La Guardia Civil de Alicante detecta el uso fraudulento de gasóleo B por parte de veintitrés empresas

Agentes de la Guardia Civil han detectado el uso fraudulento de gasóleo tipo B por parte de 23 empresas que realizaban trabajos en las comarcas alicantinas de Marina Alta y la Marina Baixa, durante las más de 190 inspecciones que han realizado. La sanción total de los fraudes detectados podría alcanzar los 150.000 euros. Las muestras intervenidas, junto con las actas administrativas, han sido remitidas a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado. La investigación comenzó a principios del mes de mayo de este año, cuando la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Calpe inició una serie de dispositivos preventivos para el control y la detección del uso indebido de gasóleo de tipo B (gasóleo agrícola). Las inspecciones se realizan mediante la extracción de gasóleo de los depósitos , donde en un primer momento se comprueba a simple vista la coloración del combustible. Una vez comprobada cualquier irregularidad, se extraen las muestras que serán analizadas, se depositan en envases precintados y marcados y se envían, junto con el acta de denuncia, a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Los investigadores realizaron la inspección de más de 190 vehículos en diferentes zonas de la Marina Alta y la Marina Baixa , de los que finalmente se identificaron un total de 23 personas jurídicas infractoras. Correspondían a diferentes empresas con sede en las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia. Las sanciones por el uso de este tipo de combustible, que no está sujeto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, como autores de una infracción tributaria grave a la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, varían en función de las características técnicas del vehículo utilizado. Pueden llegar a los 12.000 euros y, en esta caso, se alcanzan los 150.000 euros por parte del total de los infractores.