Caso Madre Patria: Siete sospechosos quedan en libertad; otros 30 esperan audiencia
El Ministerio Público informó que siete personas vinculadas al megacaso Madre Patria en el que se investiga fraude registral y legitimación de capitales quedaron en libertad. Simultáneamente, la Fiscalía solicitará medidas cautelares contra otros 30 imputados en una audiencia programada para este jueves 27 de junio a las 8 a.m.
A todos se les asocia con cientos de fraudes ejecutados en los últimos años, para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, se les atribuye legitimación de dinero por medio de la compra de vehículos de alta gama e inversión en criptomonedas y servicios de transporte de pasajeros.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) tomó la declaración a los imputados Solano Acosta, Castro Segura, Mora Badilla, Araya Cascante, Rubí Leiva y Corrales Murillo y “tras valorar su situación particular, determinó que, por ahora, pueden permanecer apegados al proceso, sin la necesidad de cumplir medidas cautelares”.
Entre quienes esperan la audiencia de medidas cautelares figuran los cabecillas del grupo, así como notarios, funcionarios judiciales y policías de tránsito detenidos este martes en 47 allanamientos simultáneos.
El caso corresponde al expediente 22-005018-0042-PE y a los imputados se les investiga por aparentes delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que el presunto grupo criminal era liderado por dos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González, quienes vivían en lugares lujosos y ostentaban vehículos de alta gama.
Zúñiga explicó que la organización utilizaba varias modalidades para cometer este delito. Una de las más comunes era la obtención de propiedades en desuso. “Se las roban registralmente y después las vendían a otras personas”, comentó.
El jefe policial añadió que el grupo criminal se aprovechaba de la desafiliación de personas jurídicas de las sociedades por ley, estableciendo un liquidador para vender propiedades y bienes a nombre de esas sociedades, como fincas, vehículos y autobuses.
Zúñiga afirmó que se trata de una operación de crimen organizado. Mencionó que aseguraron 25 propiedades hasta el momento, pero durante la investigación descubrieron más de 100 propiedades que fueron robadas. Además, en las conversaciones intervenidas, los sujetos mencionaron más de 300 propiedades obtenidas ilegalmente a través de estos métodos.
Reveló que la organización criminal contaba con la colaboración de 12 notarios y varios expertos en criptomonedas. Estos especialistas transaron hasta $13 millones en bitcoins en un solo día, mientras que los notarios facilitaban trámites relacionados con los bienes.
Los policías de Tránsito y un funcionario del CTP elaboraban infracciones para beneficiar a la estructura criminal. Entre los funcionarios judiciales implicados, se encuentran un juez de Desamparados y técnicos de archivo criminal y judicial, quienes facilitaban las operaciones criminales.