El imperio de la injusticia

Karim Asad Ahmad Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha visitado varias veces  Venezuela, en todas ellas se ha tomado la foto con los representantes del régimen y en particular de su sedicente Fiscalía General, incluso estableció una Oficina de Cooperación cuya finalidad manifiesta es fortalecer el sistema judicial del régimen para que pueda juzgar por sí mismo sus propios crímenes, incluso los de jurisdicción de la CPI, de manera que ésta, amparada en su carácter supletorio, no tenga que actuar directamente.

Nunca ha dictado ninguna medida judicial que pueda interpretarse como inicio de un procedimiento que trascienda los límites de su oficina y se eleve a consideración de los jueces de la corte, así sea de cuestiones preliminares, no digamos autos de detención u otros que aspiraban, quizás ingenuamente, algunos connacionales.

El principio de complementariedad según el cual la CPI no procede sino cuando el mismo Estado no puede o no quiere hacerlo ha servido de pretexto idóneo para la inacción del fiscal, que sería decepcionante si no fuera la misma actitud que tradicionalmente ha observado esa Fiscalía literalmente desde que se creó la CPI y entró en funciones, hace más de veinte años, por allá, a mediados del año 2002, en que ha estado recibiendo inútiles denuncias de Venezuela.

Primero, el famoso prevaricador Luis Moreno Ocampo; luego, a quien sin ofender podríamos llamar la fatua Bensouda y ahora éste, que añade a los anteriores ciertos efectos teatrales, por separado o juntos no podrían reunir actuaciones ni para rellenar un folio de las toneladas de expedientes que se han acumulado en la CPI, quién sabe dónde, si es que los conservan en alguna parte, provenientes de Venezuela.

Pero tampoco es que no haga nada: recientemente, en febrero de 2022, el fiscal rechazó cualquier intento de investigar a Evo Morales, pese a sus notorias tentativas para derrocar al gobierno de su compañero de partido Luis Arce, que incluyen el bloqueo de carreteras y cortes de suministro de servicios esenciales que afectan gravemente a la población.

En 2021 decidió cerrar el examen preliminar a Colombia, que llevaba 17 años, en virtud de la brillante actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de los Acuerdos de La Habana, que fueron recompensados con un premio Nobel, lo que le pareció un contundente argumento jurídico penal y esto a pesar de que allí se contabilizaban más de 250 mil muertos y 2 millones de desplazados.

Sin retroceder mucho en el tiempo, ya KK era famoso como abogado defensor de Saif Al-Islam Gadafi, hijo del dictador Muamar Gadafi, quien fue juzgado en la CPI por la represión de los eventos de 2011 durante la llamada primavera árabe. Antes hizo méritos como defensor de Charles Taylor, dictador de Liberia, conocido por sus “diamantes de sangre”. Logró que a William Ruto, de Kenia, le retiraran los cargos en 2016, pese o gracias al asesinato del testigo clave del caso. Defensor de Jean-Pierre Bemba, jefe militar del Movimiento de Liberación del Congo, condenado por violación, asesinato y saqueo en la República Centro Africana, sentencia revocada no por inocencia sino por fallas de procedimiento que KK supo aprovechar hábilmente a su favor.

KK fue empleado de Antonio Guterres en la ONU desde 2018, hasta que éste lo impuso como fiscal de la CPI en 2021. Ambos son expresión gráfica de la alianza roji-verde, entre socialistas y fundamentalistas islámicos. Éste, fue presidente de la Internacional Socialista, antes de Portugal y mucho antes del Partido Socialista Portugués. Aquel, es un extremista islámico, de una secta paquistaní llamada Ahmadia, una rama sunita del Islam.

La “Religión de la Luz y la Paz” predica que el Mesías ha llegado, en oposición a quienes  todavía lo esperan inútilmente; pero no es Cristo, como otros creen erróneamente, sino que es Mirza Ghulam Ahmad, quien fundó el Califato en 1889, abriendo una sucesión de Califas que llega hoy al quinto, Mirza Masroor Ahmad, que estableció su sede en el Reino Unido de la Gran Bretaña.

