La CNMC investiga a la distribuidora eléctrica de Naturgy por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre una investigación a la distribuidora eléctrica de Natrugy por posibles prácticas anticompetitivas . En concreto, la CNMC ha comunicado que la investigación se centrará en UFD Distribución Electricidad, S.A., y sus matrices Holding Negocios Electricidad, S.A. y Naturgy Energy Group, S.A. (Grupo Naturgy) por supuestas conductas contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Según indican desde Competencia, la compañía habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022, en detrimento de terceras comercializadoras independientes. Así, UFD podría haber falseado la libre competencia en el mercado del suministro minorista de energía eléctrica y haber incumplido la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Preguntados por el expediente, fuentes de Naturgy aseguran que UFD «cumple escrupulosamente» con la regulación y aplica «los mismos procedimientos en la relación que mantiene de forma continua y diaria con decenas de comercializadoras en el marco de su actividad como distribuidora eléctrica, sin aplicar ningún trato de favor ni beneficiar a ninguna en particular». La compañía ha señalado que se pone a disposición de la CNMC para colaborar en lo que sea necesario durante la fase de instrucción. Noticia Relacionada estandar Si La Moncloa se plantea entrar también en Naturgy si Criteria no encuentra socio María Jesús Pérez La investigación se inició a partir de una serie de denuncias contra UFD por prácticas contrarias a la LDC, y de la información reservada que llevó a cabo la Dirección de Competencia (apartado 2 del artículo 49 de la LDC). Ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC inspeccionó dos sedes del Grupo Naturgy. La incoación de este expediente, indica Competencia, no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.