Otra institución maltrecha

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de la exministra Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron por prevaricación continuada en el caso ERE, uno de los mayores fraudes de nuestra democracia, en el que se malversaron 680 millones de euros originalmente destinados a ayudas sociolaborales. La ponencia fue aprobada por un resultado previsible de siete a cuatro en el que los magistrados progresistas apoyaron el texto redactado por Inmaculada Montalbán. Es significativo que esta misma magistrada fuera condecorada en 2012 con la máxima distinción de Andalucía por el expresidente José Antonio Griñán, quien posteriormente fue condenado por prevaricación y malversación también en el marco del escándalo de los ERE. El amparo del TC resulta perturbador por distintos motivos. En primer lugar, desnaturaliza las funciones del Alto Tribunal, ya que parecería estar funcionando como una instancia de apelación capaz enmendar las sentencias que en su día fallaron la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Penal del Tribunal Supremo. Los fundamentos de la resolución, que casualmente coinciden con el argumentario que el PSOE esgrimió desde el inicio del proceso, resultan asimismo insólitos, pues intentan anular la responsabilidad penal de Álvarez al circunscribir su acción a un ámbito político y no administrativo. Más allá del insólito ardid retórico, la sentencia de la mayoría progresista limita la actividad de Álvarez al ámbito parlamentario, obviando que las decisiones que se interpretaron constitutivas de delito no acontecieron en el Parlamento, sino en el seno del Consejo de Gobierno andaluz. En la práctica, lo que establece el TC es que ningún político podría ser condenado por prevaricación en el ejercicio de su actividad legislativa dentro de un gobierno, lo que desactiva los legítimos y necesarios controles al poder político. El de los ERE ha sido uno de los escándalos que han lastrado de forma más evidente la reputación del PSOE, por lo que resulta inevitable intuir una orientación política en el tratamiento que los socialistas han dado a este caso. Lo más grave de toda esta circunstancia ha sido el rapto de sinceridad que el presidente Sánchez tuvo en el mitin de Benalmádena celebrado en la campaña de las elecciones europeas. En aquel acto, Magdalena Álvarez compareció en primera fila, tras llevar muchos años fuera del foco mediático. El presidente, que acudió acompañado de su mujer, Begoña Gómez, se dirigió a la exministra y la destacó como una víctima del «asedio vil de la derecha y la ultraderecha», permitiéndose vincular el caso de los ERE con la tantas veces invocada máquina del fango. Que Sánchez intente disimular los problemas que personas de su entorno tienen con la justicia con ocultas e imaginarias conspiraciones es un recurso manido por todos los populistas. Sin embargo, que se atreviera a apoyar a una condenada por prevaricación continuada y que apelara a su condición de víctima, a la vista de la resolución del TC, resulta cuanto menos significativo vista la resolución del caso. O bien el presidente pudo conocer anticipadamente que Álvarez sería exonerada, lo que constituiría un verdadero escándalo, o bien pudo efectuar una orden pública, de inequívocas connotaciones coactivas, lo que también revertiría una excepcional gravedad. Cualquiera de los dos escenarios desacreditaría el proceder de un presidente. Caben pocas dudas: si en 2019 Sánchez se retrató al presumir de controlar la Fiscalía General del Estado, parece que el discurso de Benalmádena ha acabado delatándole en lo que atañe, esta vez, al Tribunal Constitucional.