Editorial: Disciplina en las aulas
El protocolo del MEP para enfrentar la violencia en escuelas y colegios es insuficiente para atender con eficacia a víctimas y victimarios.
Los actos de abuso y agresión entre estudiantes conmueven al país por el grado de violencia y las gravísimas consecuencias en casos como el de un adolescente de apenas 13 años cuyo testículo fue extirpado a consecuencia de un brutal apretón sufrido a manos de otro alumno. El sadismo de la agresión no sació el deseo de abusar, y cuando volvió al colegio, después de la intervención quirúrgica, la bienvenida consistió en un golpe en la zona afectada, propinado por un amigo del primer agresor.
La solución del sistema educativo fue aislar a la víctima durante dos meses, enviarla a casa a estudiar con fotocopias, pero ni siquiera así quedó completamente a salvo. Cuando transita por la calle, el agresor y sus amigos se burlan del adolescente, y le pusieron un apodo relacionado con sus genitales. Al daño físico permanente, la crueldad de la pandilla añade un dolor moral de consecuencias impredecibles.
Una agresión de esa naturaleza es impensable en un colegio, pero no hay cómo salir del asombro después del golpe recibido al retornar a clases tras la operación. Constatar que sobre esos dos abusos se construyen burlas y apodos para prolongar el martirio rebasa lo imaginable.
La respuesta del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuando se produce, parte de un protocolo que procura la “restauración” en busca de una mejora en la convivencia de los involucrados. Según el documento, “es un momento de oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos y las secuelas que ha generado la situación vivida; expongan sus sentimientos y propongan un plan para restaurar la convivencia”. Además, “es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica el involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de la convivencia, programando medidas para promoverla”.
Pensar en una lesión tan grave como una “oportunidad” para restaurar la convivencia y sensibilizar sobre futuros incidentes no parece una reflexión “restauradora” para la víctima ni garantiza, como en este caso, la interrupción de la cadena de agresiones. Por loables que sean las intenciones, llegar a la “restauración” sobrevolando la imposición de consecuencias disciplinarias razonables y proporcionales no hace bien a la víctima ni al victimario. Tampoco a los espectadores, cómplices de la agresión con su indiferencia. La lección más evidente, en ese caso, es la de la impunidad.
Para empeorar la situación, nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste la “restauración”. El protocolo no precisa acciones específicas y el Departamento de Vida Estudiantil del MEP no ofreció respuesta a las preguntas de este diario. Expertos consultados coinciden en calificar el protocolo de insuficiente. Además, señalan la necesidad de ajustarlo a nuevas circunstancias porque, en palabras de una experimentada orientadora, la situación se tornó “incontrolable” después de la pandemia.
Aparte del protocolo, el MEP puede echar mano del Reglamento de Evaluación de Aprendizaje, con posibilidad de suspender al agresor por 26 días y rebajarle hasta 45 puntos en la nota de conducta. Con mayores de 12 años, puede acudir a la justicia penal juvenil, pero esas medidas raras veces son tomadas. Su inaplicación parece obvia en el caso de comentario porque las agresiones se reiteran y los victimarios lo hacen desde la trinchera de una inquietante seguridad.
Por supuesto, los agresores también son niños y el fin último debe ser su reinserción en el sistema educativo, sin peligro para sus compañeros, pero no sin consecuencias para ellos. Cumplir esa finalidad exige el acompañamiento de especialistas y, también, el ejercicio de potestades disciplinarias. Este último elemento no está tan presente como es deseable en la educación costarricense. Basta conversar con los maestros para entender que se sienten maniatados. Esa comprensión debería ser el primer paso para la aplicación de correctivos.
