Fiscalía reabre investigación contra Martín Vizcarra por compra de pruebas rápidas para COVID-19
La medida fiscal también incluye a los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza y Víctor Zamora por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
La Fiscalía de la Nación reabrió por 120 días la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva, María Hinostroza y Víctor Zamora por la compra de pruebas rápidas durante la pandemia de Covid 19. Los investigados son acusados de los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
"Se ha emitido la disposición fiscal n.º 08 mediante la cual declara fundada las solicitudes de reexamen de actuados presentados por la denunciante Katherine Milagros Ampuero Meza, y la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe; alegando la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación preliminar en contra de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República; así como María Antonieta Alva Luperti, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, exministros de Estado; por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio del Estado", se lee en el comunicado.
El caso se encuentra en la carpeta fiscal n.º 131-2020 y está a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Para reabrirlo se tomó en cuenta, según la Fiscalía, los pedidos de reexamen planteados por la procuradora general del Estado, María Caruajulca, y por la exprocuradora Katherine Ampuero, autora de la denuncia original.
La reapertura del caso se desarrolla luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, fuera denunciado constitucionalmente por haber archivado el proceso y presuntamente haber ido contra los artículos 39 y 159 de la Constitución, y la aparente comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. A raíz de ello, se solicitó su inhabilitación de la función pública por diez años y su procesamiento penal.
Al respecto, Villena dijo: “Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto [corrupción]”.