La Comunidad Valenciana prohíbe los cajetines para llaves en pisos turísticos y prevé multas de hasta 600.000 euros

El nuevo decreto ley de la Generalitat que regula los pisos turísticos en la Comunidad Valenciana delega en los municipios que lo soliciten la capacidad de limitar por zonas, inspeccionar y multar a los propietarios de estas viviendas que no cumplan la normativa que el Gobierno autonómico aprobará este mismo viernes y entrará en vigor la semana que viene. Entre las principales novedades, además del endurecimiento de las sanciones, cuyo importe repercutirá en las arcas públicas de cada localidad, se prohíbe la colocación de cajetines en las fachadas con códigos para obtener las llaves y se obliga a los dueños a ofrecer un servicio de recepción , puesto que también tendrán que identificar a todos los huéspedes. Con ello se quiere hacer frente al aumento descontrolado de este tipo de alojamientos. Según datos ofrecidos por la Generalitat, frente a las 38.319 registradas al finalizar 2015, el pasado 15 de julio se contabilizaban 105.111 casas turísticas en la región. Las viviendas tendrán hasta el 31 de diciembre para comunicar su referencia catastral o serán dadas de baja en el registro. Además, para obtener autorización por parte de la Administración autonómica se deberán renovar cada cinco años las declaraciones responsables. En ese sentido, los nuevos pisos deberán certificar que la comunidad de propietarios en la que se ubican no prohíbe su apertura. Asimismo, para evitar la especulación, la licencia irá ligada al titular de la vivienda y no al inmueble. El decreto indica que se podrá desalojar a los usuarios que incumplan las normas sin derecho a reembolso e incorpora dos nuevas infracciones: una grave (la negativa de las personas propietarias a facilitar identidad de titulares o documentación) y otra muy grave (el alquiler por habitaciones) con multas de hasta 600.000 euros . Del mismo modo, se aumenta el grado de dos infracciones: una leve pasa a ser grave (la falta de comunicación de forma reglamentaria del cambio de titular), y una grave pasa a ser muy grave (la sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas o cancelación). Los propietarios de los pisos -y no solo quienes los comercializan- pasan a ser también responsables subsidiarios respecto a las infracciones que se cometan. Este nuevo texto normativo elaborado con el sector, sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos se ha presentado este jueves en un acto en el Centre del Carme de Valencia. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón , ha defendido que «con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie», al tiempo que ha recordado que esta industria supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunidad Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España. Mazón ha incidido en que el «crecimiento desordenado» de estos apartamentos «genera efectos nocivos», por lo que el decreto llega «a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves». Un problema que afecta a todos los territorios, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que convoque la Conferencia Sectorial de Turismo para establecer «una estrategia común» en el marco de legislación europea. Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes , ha indicado que se establecen tres escenarios entre los diferentes regímenes transitorios. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos en que las obtenían. El segundo régimen transitorio sería para las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor de este decreto ley que mantendrán su inscripción pero tienen un plazo de cinco años para adaptarse a los requisitos de calidad de servici o y en 2030 tendrán que renovar la declaración responsable con la aprobación del nuevo informe de compatibilidad urbanística. El tercer régimen será el de las viviendas autorizadas a partir de la entrada de este nuevo decreto ley, «que será el día siguiente de su implementación en el DOGV, posiblemente la próxima semana», ha indicado la consellera. Así, quedarán inmersas en el nuevo régimen de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada cinco años con la aprobación del informe de incompatibilidad urbanística, así como de certificado vigente de su comunidad de propietarios. De este modo, Montes ha explicado que, si durante este periodo de cinco años la comunidad de vecinos quisiera cambiar sus estatutos en ese sentido, el inmueble podría quedar excluido del tránsito turístico.