Gobierno abandonó proyectos de derechos humanos y mujer en Asamblea
Diputadas califican de vergonzoso y lamentable que el gobierno no convocara ni un solo proyecto de ley, cuando urgen iniciativas para proteger a las mujeres, a los niños y a la población con VIH.
El gobierno abandonó los proyectos sobre derechos humanos y protección de la mujer durante el recién finalizado periodo de sesiones extraordinarias del Congreso.
Entre mayo y julio, lapso en que el Poder Ejecutivo controló la agenda de los diputados, la administración de Rodrigo Chaves no convocó un solo plan para las comisiones que tramitan estos temas, lo que obstaculizó la labor legislativa.
La Comisión de Derechos Humanos, cuyos integrantes tienen una lista de textos prioritarios, no sesionó ni una sola vez en los últimos tres meses, debido a la falta de convocatorias.
La última sesión de este foro se realizó el 25 de abril, según consta en las actas de la Asamblea Legislativa; en ese momento, regían las sesiones ordinarias en que los parlamentarios manejan la agenda.
En el caso de la Comisión de la Mujer, sesionó solo en cuatro ocasiones en el periodo extraordinario, pero no pudo avanzar en su trabajo; solo recibió a tres personas en audiencias. Una de ellas fue la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, quien rechazó la petición de declarar emergencia nacional por los feminicidios.
Según comprobó este medio, el gobierno se negó a convocar una lista de iniciativas de ley solicitadas formalmente por la Comisión de la Mujer a la Presidencia de la República.
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Esta no es la primera vez que el Ejecutivo deja sin trabajar a estos dos foros; la práctica se ha repetido en otras sesiones extraordinarias, donde sus agendas han pasado meses en blanco.
Monserrat Ruiz: ‘Es vergonzoso’
Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, calificó la actitud del gobierno como “lamentable y vergonzosa”.
La verdiblanca argumentó que se requiere la aprobación de proyectos para garantizar derechos a la población con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y para el reconocimiento de identidades trans y de género diverso.
Tampoco fue convocado el expediente 23.230, que busca prevenir toda forma de violencia contra las personas jóvenes. Esta pretende combatir el aumento del bullying en colegios, garantizando espacios seguros para adolescentes, por ejemplo.
Otra de las iniciativas que trabaja este foro, y que siempre queda congelada cuando el gobierno asume la agenda, es la que prohibiría las terapias de conversión.
“Costa Rica atraviesa una crisis social, que se manifiesta en las alarmantes cifras de violencia de género y violencia contra la niñez. En la Comisión de Derechos Humanos, hay una serie de proyectos de ley para fortalecer la prevención, llevar inversión social a las poblaciones que más lo necesitan, construir una economía de los cuidados y reconocer derechos a poblaciones históricamente discriminadas”, lamentó Ruiz.
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“El tema de derechos humanos debe ser del máximo interés en la política pública, porque se trata de generar igualdad de oportunidades para todas las personas en nuestro país”, agregó la legisladora.
El gobierno tiene dos periodos de sesiones extraordinarias por cada año legislativo; uno va de mayo a julio y el otro, de noviembre a enero. En los otros seis meses, la agenda la definen los parlamentarios.
Gobierno ignora peticiones de Comisión de la Mujer
El periodo de sesiones extraordinarias recién culminado es el tercero consecutivo en el que la Presidencia no convoca proyectos de la Comisión de la Mujer. Entre noviembre del 2023 y enero del 2024, este foro no celebró una sola sesión por falta de iniciativa del Ejecutivo. En las extraordinarias de mayo a julio de 2023, ocurrió lo mismo.
Carolina Delgado, legisladora del PLN y presidenta del foro, lamentó que se frenaran planes como la reforma al artículo 36 de la Constitución Política (expediente 23.729) para proteger a quienes han sido violadas por familiares, incluyendo a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
Además, quedó congelado una reforma al Código Penal que, en delitos sexuales, permitiría a las autoridades recibir un anticipo jurisdiccional de la prueba (expediente 23.364). Este procedimiento habilita tomar una declaración que, debido a obstáculos insuperables, no se puede obtener durante el juicio. También, se aplica cuando la complejidad de un caso plantea la posibilidad de que un testigo olvide detalles esenciales o cuando se trata de personas que deben abandonar el país.
Según Delgado, la razón por la que este órgano se paraliza en extraordinarias no es la falta de voluntad legislativa. Para este periodo extraordinario recién finalizado, la presidencia del foro envió al gobierno una lista de proyectos que contaba con el apoyo de los miembros de la comisión, para que fueran convocados mediante decreto.
El oficio, enviado el 18 de junio al Ministerio de la Presidencia, remitió una lista de expedientes enfocados en prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.
“Presidencia notificó a la Comisión que los proyectos que habíamos solicitado no fueron convocados y que iban a ser analizados, pero nunca llegó la convocatoria, a pesar de la solicitud aprobada en el plenario. Es una lástima que hayamos perdido todo el periodo extraordinario sin poder avanzar en proyectos que son vitales para las mujeres y su seguridad. Esta falta de acción es aún más preocupante dado el aumento de femicidios en el país. No se convocó ni un solo proyecto, lo cual es inaceptable”, subrayó Delgado.
El 11 de julio, la presidenta de la comisión recibió una misiva de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, quien respondió con un recibido e indicó que estaban siendo analizados junto al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) para valorar si eran procedentes. Finalmente, nunca fueron incluidos dentro de las convocatorias.
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