Esclavos de la marihuana: recluidos para vigilar las plantaciones bajo amenazas a sus familias

Los captaban en sus países de origen con falsas promesas de trabajo. Una vez en España, les retiraban el pasaporte y el teléfono móvil y los obligaban a trabajar en plantaciones de marihuana , bajo amenazas a sus familias. La Policía Nacional ha liberado a dos víctimas de trata en sendos cultivos en naves industriales de Molins de Rei y Castellbisbal (Barcelona). Las pesquisas han permitido a los investigadores desarticular una organización criminal, liderada por un albanés que, en 2002, había sido condenado a 25 años de cárcel por «por cruce y asistencia ilegal de las fronteras del Estado», según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa. Bajo sus órdenes, los integrantes de la organización alquilaban naves industriales a nombre de empresas pantalla -sin ninguna actividad-. Tras éstas, testaferros sin actividad ni recursos económicos, que se encargaban de montar las plantaciones 'indoor'. Era un español el 'cabecilla', encargado de localizar los espacios, gestionar los alquileres y comprar el material de cultivo. Todo ello, a las órdenes de los albaneses. Además, una segunda rama del entramado era la encargada de captar a posibles víctimas en su país de origen , para ejercer tareas de 'jardineros' de la marihuana. En este escalafón se encontraban también los «controladores», que vigilaban a la víctimas y se encargaban de proporcionales víveres, cada dos o tres semanas, La investigación comenzó en febrero de 2023, tras localizar sendas plantaciones en Castellbisbal y Molins de Rei. En la primera, los agentes encontraron a una de las víctimas, que explicó que estaba recluido y que había sido engañado en su país de origen por un compatriota. Éste último le prometió trabajo en España en un lavado de coches ; empleo que aceptó ya que su mujer y su hijo dependían económicamente de él. Una vez le facilitaron el traslado hasta Cataluña, le recogieron en el aeropuerto y lo llevaron directamente hasta una nave industrial que cobijaba un cultivo de marihuana . Allí le retiraron todas sus pertenencias, incluido el pasaporte y el móvil y le dijeron que debía ocuparse del cuidado de la plantación, facilitándole otro teléfono con un único contacto grabado, que era quien le explicaría el cuidado de la hierba y los trabajos a realizar, siempre bajo la amenaza de hacer daño a su familia si no accedía . Cuando la Policía Nacional lo liberó, llevaba tres meses allí. En el segundo cultivo, los agentes liberaron a una segunda víctima de trata. También albanés. En su caso, lo captaron en otra ciudad europea y en este caso, sí que le manifestaron que tenía que hacerse cargo del cuidado de una plantación de marihuana , aunque le dijeron que en España esta actividad era legal . Llevaba ya dos meses en la nave, sin contacto con el exterior. También le habían retirado el pasaporte. Las dos víctimas vivían en el interior de la plantación, sin poder salir al exterior, sin luz natural ni ventilación y comiendo únicamente lo que les proporcionaba algún miembro de la organización. Tras analizar la documentación encontrada en las dos plantaciones desmanteladas y con las declaraciones de las víctimas, los investigadores llegaron hasta otros seis cultivos, en Barcelona, Tarragona y Castellón , las cuales fueron también desmantelados. El siguiente paso era desmantelar la organización que, tras este primer golpe policial, pasó de cultivar la droga en naves industriales a chalets. Fue este pasado junio, cuando la Policía Nacional detuvo a sus 28 integrantes , con la entrada y registro simultánea en siete inmuebles, así como en los chalets donde se ubicaban otras cuatro plantaciones. Cuatro de los arrestados, acusados de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y defraudación de fluido eléctrico, han ingresado en prisión provisional. Los integrantes de este entramado, apuntan desde el Cuerpo, tenía vínculos con otra organización investigada anteriormente por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Una operación que se saldó con la detención de 123 personas por favorecimiento masivo de la inmigración ilegal. En este caso, de ciudadanos albaneses .