Gobierno da luz verde a Google para construir su data center en Canelones: Debe cumplir condiciones estrictas
El gobierno de Luis Lacalle Pou ha otorgado a la empresa multinacional Google la licencia para construir su data center en el Parque de las Ciencias, ubicado en Canelones, Uruguay. La autorización se produjo después de intensas negociaciones y modificaciones al proyecto original, según informó el ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
Las conversaciones, que estuvieron bajo un estricto contrato de confidencialidad, se iniciaron durante la administración de Tabaré Vázquez. La entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, fue fundamental en este proceso, incluyendo un viaje a la sede central de Google en la costa oeste de Estados Unidos. Las diligencias para asegurar esta inversión se prolongaron hasta finales de octubre del año pasado, cuando Google confirmó la construcción del data center en una reunión con el actual gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
En dicha reunión, Google informó que decidió “reformular” el diseño inicial, optando por construir un único edificio en lugar de dos. Este cambio reduciría la capacidad de almacenamiento a un tercio de lo planeado originalmente. Adicionalmente, la empresa anunció que sustituiría el uso de agua potable en el sistema de refrigeración por «chillers», una técnica empleada en el data center de Antel en Pando, evitando así controversias por el uso de recurso hídrico.
Fases de construcción y consumo energético
La edificación del data center se llevará a cabo en cuatro etapas durante un periodo de 26 meses, generando empleo para entre 300 y 400 personas, con un pico de aproximadamente 800 trabajadores.
Una vez operativo, se espera que unas 50 personas trabajen en la instalación. El data center funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, y será abastecido de energía por UTE a través de una subestación eléctrica situada en el mismo predio.
El cambio a un sistema de refrigeración eléctrica planteó la necesidad de detallar el consumo energético. Google estimó un máximo de 560 GWh por año cuando el data center alcance su plena capacidad, aunque el acuerdo inicial con UTE prevé proporcionar hasta 420 GWh anuales.
Este consumo está alineado con la línea base de emisiones de dióxido de carbono que Uruguay reportó ante Naciones Unidas para 2030. Las emisiones anuales se estiman en unas 25 mil toneladas de dióxido de carbono.
Puntos clave sobre la autorización del data center de Google
La autorización del gobierno estuvo sujeta al «estricto cumplimiento» de siete condiciones, como estableció el ministro Bouvier. Google tiene un plazo de dos años para iniciar el proyecto, de lo contrario, la autorización quedará sin efecto. Entre las condiciones, se estipula que durante la construcción no se utilizará el camino Gonzalo «Gonchi» Rodríguez y que el Plan de Gestión Ambiental de Construcción deberá ser actualizado.
Este plan deberá incluir programas específicos para la gestión de residuos de obra, manejo del tránsito, gestión de efluentes y relacionamiento comunitario. Además, Google deberá construir y operar el data center conforme a los documentos presentados, salvo en los aspectos que contradigan las condiciones impuestas por la resolución.
Otra exigencia es la comunicación por escrito y con antelación a Dinacea sobre el inicio de las obras. Dentro de los 45 días de operación de cada módulo del data center, la empresa tendrá que presentar los resultados del monitoreo de NPS en los receptores sensibles y el proyecto ejecutivo con el cronograma de implementación de las medidas de mitigación propuestas.
Asimismo, todos los registros de monitoreo durante la operación deberán estar disponibles para Dinacea en el lugar de ejecución del proyecto. En caso de identificar impactos ambientales no previstos, Google deberá proponer medidas de mitigación, presentarlas para su evaluación y aprobación por Dinacea.
Finalmente, cualquier variación del proyecto original autorizado deberá ser comunicada a Dinacea para su análisis y aprobación previa. Estas condiciones son fundamentales para asegurar que el impacto ambiental del proyecto sea gestionado de manera adecuada y se mantenga en línea con las regulaciones nacionales.