La venganza contra la Contraloría
Establece desbalance patrimonial de la presidenta y le responden con proyecto de ley para reducirle presupuesto.
La Contraloría General de la República le comunicó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros que en la investigación que se realiza a la mandataria Dina Boluarte por el caso de los Rolex y los bienes suntuarios que ha lucido en actividades públicas se habían detectado cuentas bancarias personales y mancomunadas no declaradas.
Es obligación de todo funcionario público revelar el íntegro de su patrimonio a lo largo del período en el que cumple funciones, al inicio y al cese de las labores. La Contraloría es la encargada de verificar esta información y contrastarla con otras dependencias como Sunat, Sunarp, Inteligencia Financiera, etc. En el marco de esta responsabilidad, ha confirmado que existen cuentas bancarias no declaradas, que comprometen las declaraciones juradas obligatorias y que configurarían un caso de desbalance patrimonial.
El propio contralor Nelson Shack dio a conocer esta situación y señaló que ya la había puesto en comunicación de los canales correspondientes en el Poder Ejecutivo; es decir, la PCM.
El primer ministro salió raudo a bajarle importancia al tema y a decir que el contralor había actuado muy precipitadamente, para finalmente señalar que el desbalance es de dos soles. Esta última declaración es totalmente deleznable porque el monto establecido por Contraloría es bastante más abultado. Sin embargo, las consecuencias de la revelación de Shack recién se están conociendo. Primero, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que reduce significativamente los ingresos de la Contraloría, a tal punto que pone en riesgo el mantenimiento del equipo que realiza acciones de control en el aparato del Estado. Como si fuera poco, también se conoció que el Ejecutivo ya presentó un nuevo candidato para reemplazar a Shack, quien es el favorito del fujimorismo y sus aliados en el Congreso; en tanto, se ha aprobado una norma que le permite permanecer en el cargo hasta que no se designe a su reemplazo, elección que está en manos de la mayoría parlamentaria.