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El colegio de lujo que abrió sin licencia en el Hospitalillo de Chamberí todavía elude la multa del Gobierno de Almeida

La escuela internacional de élite Brewster Madrid evitó el cierre pese a acometer obras ilegales en un edificio histórico, y ahora posterga la sanción municipal de 100.000 euros al recurrirla en los tribunales

El cierre del colegio de lujo que anunció la Junta de Chamberí por abrir sin licencia se queda en una multa de 100.000 euros

Las obras sin licencia en la escuela de lujo Brewster Madrid siguen sin sanción para este colegio de élite, que primero evitó el cierre y ahora elude una multa de 100.000 euros interpuesta por intervenir sin el permiso municipal oportuno sobre el Hospitalillo de Chamberí. Un edificio histórico y protegido con la condición de Bien de Interés Cultural (BIC), conocido también como Instituto Homeopático y situado en el corazón del distrito, en la calle Eloy Gonzalo.

Fuentes oficiales de la propia Brewster Academy International confirman a elDiario.es que la entidad no ha abonado hasta ahora la sanción y maniobra para esquivarla: “La multa está recurrida. Ahora es trabajo del juez asignado decidir al respecto”. Así, el colegio de lujo busca ganar tiempo, pero también reducir o incluso eliminar la sanción interpuesta por el Ayuntamiento de Madrid. Todo dependerá de la decisión del un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

La Agencia de Actividades municipal, dependiente del área de Urbanismo del Consistorio, impuso una infracción “grave” al colegio porque funcionó con un uso dotacional educativo privado que era “incompatible con la normativa urbanística vigente”. La escuela estuvo abierta sin licencia desde el inicio del curso el pasado septiembre y hasta finales de noviembre, debido a que decidió empezar las clases con el plan especial necesario para su puesta en marcha todavía en tramitación: el pleno municipal no lo aprobó hasta el 28 de noviembre de 2023, cuando ya pesaba incluso una orden de cierre sobre el recinto.

La multa impuesta por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida podía ser reducida hasta los 60.000 euros si la entidad infractora reconocía la sanción, pero no fue así y Brewster decidió recurrir en los tribunales. Desde el Ejecutivo municipal, a colación de las preguntas de Somos Chamberí, no se manifiestan en torno al estado de la sanción.

Del cierre a la nada

En noviembre de 2023 tuvo lugar un pleno en la Junta de Chamberí en el que el concejal de distrito, Jaime González Taboada, informó de que las obras ejecutadas en este centro escolar no contaron con el informe preceptivo de la Comisión de Patrimonio, por lo que se iba a fijar una fecha de cierre, que fue finalmente el 11 de diciembre. El edil justificó el margen temporal “porque hay muchos niños y hay que buscarles otros colegios”.

Pero Brewster logró evitar el cierre in extremis, en aquella ocasión también acudiendo a los tribunales. Su objetivo, finalmente cumplido, era que los funcionarios municipales no lograran ejecutar la clausura de las clases por la falta de licencia, una vez que el plan especial ya estaba aprobado.

La oposición acusó al colegio de haber efectuado obras ilegales para adecuar el antiguo Hospitalillo de Chamberí a su nuevo destino antes de que el plan especial fuera aprobado. Sobre este extremo no se acabó comunicando finalmente ninguna sanción. Brewster intervino sobre un jardín protegido, taló parte del arbolado para instalar aparcamientos y reformó radicalmente los interiores de esta construcción protegida.

La multa llegó después de que el PSOE municipal alertara sobre estos incumplimientos. “Me congratula ver que las infracciones urbanísticas se están sancionando”, declaró a Somos Chamberí el concejal socialista que se encargó de denunciarlo, Antonio Giraldo. “Lamento que, en una sanción que han catalogado como grave, se opte por la horquilla más baja de lo sancionable, en torno a los 60.000-100.000 euros, cuando pueden sancionar con hasta 500.000 o 600.000 euros”, expuso sobre la cuantía fijada.

También se preguntaba Giraldo “cuántos casos que no conocemos no se están sancionando y qué otras infracciones se están cometiendo en otros lugares”. Cree que “la disciplina urbanística en Madrid no funciona muy bien” y que la Comunidad de Madrid “también debe sancionar por haber hecho obras irregulares sobre un Bien de Interés Cultural (BIC), en un edificio tan simbólico de Chamberí”.

Un edificio con polémica

El antiguo Instituto Homeopático y Hospital de San José, donde la Comunidad de Madrid invirtió más de tres millones de euros para su rehabilitación, está ahora gestionado por Brewster Academy Spain S.L. Esta empresa ha instalado en él una escuela de alto standing, en línea con otros centros internacionales de la marca Brewster. No en vano, planean aterrizar también en el lujoso barrio de La Moraleja. Las matrículas anuales van desde los 6.000 euros para alumnado de 3 a 4 años hasta los 22.344 para el último curso (17-18 años).

Pese a carecer de licencia de obras y de un plan especial iniciado, sus impulsores empezaron a buscar alumnos a principios de año. Sin embargo, pronto se comprobó que los plazos eran muy ajustados, debido a que la condición de BIC del edificio obligaba a postergar obras de calado por la necesidad de aprobar el citado plan especial.

La preparación de las aulas exigía algunos trabajos que se desarrollaron durante primavera y verano, según pudo constatar Somos Chamberí. Sus responsables achacaron los retrasos a la “parálisis de la administración”, aunque la tramitación del plan especial fue especialmente ágil en su caso, comparado con otros tiempos administrativos similares en la misma ciudad.

El edificio fue construido entre 1873 y 1878 gracias a una importante suscripción popular de los vecinos de la capital, encabezada por el primer Marqués de Núñez. Un hospital de beneficencia que contribuyó a salvar un cuantioso número de enfermos cuando, a finales del siglo XIX, epidemias de tuberculosis o cólera causaban estragos entre la población de Madrid. Mantuvo su actividad hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936 y su cierre definitivo se produjo en 1980. A ello siguió una agria disputa familiar y nobiliaria por su propiedad, en la que la Justicia acabó dando la razón a María José Fernández Rodríguez, Marquesa de Núñez, que siempre persiguió ceder el inmueble para obtener la máxima rentabilidad de él.

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