Innovación sin permiso: ¿cómo es el modelo de Sturzenegger para desregular argentina?
En un movimiento que promete reconfigurar el panorama regulatorio de Argentina, el presidente Javier Milei ha creado el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Al frente de esta nueva cartera se encuentra Federico Sturzenegger, un economista de renombre cuya misión es revolucionaria: simplificar y reducir el aparato estatal, eliminando la burocracia excesiva y liberando el potencial del sector privado.
La ambiciosa "Ley de Hojarascas", anunciada por el propio Milei, se perfila como la punta de lanza de esta cruzada desregulatoria, prometiendo eliminar un centenar de normativas que, según el Gobierno, han estado asfixiando la economía argentina.
Las regulaciones gubernamentales, aunque a menudo bien intencionadas, pueden tener efectos perjudiciales en la economía que van más allá de lo inmediatamente visible. Un estudio del Mercatus Center en los Estados Unidos revela que las regulaciones federales disminuyen la contratación de nuevos empleados, lo que supone un golpe directo a la actividad económica.
Sin embargo, existe un efecto aún más insidioso y difícil de cuantificar: los negocios que nunca llegan a crearse porque los potenciales emprendedores se desaniman ante la complejidad burocrática que deben enfrentar. Este "efecto invisible" de las regulaciones excesivas actúa como una barrera silenciosa pero efectiva contra la innovación y el crecimiento económico.
La proliferación de normativas no sólo afecta a las empresas existentes, sino que también sofoca el espíritu emprendedor desde su origen. El estudio mencionado demuestra que las industrias más reguladas experimentan una menor entrada de nuevos competidores cada año, lo que a largo plazo erosiona el dinamismo económico y la competitividad.
Esta barrera regulatoria impide que información valiosa sobre el entorno económico local -como el nivel de demanda, la disponibilidad de financiamiento y la calidad de la fuerza laboral- llegue a futuros emprendedores.
Al obstaculizar tanto los éxitos como los fracasos empresariales visibles, las regulaciones excesivas privan a la economía de las lecciones cruciales que estos proporcionan, perpetuando un ciclo de estancamiento e ineficiencia que va en detrimento del progreso económico y la innovación.
A su vez, una reciente investigación del Cato Institute, centrada en Francia, ha revelado que la regulación laboral tiene profundas implicaciones en la capacidad innovadora de las empresas y, por ende, en el crecimiento económico a largo plazo. Las regulaciones laborales pueden actuar como un freno significativo a la innovación, especialmente cuando se aplican de manera escalonada según el tamaño de la empresa.
Este efecto es particularmente pronunciado en las empresas que se encuentran justo por debajo de los umbrales regulatorios, creando lo que los investigadores denominan un "valle de innovación". La evidencia sugiere que las empresas, anticipando los costos adicionales asociados con cruzar estos umbrales, optan por limitar su crecimiento y su inversión en actividades innovadoras.
El impacto de la regulación en la innovación se extiende a lo largo de todo el espectro empresarial, lo que se traduce en una disminución significativa de la tasa de crecimiento anual y del bienestar económico general.
Curiosamente, el impacto varía según el tipo de innovación: mientras que la innovación incremental se ve fuertemente afectada, la innovación radical parece resistir mejor, posiblemente porque las empresas que deciden innovar a pesar de los costos regulatorios optan por "apuntar alto" para justificar el riesgo.
Además, la regulación parece sesgar la innovación hacia tecnologías que reemplazan la mano de obra por automatización, una tendencia que podría tener profundas implicaciones socioeconómicas a largo plazo.
En efecto, la Unión Europea (UE) en su conjunto está comenzando a sufrir las consecuencias del exceso regulatorio, especialmente en el ámbito de la innovación tecnológica. Gigantes tecnológicos como Tesla y Apple están retrasando o incluso reteniendo sus productos y servicios más avanzados en los mercados europeos, temerosos de infringir el complejo marco regulatorio de la UE. Este fenómeno va más allá de ser una mera inconveniencia para los consumidores europeos; afecta directamente la competitividad y la prosperidad futura del continente.
Según el economista español Daniel Lacalle, en su afán regulatorio la UE parece subordinar la innovación a los caprichos burocráticos de funcionarios anclados en paradigmas del pasado. El marco normativo europeo para la tecnología y la innovación se ha vuelto tan lento, ineficiente y oneroso como el de la vieja economía, imponiendo obstáculos bajo el pretexto del normativismo pero ocultando un objetivo más preocupante: el apoyo a sectores de baja productividad mediante la creación de barreras para los de alta productividad.
Argentina se encuentra en un punto de inflexión crucial, donde la adopción del modelo de "innovación sin permiso" podría marcar el comienzo de una nueva era de prosperidad y competitividad global. Este enfoque, acuñado por Adam Thierer, postula que, a menos que exista evidencia contundente de que una invención causará un daño grave a la sociedad, la innovación debe proceder sin impedimentos.
La filosofía reconoce que la cautela excesiva puede ser desastrosa, ya que los intentos de regular preventivamente cada escenario catastrófico a menudo sofocan la realización de los mejores resultados posibles.
Al abrazar este modelo, Argentina podría reducir significativamente su carga regulatoria, creando un entorno donde emprendedores y empresas puedan experimentar e innovar sin temor a infringir normativas excesivamente restrictivas.
Esto no implica abandonar toda supervisión, sino reorientar la regulación hacia principios fundamentales que protejan los derechos esenciales mientras permiten la máxima flexibilidad e innovación. Es un equilibrio delicado, pero uno que podría desencadenar el potencial innovador latente de Argentina, permitiéndole competir más eficazmente en el escenario global. Tal cambio requeriría una transformación profunda en la tradición regulatoria del país, una tarea titánica que el ministro Sturzenegger parece comprender y estar dispuesto a llevar a cabo.