Subdirector de Aviación Civil: ‘No había un daño exagerado de la pista’ tras paso de Bonnie
El subdirector de Aviación Civil reconoció que los informes tras el paso de Bonni no indicaban años producto de la tormenta en la pista del aeropuerto de Liberia.
El subdirector de la Dirección General de Aviación Civil, Luis Miranda Muñoz, aseguró la noche de este lunes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que los informes recibidos tras el paso de la tormenta Bonnie, en julio del 2022, no reflejaban un “daño exagerado” en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós y que, incluso, las operaciones se mantuvieron una vez pasada la emergencia.
Esa versión confirma, una vez más, la inexistencia de un nexo causal entre ese evento climatológico y el daño en la infraestructura, la cual fue incluida en un decreto firmado un año después de la tormenta para gestionar su reparación mediante una contratación de emergencia.
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“Tuve acceso a la información de que no había daño exagerado de la pista y las operaciones se mantenían una vez que la tormenta lo permitiera... No soy experto en infraestructura ni ingeniero, pero no había un daño que interrumpiera las operaciones en el aeropuerto”, afirmó el funcionario.
Durante la comparecencia, Miranda agregó que, previo a la publicación del cartel de licitación, tuvo conocimiento del informe en el que ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica alertaban sobre la ausencia de nexo, pero la única acción que se tomó desde esa entidad fue seguir un criterio legal que recomendaba trasladar la información al entonces ministro Luis Amador.
Según detalló, cuando recibieron el oficio en el que los ingenieros advertían que la reparación de la pista no se debía atender mediante un mecanismo de emergencia, porque los daños no fueron ocasionados por el evento climático, el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo le preguntó “qué hacían” con ese documento, y posteriormente supo de la recomendación de los asesores jurídicos de remitirlo a Amador.
Según dijo, fue directamente Amador quien propuso al Consejo Técnico de Aviación Civil que la rehabilitación se tramitara vía emergencia. Añadió que nadie en ese foro expresó oposición a lo planteado por el exministro.
Al ser cuestionado directamente por las razones por las que no denunció la intención de validar el nexo inexistente, Miranda aseguró que confió en que al solicitar el criterio de la asesoría legal y seguir esa recomendación se estaba dando el tratamiento adecuado.
Según dijo, debido a que se trataba de temas técnicos y de ingeniería sobre los cuales no tiene experiencia, no hizo un análisis de lo que se detallaba en el documento de los ingenieros para valorar si se estaba o no utilizando información verídica. Sin embargo, reconoció que la vía que se buscó para solucionar la afectación de la pista no fue la correcta.
No hubo cartel a la medida
Los diputados también consultaron al subdirector sobre las afirmaciones hechas por el presidente Rodrigo Chaves cuando destituyó a Amador el pasado 12 de marzo, en relación con el supuesto “traje a la medida” en la elaboración de los términos de referencia del cartel de licitación para el arreglo de la pista.
Miranda dijo no contar con el criterio para afirmar si lo que dijo el presidente es cierto, pero al ser cuestionado directamente por el requisito de los 20.000 metros cuadrados de experiencia en la atención de pistas de aterrizaje, el funcionario dijo que ese criterio no buscaba favorecer a nadie porque todas las empresas que ofertaron cumplían con ese requisito.
La reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber se gestionó mediante un decreto ejecutivo, el cual incluyó daños que, según ingenieros y otros expertos, existían antes de la tormenta Bonnie y no fueron acelerados por ese fenómeno.
Con la inclusión de la pista en el decreto de emergencia, el gobierno tramitó la reparación a través de la CNE, evitando los procesos ordinarios de contratación y permitiendo realizar la licitación con mayor celeridad y sin la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Los arreglos fueron encargados a la empresa MECO por un monto de ¢21.800 millones.