El Tribunal Constitucional propone exonerar a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán de sus delitos en el caso ERE
El Tribunal Constitucional (TC) está a punto de dar la puntilla definitiva al proceso contra la antigua cúpula de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE por el caso de los ERE fraudulentos. Una quincena de ex altos cargos, entre ellos los ex mandatarios andaluces Manuel Chaves y Griñán, fueron condenados por urdir y mantener durante diez años (2000-2009) un sistema «ilícito» y «arbitrario» de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por el que se desviaron 680 millones de euros. Los borradores de las sentencias redactados por la magistrada Inmaculada Montalbán , la vicepresidenta del órgano de garantías, proponen exonerar a ambos exxpresidentes andaluces y ex secretarios generales del PSOE regional del delito de prevaricación entre los años 2002 y 2009, en los que se estuvieron repartiendo ayudas sin regla ni transparencia, así como de la malversación atribuida expresamente a Griñán, que fue condenado a seis años de prisión por no haber frenado las irregularidades. La pena fue suspendida durante cinco años para poder tratarse el cáncer que padece. El Tribunal Constitucional estudiará a partir del 16 de julio las ponencias elaboradas por Montalbán, condecorada con la Medalla de Andalucía por el Gobierno de Griñán en el año 2012. Dichas ponencias que, según fuentes jurídicas consultadas, van a contar con el respaldo del Pleno del TC, se muestran a favor de anular parcialmente los castigos penales a los exmandatarios andaluces amparándose en que hubo una vulneración de derechos fundamentales durante el proceso penal como el de presunción de inocencia y el de legalidad penal. Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, el bloque de magistrados progresistas, mayoritario en el TC, aplicará la misma doctrina que a otros seis condenados por los mismos delitos, como la ex 'número dos' de Griñán y exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión como su jefe , y la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, que va a ver reducida su pena de nueve años de inhabilitación por prevaricar. El órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido ha anulado parte de las penas a seis ex altos cargos condenados por prevaricación y/o malversación con el argumento de que la partida de la que se nutren las ayudas estaba apoyada en las leyes de Presupuestos desde 2002 a 2009, por lo que no puede considerarse ilegal su reparto. El TC se alinea con las defensas y en contra del criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue avalado después por el Tribunal Supremo. Así, Magdalena Álvarez fue condenada por prevaricación al haber dictado «resoluciones arbitrarias» al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio de presupuestación ilegal para los ERE fraudulentos, que consistía en el uso de transferencias de financiación, un mecanismo que no está concebido para el pago de subvenciones excepcionales y que impidió su control y fiscalización. El TC entiende que la Audiencia y el Supremo vulneraron el derecho a la presunción de inocencia de algunos exconsejeros como Álvarez o los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) y Francisco Vallejo Serrano (Innovación), que fueron liberados de sus respectivas penas de prisión la pasada semana. El órgano que preside el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido considera que no puede « trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes». Dando por válida esta tesis, el TC sostiene que a la antigua 'número dos' de Griñán cuando éste era consejero andaluz de Hacienda se le impuso una condena « sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente». Siguiendo esta doctrina, el TC concederá amparo a los dos expresidentes regionales y remitirá sus resoluciones a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para que emitan nuevas sentencias en las que se aplique a los expresidentes andaluces sustanciales rebajas de las penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación en el caso de Chaves, mientras que su sucesor en la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, también se libraría definitivamente de la prisión. Griñán fue condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Sevilla el 19 de noviembre de 2019, fallo que fue ratificado por el Supremo. El Alto Tribunal, en una sentencia que contó con tres votos a favor y dos votos discrepantes sobre la atribución del delito de malversación, reprochó a Griñán su «pasividad» al no parar la financiación de las ayudas pese a que, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, había sido destinatario de los informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que, a partir de 2005, advirtieron a los exconsejeros de Empleo, Innovación y Hacienda de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas por el que se repartieron 680 millones de euros entre 2000 y 2009.