue que incluyó a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Federal, la Gendarmería y la Prefectura.

Según la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-A) al menos 200 personas resultaron heridas y más de 30 fueron detenidas.

Aunque 17 fueron excarceladas, 16 permanecen arrestadas y enfrentan causas por delitos graves contra el orden democrático, en línea con las acusaciones realizadas por el Gobierno.

En un comunicado conjunto, entidades como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresaron su preocupación por lo sucedido y repudiaron la calificación de los manifestantes como «terroristas☼, añadió PL.

Tremendista como siempre, el presidente Milei ha dicho que se trataba de un intento golpista pese al carácter pacífico con que se inició la protesta, que perseguía persuadir a los senadores de que no aprobaran la legislación. También se ha señalado a los manifestantes como terroristas.

Pese a que la Ley Bases ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados deberá volver a ese hemiciclo por los cambios que el proyecto sufrió después.