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Un magistrado del Tribunal Supremo muestra su incredulidad ante la labor del Constitucional en el caso ERE

Abc.es 

El magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo , Juan Ramón Berdugo, ha mostrado este jueves en un acto en el Colegio de la Abogacía de Córdoba su incredulidad acerca de la labor del Tribunal Constitucional en el caso ERE , al afirmar que «cuesta creer que el Tribunal Constitucional pueda conceder legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informe económico o el estudio de viabilidad que las justifican, o pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno». Esta crítica ha formado parte de su discurso de agradecimiento al ser nombrado Colegiado de Honor por parte del Colegio de la Abogacía de Córdoba , junto al también magistrado del Supremo, Pedro José Vela. Ambos han desarrollado gran parte de sus carreras en la ciudad o la provincia cordobesa. Berdugo, que formó parte del juicio a los dirigentes catalanes del 'procés' que declararon la independencia en el año 2017, ha dedicado unas palabras a la actualidad del caso, en concreto a la imputación de Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami y el archivo de éste por un error judicial: «A mí me ha sentado particularmente mal , porque hay que respetar a todos los medios judiciales y en el fondo tenían razón, el artículo 324 marca unos tiempos y una prórroga para los tiempos de la instrucción y aunque sólo fuera por 24 horas no se siguió». A partir de ahí, el magistrado ha indicado que hay que acatar la decisión «pero digo particularmente que me molestó porque yo fui el ponente del auto del Supremo que asumió la competencia para la instrucción precisamente contra Puigdemont del delito de terrorismo en el caso del Tsunami». A pesar de todo ello, Berdugo ha indicado que el sistema judicial español «es uno de los más garantistas en la tutela de los derechos de las democracias consolidadas». Berdugo, magistrado del Tribunal Supremo desde 2004, integra la Sala Segunda que preside Manuel Marchena. Ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y ascendió a magistrado en 1983. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera y sirvió luego en Juzgados de esta clase en Vitoria, Ciudad Real y Córdoba. En 1998 se incorporó como magistrado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba , donde permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal.

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