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Muerte de Mildroren Jiménez pasó de accidente a homicidio: su pareja está detenido

Mildroren Jiménez, de 34 años, fue asesinada el 5 de abril en Pozos de Santa Ana, San José, presuntamente por su pareja, quien alegó que el disparo fue accidental.

Mildroren Fabiola Jiménez Chavarría, de 34 años, murió el pasado 5 de abril en Pozos de Santa Ana, San José, en lo que inicialmente se investigó como un accidente con un fusil semiautomático que manipulaba su pareja sentimental, un hombre de apellidos Rodríguez Calderón.

Sin embargo, tras dos meses de pesquisas, en junio la causa tomó otra dirección y desde entonces el sujeto descuenta tres meses prisión preventiva como sospechoso del homicidio de Jiménez, según precisó la Fiscalía, ante consultas de este medio.

En abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que Mildroren estaba de visita en la casa de Rodríguez y que este, aparentemente, sacó un arma AR-15 para mostrársela, pero accidentalmente disparó contra ella, causándole una herida fatal en el rostro. Este tipo de fusiles están prohibidos entre la población civil.

Sin embargo, desde entonces la familia de Mildroren rechazó la versión inicial de un accidente e inició un movimiento para exigir justicia para la mujer, quien dejó una hija de 14 años. Jesús Jiménez, hermano de la víctima y una de las voces principales de la causa, incluso rebatió que la fallecida fuera solo una “amiga” del presunto implicado.

“Eso es mentira. Mi hermana tenía ocho meses saliendo con él y se quedaba con él los fines de semana”, declaró Jesús, quien reveló que Mildroren y Rodríguez se conocieron en un trabajo, pero que ya no laboraban juntos al momento de los hechos. Ella se desempeñaba en servicio al cliente.

Mujer muere por presunto disparo accidental con fusil semiautomático prohibido

La familia no tenía muchos datos sobre la relación entre Jiménez y Rodríguez, ni sobre las presuntas agresiones que ella sufría y que salieron a la luz después de su muerte, cuando Jesús decidió investigar por su cuenta.

El hombre descubrió, a través de amigas de trabajo de Mildroren, que presuntamente Rodríguez la maltrataba física y verbalmente y la obligaba a encontrarse con él. “Ya claramente uno no se cree la historia de que fue un accidente”, había manifestado Jesús en mayo anterior, en declaraciones a La Nación.

Días antes del trágico evento, según el familiar, Mildroren le confesó que quería regresar con el padre de su hija y que bloqueó a Rodríguez en su teléfono. Por lo anterior, Jesús sospecha que el día del disparo, ella fue a Santa Ana a terminar la relación, pero Rodríguez no lo aceptó.

“¿Quién le enseña a alguien un arma apuntando hacia la cara? La historia no tiene sentido”, afirmó.

Mildroren Jiménez fue asesinada el 5 de abril anterior. Dejó una hija de 14 años.

El hermano de la víctima mencionó que nunca sospechó de violencia en la relación de su hermana porque ella le dijo que su pareja “la trataba bien”. Incluso, sabe que semanas antes del disparo, la mujer conoció a los padres del individuo.

Sin embargo, este acercamiento familiar no era mutuo, ya que la familia de Mildroren no conocía al sujeto; según Jesús, la mujer no lo llevaba a su casa para proteger a su hija. “Estamos 99,9% seguros de que eso no fue un accidente. Las cosas que él dice no tienen sentido”, aseguró Jesús.

El allegado reveló que después del disparo, Rodríguez no se contactó con su familia, un comportamiento, a su criterio, incompatible con alguien que hubiera cometido un error tan grave como un disparo accidental.

Los allegados de Mildroren Fabiola Jiménez Chavarría continúan con su lucha por obtener justicia. De hecho, suelen participar en marchas feministas y en contra de la violencia contra la mujer.

Familia y allegados a Mildroren Fabiola Jiménez Chavarría durante una manifestación en contra de la violencia contra la mujer.

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Arma prohibida

El día de los hechos, la Policía Judicial no informó si el presunto implicado contaba con permisos de portación de armas; sin embargo, el fusil AR-15 que le causó la muerte a Mildroren está prohibido en el país según el artículo 25 de la Ley de Armas y Explosivos (7530).

En el mismo marco legislativo, el artículo 89 establece que la posesión de armas prohibidas conlleva una pena de prisión de dos a cinco años. Esta misma sanción se aplica a aquellos individuos que tengan en su posesión armas destinadas exclusivamente para el uso de la Policía.

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