Para ellos, la Yihad de la espada no tiene ningún lugar en el Islam, más bien hay que apelar a la Yihad de la pluma y la lengua para alcanzar el Califato Universal de forma pacífica; léase bien: el objetivo de los Hermanos Musulmanes es el mismo, lo que cambian son los métodos.

Para sorpresa de quien quiera sorprenderse, el principio de complementariedad tampoco se aplica a Israel y saltando sobre cuatro procesos que allí se le siguen al Primer Ministro Benjamín Netanyahu, KK tuvo la osadía de pedir órdenes de captura en su contra por supuestos delitos de jurisdicción de la CPI “cometidos en el territorio del Estado Palestino” por lo menos desde el 8 de octubre de 2023, esto es, el día siguiente al ataque de Hamas, cuando Israel estaba bajo shock y ni siquiera había reaccionado militarmente, ¿cómo podría haber perpetrado desde ese preciso día los crímenes que le imputa?

Esta declaración de KK es tan cuestionable que la primera dificultad que presenta es por dónde empezar las objeciones, tantas y tan variadas que son difíciles de jerarquizar.

Dejando de lado el insulto de equiparar a un Estado Soberano con Hamás, una banda delictiva así reconocida incluso por la Unión Europea, Israel no ha suscrito el Estatuto de Roma y nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, por tanto, no está sometido a sus dictámenes, salvo que, otra vez y como en tantos otros casos, se viole la soberanía del Estado Judío de Israel.

Pero además, cuando la llamada Autoridad Nacional Palestina suscribió ese Estatuto, en 2015, fue recibida de un modo contradictorio porque, por un lado, se admitía a la firma, pero por otro se asentó que no era competencia de la CPI resolver acerca de su estatidad, que seguía siendo una competencia de la ONU. Lo cual es absurdo, porque o bien es un Estado y en tal calidad suscribe el tratado o no lo es, en cuyo caso no puede firmarlo; pero como era voluntad política de los miembros admitirlo, incurrieron en una contradicción que, dicho sea de paso, no es la única ni la más grave de los organismos de la ONU.

Pero aquí viene el punto de KK y su fiscalía: la ANP no gobierna en Gaza a la que alude en su declaración. Desde el año 2007 fueron echados de ese territorio y sus funcionarios defenestrados desde lo alto de los edificios, por lo que tuvieron que huir a refugiarse ¡en Israel! Quien tiene el control efectivo de Gaza es Hamás, que no tiene nada que ver con la ANP y que nunca ha suscrito ni suscribiría algo semejante al Estatuto de Roma.

Sólo la arbitrariedad y el abuso de Derecho de un sujeto como KK puede presuponer la existencia de algo como “el territorio del Estado Palestino”, donde no hay ninguna unidad territorial y ningún centro de decisión política que sea expresión de voluntad suprema de un gobierno legítimo y soberano. Esa es una pura fantasía de KK, que a este momento no sabemos si será refrendada por algún magistrado de la sedicente CPI.

KK miente de manera muy grosera al acusar a Israel de “matar de  hambre a civiles” o “causarles deliberadamente sufrimiento”, etcétera, contradiciendo a la misma ONU cuyos informes certifican que “no hay hambre en Gaza” y que las supuestas víctimas civiles son provocadas y exageradas por Hamas. La fecha del 8 de octubre es particularmente desafortunada porque el artículo 51 de la Carta asienta en forma inequívoca que “ninguna disposición menoscabará el derecho inmanente de la legítima defensa en caso de ataque armado”, ¿qué parte del artículo no entendió?

La interferencia de KK viola el principio del juez natural. Quizás en verdad no entiende la Carta de la ONU como nosotros no entenderíamos la Sharía o ley islámica. Por poner un ejemplo no baladí, ellos celebran la poligamia, que en Venezuela es delito.

KK es incompetente para juzgarnos, porque lo incapacita su religión de la luz y la paz.

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