La Junta pide resolver la infrafinanciación andaluza tras el informe de Fedea y el CSIC

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha vuelto a rechazar una financiación singular para Cataluña, ya que «rompe el principio de solidaridad interterritorial» y el principio de solidaridad interpersonal«. »Una persona por el hecho de vivir en una comunidad autónoma va a tener peores servicios que otra«, ha señalado para también pedir que se acabe con la infrafinanciación en Andalucía. Tras subrayar «el esfuerzo constante» del Gobierno de Andalucía para impulsar nuevos programas que favorezcan el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas, ha señalado que este podría ser mayor «si el Gobierno de España acabase con la «infrafinanciación que sufre nuestra Comunidad en materia de políticas activas de empleo frente al resto de regiones«. La consejera ha recordado que los fondos estatales para financiar estas políticas equivalen en la actualidad a «tan solo 634 euros por cada desempleado andaluz, frente a los 1.200 que recibe Cataluña o los 2.300 que percibe Baleares«. »Esto es lo que vale para el Gobierno de España un desempleado andaluz y lo que vale el resto«, ha insistido. Un agravio a Andalucía que, según ha denunciado, puede acentuarse aún más con la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica para Cataluña anunciado por el Gobierno de España. La consejera de Empleo advierte de que se trata de «una voladura del sistema de financiación autonómica» que «no sólo supone la ruptura del principio de solidaridad interterritorial, sino también del principio de solidaridad interpersonal, porque una persona por el hecho de vivir en una comunidad autónoma va a tener peores servicios que otra». Frente a ese desequilibrio, Blanco ha subrayado que «los impuestos los pagan las personas, no los territorios» , y ha alertado de que el nuevo modelo que propone el Gobierno de España supondrá «una merma de más de 30.000 millones de euros en la financiación» del conjunto de las comunidades autónomas. «Los ciudadanos andaluces no pueden tener peor trato en el acceso a servicios fundamentales que el resto de España», ha concluido.