Exigen a Tarek William Saab el cese de la retaliación política y la criminalización de los derechos humanos

Organizaciones de la sociedad civil, defensores y activistas de derechos humanos junto con familiares de los presos de consciencia en Venezuela consignaron este jueves, Día Internacional de Nelson Mandela, una carta ante el Ministerio Público para exigirle al fiscal general, Tarek William Saab, que cese el uso del sistema de administración de justicia para la retaliación política y la criminalización de los derechos.

En el texto entregado por Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, Voces de Memorias, Andreína Baduel (hija del general Raúl Baduel), Francy Fernández (esposa de Carlos Julio Rojas), Melania Leal (hermana de Emirlendris Benítez) y Sairam Rivas (activista de DD HH), entre otros representantes de los fallecidos o privados de libertad por motivos políticos, se expone un conjunto de consideraciones respecto a lo que «consideran privaciones ilegítimas de la libertad e inadecuadas condiciones de reclusión de más de 300 personas detenidas en el país, por haber ejercido derechos establecidos y garantizados en la Constitución y las leyes de la República».

Piden a Tarek William Saab promover condiciones de encarcelamiento dignas

Andreína Baduel resaltó que en una fecha tan importante como la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, en el que se busca enaltecer los valores de la libertad y la lucha por la igualdad y contra la segregación, «nos permitimos recordarle, señor fiscal general, que el uso excesivo del sistema de justicia y de la legislación antiterrorista para criminalizar a personas que defienden derechos en Venezuela, constituye una seria amenaza para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas. Usted debe promover condiciones de encarcelamiento dignas, los reclusos son parte integrante de la sociedad».

«En el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, recordó la también activista de DD HH.

Abusivo empleo de las leyes antiterrorista y odio

Los representantes de las ONG, activistas y defensores de derechos humanos con los familiares de los presos políticos instaron al Ministerio Público a frenar el “abusivo empleo” de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat) y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, junto con otras leyes, para judicializar a defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, luchadores sociales y activistas políticos, que han expresado su inconformidad con las políticas y medidas adoptadas por las autoridades venezolanas.

Destacaron que en el más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, enfatizó que en el país es necesario garantizar “un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones”, haciendo referencia a los constantes alegatos sobre detenciones arbitrarias practicadas por agentes de seguridad del país contra personas que expresan opiniones o se identifican como opositores políticos.

También se señala que «la legislación antiterrorista y su aplicación deben cumplir con las normas internacionales de derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación».

Petitorio

Los firmantes de la comunicación entregada en el Ministerio Público y dirigida a Tarek William Saab contiene un petitorio:

1. «Cesar el empleo del sistema de administración de justicia y la justicia penal como instrumentos para la retaliación por razones políticas y la criminalización de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas, garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
2. «Propiciar, junto con las demás autoridades del Estado venezolano, la visita del Relator Especial contra la Tortura de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
3. «Cumplir con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, e investigar a los funcionarios señalados como responsables de delitos allí tipificados, para contribuir a reducir el alto grado de ocurrencia de estos abusos contra los derechos humanos».

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