Aceiteros amenazan con una escalada por Ganancias: "Vamos a entrar en medidas de fuerza"
Los aceiteros amenazan con una escalada de medidas en el mediano plazo si no se logran revertir algunas de las decisiones del gobierno de Javier Milei que impactan directamente sobre el bolsillo de las y los trabajadores del sector y sus derechos laborales. Así lo manifestaron en un extenso comunicado en el que se convocan el 24 de julio, un día antes de la reunión del Consejo Directivo de la CGT, para definir los próximos pasos a seguir.
"¡¡BASTA DE METERLE LA MANO EN EL BOLSILLO A LA FAMILIA ACEITERA!! ¡¡BASTA DE ATACAR A LA CLASE OBRERA!!", cierra el documento que difundieron y que sirve de invitación a todas las entidades que integran la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) a un Plenario Nacional de Delegadas y Delegados "para organizar la defensa de nuestros derechos".
La reunión tendrá lugar el 24 de julio en San Lorenzo, en el cordón industrial del Gran Rosario, donde se produce el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras. El objetivo será debatir si se avanza con la estrategia de judicialización del impuesto a las Ganancias. A través el paquete fiscal, votado junto a la Ley Bases, se restituyó la cuarta categoría que comprende al grueso del sector.
"Es un plan de lucha y seguramente si no tenemos la respuesta que vamos a tratar en ese plenario delegado, la respuesta que van a tener de parte los trabajadores son medidas de fuerza", expresó Daniel Succi, secretario general de SOEA. Y remarcó que aunque "siempre trataremos de dialogar, siempre lo hablaremos en la mesa, seguramente si no tenemos definición positiva en cuanto a la aplicación de la reforma laboral y al impuesto a la ganancia, vamos a entrar en medidas de fuerza".
También, desde los gremios expresan su rechazo al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), al que califican como una "política diseñada para destruir los salarios y nuestras organizaciones en beneficio de los grupos económicos, las trasnacionales y el capital financiero".
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