Empresario maderero es acusado de pagar S/1000 por asesinato de Quinto Inuma

Segundo Villalobos Guevara fue detenidos en la región San Martín Por agentes que viajaron desde Lima. Es señalado de ser el autor intelectual de este crimen.

El líder indígena y defensor ambiental. Quinto Inuma Alvarado, era presidente de Santa Rosillo de Yanayacu. Fue asesinado el 29 de noviembre del 2023 cuando retornaba con su familia a esa comunidad nativa. El crimen fue ejecutado por hombres armados, pero planificado presuntamente por una mafia de taladores. El martes 30 de julio, Segundo Villalobos Guevara, el supuesto autor intelectual del asesinato, fue detenido en la región San Martín por agentes policiales que viajaron desde Lima.

Villalobos, empresario maderero, fue ubicado en una vivienda del centro poblado de Leche, distrito de Huimbayoc, provincia y región de San Martín.

Él había sido sindicado por uno de los detenidos como el hombre que financió el crimen. Dijo incluso que habría ofrecido S/ 1.000 para que se eliminara al defensor ambiental. El empresario fue trasladado a Tarapoto y luego conducido a Lima, donde será sometido a rigurosas investigaciones y procedimientos judiciales, además de enfrentar un proceso de prisión preventiva.

Exigen justicia

Kevin Inuma Mandruma, hijo mayor del asesinado líder indígena, expresó su confianza en la justicia y destacó la labor de los agentes policiales.

La lideresa kichwa y primera mujer en dirigir la federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), Marisol García Arigüeño, exigió al gobierno actos inmediatos para realizar la investigación en tono a la muerte de Quinto Inuma.

“Exigimos justicia para nuestros hermanos asesinados y prisión preventiva como muestra de que la población indígena tiene justicia”, dijo la presidenta de esa federación. “No permitiremos ni un asesinato más”, agregó.

“Seguimos con el corazón destrozado, hemos perdido un líder y conservacionista internacional. Pedimos que se continúe con el juicio y se dicte cadena perpetua para los autores del crimen de mi hermano”, dijo Manuel Inuma a La República.

Otros 3 detenidos

Por el crimen de Quinto Inuma el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres de los presuntos autores del homicidio.

Los hermanos Genix Saboya Saboya y Jerly Saboya Saboya, junto con Limber Ríos Ruiz son imputados por el delito de homicidio calificado. Ellos permanecerán en prisión hasta el 3 de agosto de 2025, según confirmó el juez Miguel Quevedo Melgarejo durante la audiencia que se realizó el 26 de febrero.

El magistrado señaló entonces que “no se descarta que detrás de los autores materiales estén organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y al tráfico ilegal de productos forestales maderables”. 

Protección solo en papel

El día del crimen, el líder indígena y varios miembros de su familia retornaban desde Tarapoto a la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Antes, Quinto Inuma había participado de una reunión de defensores ambientales en la ciudad de Pucallpa, Ucayali.

El líder indígena llevaba varios años pidiendo que se concretara la titulación de su comunidad y se enfrentaba a los invasores de tierras, taladores ilegales y personas relacionadas con el narcotráfico.

Debido a las constantes amenazas y agresiones, Inuma fue incluido en el Mecanismo Intersectorial de Protección para los Defensores de Derechos Humanos en febrero de 2021. Este sistema de protección implementado en Perú en el año 2021 no evitó su asesinato.

Genix Saboya, uno de los principales sospechosos, se acogió a la confesión anticipada y dijo haber sido el asesino de Quinto Inuma. También confesó que recibió un pago para que cometiera el crimen.

En su celular se encontró la fotografía del voucher por el depósito de 1000 soles que, según el acusado, habría realizado Segundo Villalobos Guevara, quien ahora está considerado como autor intelectual del crimen.

Van 38 defensores asesinados

Este año, las organizaciones Aidesep y Central Asháninka del Río Ene denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las constantes amenazas que enfrentan los defensores indígenas, producto del narcotráfico y la minería ilegal, y las situaciones de agresión física y persecución que terminan en muerte por los intereses de estas mafias, debido a la lucha frontal contra las actividades ilícitas.

El país perdió a 35 líderes ambientales, comuneros y comuneras de la Amazonía durante el período 2013-2014. A ellos se suman los asesinatos de otros 3 defensores ambientales no indígenas amazónicos.

No solo se enfrentan a asesinatos, amenazas, agresiones y criminalización, sino que terminan siendo desplazados de sus territorios. Esta es una problemática poco visible en la que todavía hay muchos vacíos de información.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus 9 organizaciones regionales de base, son casi 60 líderes ambientales que viven amenazados o están criminalizados.

“La base de datos ahora está en proceso de actualización y hay regiones que aún no nos envían sus informes”, admiten los dirigentes. La lista aumentaría considerablemente.

No tienen protección

En ese contexto, los representantes de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana, durante una audiencia virtual sobre los ataques y criminalización de personas defensoras ambientales en la región, organizado por la CIDH el martes 9 de julio, contaron la poca o nula acción del Gobierno para la protección de sus derechos y la garantía de entornos seguros.

“A los altos niveles de riesgo que enfrentamos, ahora se agrega la criminalización a la que estamos siendo sometidos por nuestra lucha frontal contra las economías ilícitas extractivas que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas", dijo el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Reveló que no solo las mafias del narcotráfico lo han señalado, también el propio Gobierno "mediante un proceso injusto e irregular" desde septiembre de 2023, en una investigación que inicialmente planteaba su detención sin que haya sido debidamente notificado para el ejercicio de su defensa.